En el marco de las medidas implementadas por las nuevas autoridades de la Cámara de Senadores, encabezada por la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, fueron dadas de baja dos comisiones especiales. Una de ellas es la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas, que la titular de la Cámara alta caducó a través del decreto 12/24.

Se trata de una comisión que fue presidida por la extitular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la exsenadora rionegrina Magdalena Odarda, que solo registra dos reuniones: el 13 de julio de 2017 y el 30 de noviembre de ese mismo año.

Muy molesta por la decisión se mostró la senadora de Unión por la Patria Nora del Valle Giménez, quien expresó su “enérgico rechazo a la decisión de la vicepresidenta de la Nación”, recordando sobre esa comisión que “fue la primera vez en la historia nacional que los pueblos originarios tenían una comisión dentro de la Cámara alta nacional para hacer conocer su problemática y demandar soluciones”.

“Su rol era, sobre todo, hacer cumplir la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 17 (incluido en la reforma de 1994), que reconoce a las comunidades la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que habitan desde tiempos ancestrales”, agregó la senadora salteña.

Asimismo, Giménez expresó: “El Congreso ya había aprobado en noviembre de 2006 la Ley 26.160 de Emergencia Territorial de las comunidades Indígenas Originarias, que suspendió los remates y desalojos de esos pueblos, y puso en marcha un Relevamiento Territorial en todo el país para identificar a las comunidades y las tierras que ocupan. La ley fue prorrogada varias veces y hoy se encuentra vigente. El único proyecto legislativo para derogar esa ley fue presentada justamente por Victoria Villarruel cuando fue diputada, y tenía como único cofirmante al actual presidente Javier Milei”, detalló la senadora.

Por último, la legisladora aseguró que “sin la Comisión en el Senado y con la pretensión de derogar la Ley 26.160, los pueblos originarios están en evidente peligro. Las ideas de Villarruel y Milei pretenden llevarnos al punto anterior a la aprobación de la reforma constitucional y la ley, es decir, con decenas de comunidades en riesgo de ser desalojadas y abandonadas a su suerte por acción de los grandes terratenientes. Quieren, en definitiva, reeditar en pleno siglo XXI una nueva Campaña del Desierto”, sentenció.