El Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aries tiene, más de lo que quisiera, pedidos de desafueros por parte de funcionarios judiciales, que instruyen diversas causas que, para bien o para mal, casi nunca llegan a los recintos y que cuando lo han logrado fueron rechazados.

En primer lugar, el Poder Legislativo entendió históricamente que el desafuero no es algo que le corresponde disponer al legislador sino al Cuerpo en su conjunto, de la respectiva Cámara, en principio.

Como antecedente, el único caso de desafuero que se registra en la Legislatura bonaerense, fue acordado con un sentido práctico, para proteger a un legislador, para que no fuera ajusticiado por “mano propia” por sus pares tras haber cometido un asesinato en los jardines de invierno del propio palacio. Fue en otros tiempos y allá lejos, en la década del ’30.

Con esa excepción que confirma la regla, los demás pedidos de desafueros, desde que se iniciara el último e ininterrumpido período democrático, que llegaron a ser solicitados, en ambas Cámaras, por distintos motivos, nunca prosperaron; los Cuerpos siempre negaron con “indiferencia” las solicitudes judiciales, nunca las trataron en recinto.

Empero, también hay una excepción que confirma la regla, que fue un “autopedido” de desafuero. En 2008 el diputado de la Coalición Cívica, el lilito Abel Miguel solicitó en el recinto que “se trate sobre tablas” su propio desafuero para poder presentarse en un juicio que se le seguía por enriquecimiento ilícito.

Sin expedirse en la cuestión de fondo, los diputados de entonces, en votación dividida, rechazaron la moción propuesta por el diputado de Junín, el tratamiento del proyecto, que necesita los dos tercios de los presentes, una mayoría agravada requería el principio del trámite legislativo.

Entre los pedidos de desafueros de “famosos” están los pedidos hacia Hugo Moyano, Luis D’Elías, o más recientemente del mismísimo presidente de la Cámara de Diputados, el diputado macrista Manuel Mosca. En rigor, ninguno de los diputados mencionados, luego que perdieron los fueros fueron condenados en las causas que se tramitaron esos desafueros.

La oportuna mirada mediática que opera sobre la legislatura bonaerense a partir del denominado caso “Chocolate Rigau”, que presupone una supuesta práctica fraudulenta en la institución republicana, en principio afectó a la Cámara de Diputados.

Pero, por lo pronto no involucra a ningún diputado hasta el momento, aunque poco a poco, las sospechas se fueron trasladando a la Cámara de Senadores, donde tampoco por el momento involucra a senador alguno.

“Una arrepentida”, ex cuñada de una senadora que tramitaba un divorcio con el hermano de la arrepentida, acusa de defraudación a una senadora, con el mismo modus operandi que las practicas imperantes en el caso “Chocolate”, pero con la diferencia que aquí hay una legisladora directamente involucrado.

Es en este contexto es que se empieza a instalar el debate sobre cómo actuar, en el presente, antes las requisitorias judiciales en procesos que involucran a legisladores que entrarían en tensión con la posición expresada en reitaradas oportunidades, que se corresponde con la esencia del “fuero legislativo”, que en sus orígenes estaba relacionado con la noción de poder desarrollan con total libertad su cargo de diputado o senador, que incluía la libertad de expresión del legislador y no ser arrestado por ello.

Es decir, limitaba el accionar de la Justicia ante posibles delitos de acción u opinión que el legislador podía hacer en relación a la responsabilidad conferida por el cargo.

Algunos estiman que en los casos de la actualidad hay una particularidad, se trata de delitos de gestión administrativa durante el propio mandato, aunque no todos consideran que se trata de una novedad.

“Desde un primer momento (mediados de 2021) me he presentado ante la justicia a fin de estar a disposición de la misma, en el marco del texto legal y constitucional, no sólo para aclarar las cosas, sino también para hacer valer mis inalienables derechos”, dijo la senadora del bloque UCR Cambio Federal Flavia Delmonte al momento de tomar trascendencia mediática, por estos días, los hechos denunciados en 2021 y detalló que “la solicitud de desafuero no ingresó a la Cámara de Senadores, ya que se encuentra en trámite en el juzgado correspondiente atendiendo a los plazos procesales de ritual”.

Pero más allá del caso Delmonte, el tema se magnifica por lo que podría proporcionar el “caso Chocolate” y su primera ramificación, la causa conexa de Muguerza/Ortellado que se conecta con el bloque del PRO, cuando era Juntos por el Cambio, es decir conformaban alianza con la UCR, la CC-ARI y otros aliados, en el Senado.

Por lo tanto, hay muchos dimes y diretes en torno a la postura histórica de rechazar los pedidos de desafuero sin más, pues algunos legisladores son partidarios de que deberían ser considerados en el recinto y eventualmente ser aprobados o no.

Ese pequeño movimiento, la idea de considerar el pedido de desafuero en los recintos, no necesariamente para otorgarlo, que mueve la posición histórica de los legisladores, puede tener consecuencias impredecibles, porque los fueros pasarían a ser relativos, ya sea para casos de corrupción o de cualquier otra índole y podrían perderlo cualquier legislador en cualquier momento, y acto seguido ser privado de su libertad.

Por ello, mientras algunos legisladores creen que habría que considerar los pedidos de la Justicia, otros se preguntan ¿para qué? entienden que si se da ese paso quedan todos “a tiro” de desafuero, por simple mayoría de los presentes en el recinto al tiempo que se considere.

También existen quienes consideran que la Justicia abusa de los pedidos de desafuero porque sabe que en la legislatura no los facilitan, pero que ni siquiera los tratan públicamente, algo que cambiaría si se los consideraran en sesión pública.