Fue en el marco de una reunión informativa de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior. En primer lugar, expusieron en el marco de la primera comisión. Luego, se realizó una conjunta con Seguridad Interior para ahondar en la temática.
La Comisión de Legislación Penal, que preside la diputada nacional cordobesa Laura Rodríguez Machado, del Pro, recibió este miércoles a diferentes actores de la materia para debatir sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.
El primero en exponer fue Martín Monedero, abogado especialista en Derecho Penal y miembro del Centro de Filosofía del Derecho Penal, quien brindó detalles de un par de casos de homicidios para afirmar que son el punto de partida legítimo para discutir acerca de “la profunda crisis de inseguridad ciudadana en que nos encontramos”.
Asimismo, valoró el hecho que “el Congreso de la Nación muestra la firme voluntad de darle a los jueces las herramientas legales necesarias para contribuir a solucionar esta crisis, respetando con equidad tanto los derechos de las víctimas como de los imputados; estas son buenas razones para aprobar el proyecto de ley denominado de reiterancia”, ponderó.
María Cecilia Vanicich, fiscal General del Ministerio Publico de la Acusación de la provincia de Santa Fe, informó cuál es la situación de criminalidad de Rosario y del Gran Rosario y también hizo un señalamiento con respecto a la visión institucional de su organismo en relación al proyecto denominado antimafias. “Toda herramienta legal que fortalezca y abone para este trabajo coordinado, por supuesto que es bienvenido y necesario”, señaló.
Luego, Guillermo Todarello, defensor Público Oficial Adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Cárceles de la defensoría de la Nación, quien expuso sobre los proyectos de ley antimafias, para el cual propuso darle un enfoque constitucional, y del proyecto sobre reiterancia/reincidencia. “Este tipo de legislación lo que va a provocar, de manera inevitable, es el aumento indiscriminado de personas detenidas”, soslayó.
Juan Segundo Pavez Laciar, hermano de Blas Correa, víctima de violencia institucional, que fue asesinado el 6 de agosto de 2020 por funcionarios de la policía de Córdoba. “La ´Ley Blas´ viene a agravar las penas por los delitos de tenencia y portación ilegal de armas de fuego cometidos por miembros de la policía o de fuerzas policías”, explicó al tiempo que subrayó: “Nuestra lucha no es contra la policía, sino más bien contra los malos policías y contra las prácticas indebidas, que hay muchas”.
También, expusieron José Ruiz Díaz, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); Gabriela Ríos, hija de Jorge Ríos, jubilado que de 71 años que actuó en legítima defensa; Diana Cohen Agrest, filósofa, fundadora de la Asociación Usina de Justicia; Miguel Ángel Robles, docente experto en Área Criminología y Ciencias de la Seguridad, provincia de Córdoba; David Martínez, víctima de amenazas y daños a sus bienes en la ciudad de Rosario; Pedro Biscay, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INCECIP); y el doctor Leandro Halperin, docente titular a cargo de la materia Principios de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional.
Plenario de comisiones
Luego, se llevó a cabo una reunión conjunta entre Legislación Penal y la Comisión de Seguridad Interior, la cual está presidida por el diputado nacional santafesino Alejandro Bongiovanni, del Pro. Allí, los invitados brindaron detalles de la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
En primer término, Manuel Garrido, exdiputado nacional y titular de La Asociación Innocence Project Argentina, explicó que “desde 1989 se contabilizaron más de 375 condenas revocadas en virtud de la utilización de las pruebas de ADN”. En ese sentido, manifestó que “el Banco es muy útil y poderoso para investigar delitos y, también, para aclarar situaciones de inocencia”.
En otro orden, Garrido les solicitó a los legisladores que “ponderen las cuestiones que están en juego: la utilidad de la herramienta y, por otro lado, la intensidad y proporcionalidad de la afectación de los derechos de las personas, cuya información genética se agrega al Banco”. “El Congreso tiene que tomar una decisión muy delicada, cuál es el equilibrio que deben existir entre esas dos cuestiones que están en pugna”, expresó.
Luego, hizo uso de la palabra Silvia Martínez, defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Nº 8, y Defensora Publica Interamericana. “Siempre que hablamos de registro de datos genéticos estamos entrando en intromisiones en el derecho a la privacidad de las personas, las cuales tienen que ser reguladas estrictamente bajo ciertas condiciones para evitar litigios eternos”, resaltó.
En tanto, habló Eduardo Luis Salva Calcagno, presidente de Digifirma Argentina SA, que expuso sobre los datos técnicos de cómo funciona el ADN de contacto. Guillermo Bargna, miembro del Observatorio de Víctimas de la Honorable Cámara de Diputados, y padre de Soledad Bargna, asesinada en un intento de violación en mayo de 2009, quien hizo hincapié en que “esta no es una cuestión de partidos políticos, sino que nos atañe a todos como sociedad y con la necesidad de su implementación a todos los delitos”.
A continuación, Isabel Yaconis, titular de la asociación Madres del Dolor y madre de Lucila Yaconis, que se refirió al caso de violación seguido de muerte de su hija en abril de 2003, crimen que continúa impune. “Soy una mamá, somos víctimas, y acompaño a víctimas de delitos sexuales, y les puedo asegurar que todavía falta mucho”, reveló.
Además, brindó su testimonio el doctor Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia de la provincia de Mendoza y presidente del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, quien hizo referencia a la ley aprobada en 2016 en su provincia, que comparte el eje y el espíritu del proyecto que está en debate. “Hoy en día en la base de datos hay 85 mil registros, lo que hace un poco más del 4% de la población, lo que hace la base de datos más grande de Latinoamérica”, especificó.
Por último, Miguel Marino, doctor en Genética y Especialista en Genética Forense. “El espíritu de la ley la comparto, más que nada por la efectividad que pueda llegar a tener una ley de este tipo en la resolución de casos”, enunció y, en la misma línea, agregó: “Estoy de acuerdo con tener muchísimo cuidado en el tratamiento del dato, porque sirve para llegar a condena e investigaciones mejores, pero también sirve para absolución”.