Con la presencia del secretario de Energía del Ministerio de Economía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el titular de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la cartera de Capital Humano, Julio Cordero, continuó este miércoles el debate en el plenario de comisiones de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

En la reanudación de esta reunión de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, el primero en hacer uso de la palabra fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien se refirió a la reforma laboral. Habló de la generación de empleo en la Argentina y la necesidad de “dar seguridad jurídica a los contratos, sean autónomos o de relación de dependencia”. Agregó que “nos mueve en este sentido la necesidad de entender que el derecho tiene que aplicarse en la realidad. El derecho es la cosa justa, que suceda en la realidad”.

Sostuvo que la que se ha puesto en debate es “una normativa de consenso”, y habló de “garantizar el derecho al trabajo”. Ello se garantiza, dijo, “en la seguridad de que alguien lo quiera contratar” al trabajador.

Luego fue el turno de Eduardo Rodríguez Chirillo, quien ya tuvo un paso muy activo por los plenarios de comisiones de la Cámara baja, cuando se trató allí dos veces la ley de Bases. El secretario de Energía explicó la situación en que se encontraba el sector a la hora de redactar la ley, pues de lo contrario “cuesta más entender porqué se trata en el capítulo de Energía cuestiones referidas a temas muy distintos”.

El funcionario explicó que en 2023, y en los últimos diez años, la balanza comercial energética daba una pérdida de 30 mil millones de dólares, un resultado que consideró no casual. “Desde hace dos décadas que se viene trabajando de un modo determinado”, dijo, aclarando que lo suyo no eran juicios de valor, sino que se basaba en datos.

“En ambos sectores, tanto en gas como en electricidad, teníamos un tema acuciante que era el tema de tarifas. Tuvimos que hacer una recomposición y una reasignación de subsidios. Pero en materia de electricidad, en generación encontramos situaciones muy particulares, donde los precios de generación de electricidad son muy elevados. Y que son contratos dolarizados elevados, celebrados en un momento donde el país tenía un riesgo país elevado, alta inflación y al durar muchos años los seguiremos pagando durante los próximos años, y es uno de los temas a revertir”, advirtió.

Rodríguez Chirillo sostuvo que “la generación que se encuentra instalada no funciona correctamente en su totalidad y se acerca mucho a la demanda máxima, que a veces crece de modo tal que hemos tenido que agotar en el verano todos los puntos de conexión para traer energía de todos los países vecinos”.

A esto se suma que la tarifa, en diciembre de 2023 solo cubría el 40% del costo total del servicio, aseguró. En ese sentido, agregó que “durante estas últimas dos décadas se ha decidido de una manera progresiva que el modelo que funcionaba anteriormente se dejaba de lado y se instalaba un modelo que funcionaba muy en tándem entre el Estado nacional y Camesa, donde se planificaban y ejecutaban todas las decisiones”.

En gas pasaba algo parecido, explicó. Con una ausencia de señales del mercado para alentar inversiones, en el que el Estado pretendió aumentar la producción a través de distintos tipos de contratos, dijo. “Con precios que en su momento quizá eran los que correspondían y hoy son precios muy altos y muy caros que tiene que pagar la demanda.

Adicionalmente importábamos gas de Bolivia a un precio más alto y adquiríamos barcos con gas natural licuado, y se vendía acá a un precio más barato”, señaló Rodríguez Chirillo, que puntualizó también que “los cuadros tarifarios tampoco reflejaban el precio del servicio y las inversiones estatales no llegaban a tiempo, eran costosas pero no llegaban a tiempo”. Puso el ejemplo del Gasoducto Néstor Kircher, que estimó “podría haber estado 4 años antes”.

El secretario de Energía habló de objetivos como priorizar la autosuficiencia económica y financiera del sistema. “Significa que la tarifa refleja el costo del servicio sin que el subsidio se involucre respecto de la tarifa –señaló-. La tarifa no refleja lo que la gente puede pagar, sino que tiene un costo determinado. Luego el subsidio va a estar en relación a la capacidad de pago que tiene la gente”.

El segundo objetivo es normalizar los mercados, contó. “En el caso del gas, se pasa de un modelo que deja el autoabastecimiento interno y la soberanía energética como principio general para la explotación del gas, para pasar a ser un país exportador”, sostuvo el funcionario, que habló entonces de la necesidad de modificar la Ley de Hidrocarburos, donde “se trata de aprovechar la ventana de oportunidad que tenemos para explotar nuestras riquezas”. Al respecto recordó que “en 2050 no se va a explotar más ni petróleo ni gas, por tanto la ley (vigente), que es del año 60 y que ha funcionado durante muchos años, la hemos aggiornado a los momentos actuales para maximizar la renta, maximizando las condiciones a suministro interno”.

Explicó que el cambio sustancial es que “las empresas, los operadores, no tienen que pedir un permiso que le otorgue la Secretaría de Energía de una manera precaria, y se transforma en un derecho que tienen las empresas a poder exportar. Si generan un costo interno, se tienen que hacer cargo del mismo”.

Rodríguez Chirillo adelantó que en materia de electricidad, el ambio de modelo establece que las responsabilidades pasan a ser de la oferta y la demanda. “Camesa deja de hacer contratos con los generadores, quienes los harán con los distribuidores, que tienen la capacidad económica a través de la tarifa para pagar los contratos de los generadores”.

El tercero de los objetivos es cambiar el esquema de inversión pública por inversión privada, agregó. La propia Ley de Hidrocarburos lo permite, pero hay otros incentivos, como el RIGI, o la iniciativa privada para infraestructura u obra pública.

Con la nueva ley se propone modificar en favor de las provincias un mejoramiento en las regalías, que antes se pagaban en pesos fijos y ahora se pagan en relación con una cantidad de barriles, conforme esté el precio del barril, entonces la regalía sube.

Sobre el final de su exposición comentó que en el futuro los usuarios podrán elegir el tipo de distribuidor energético que los abastezca, lo que provocó la reacción del senador Carlos Linares, quien planteó que en el interior no hay oferentes, sino un solo proveedor. “Va a haber comercializadores que van a contratar a la red correspondiente, y habrá una empresa que hará un contrato con la gente”, respondió el funcionario.

“¿En la Patagonia va a haber competencia?”, planteó el senador chubutense de UP, a lo que Rodríguez Chirillo aclaró que hablaba de los grandes centros urbanos. Tampoco sucede eso con la telefonía, repuso Linares. “Estoy de acuerdo; estoy hablando de los grandes centros urbanos”, insistió el secretario.

Agregó el funcionario que “se establecerá que el generador comprará su propio combustible, no como desde 2013m que Camesa se encarga de eso, y se va a crear un mercado competitivo. También proponemos la unificación de los entes. Hace 30 años uno podía entender que la electricidad y el gas requerían distintas regulaciones. El tiempo y la experiencia internacional muestran que la energía se convirtió en un tema que está en la agenda del clima. Y la energía es electricidad y gas, no podemos seguir teniendo distintos entes par aun mismo tema”, concluyó.

La política nuclear

En su intervención, la senadora Anabel Fernández Sagasti arrancó dando su opinión respecto del plan del gobierno de Javier Milei. Tiene que ver con la flexibilización tributaria, laboral y ambiental. Lamentablemente no nos equivocamos y este es el camino que está tomando el Gobierno nacional”, señaló.

La senadora mendocina preguntó puntualmente por la política nuclear del Gobierno, e hizo un planteo sobre la interrupción de la construcción del reactor nuclear Carem. Rodríguez Chirillo anunció que se continuará con las centrales nucleares. Sobre el Carem, detalló que está construido en un 63% y que se planea su terminación para el año 2028.

El problema que tiene ese reactor, dijo el funcionario, es que el mismo requiere casi 200 millones de dólares anuales, y remarcó que “no es un monto menor”. “Todavía no está el modelo económico por el cual se pueda explotar el Carem”, observó, señalando que el Gobierno está buscando que haya un modelo económico donde haya un interesado.

“Va a tener que terminarse con un poco de fondos privados y públicos. Sin saber para qué se va a explotar, si se consiguen fondos privados y gente interesada en decir que ‘cuando se termine yo quiero un modelo para poder explotarlo’, perfecto”, concluyó.

Ante la consulta sobre si se busca privilegiar el abastecimiento interno o la exportación, Rodríguez Chirillo aclaró que “no hay una prioridad de la exportación sobre el abastecimiento interno. Lo importante es la balanza energética, que de positiva”. Agregó que “lo que se cambia como mecanismo ese que antes se había optado por el autoabastecimiento interno, pero no lo alcanzábamos tan fácil; tan es así que tuvimos que importar gas de Bolivia y traer barcos gasificadores”.

En otro pasaje, el secretario de Energía dijo que “no se está proponiendo volver a lo de (Carlos) Menem, me parece que el sector energético cambió muchísimo desde hace 30 años para acá. La transición energética a mí me parece un tema central; las energías renovables, el hidrógeno verde, hay un montón de temas que tenemos el reto como país para volver a desarrollar. Entonces, decir que esto es volver al modelo de Menem me parecería un error”.