La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatió este miércoles sobre los proyectos de fórmula de movilidad jubilatoria, pero la firma final de los dictámenes se retrasó una semana más. A pesar de que los despachos ya habían sido suscriptos en Previsión y Seguridad Social, se decidió que el próximo 15 de mayo a las 14 se hará un plenario de ambas comisiones y se terminará de completar el trámite. 

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión, José Luis Espert, detalló el costo fiscal de los cuatro dictámenes que salieron de Previsión y Seguridad Social, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, a la que además le pedirá un nuevo estudio sobre una propuesta del Pro. El oficialista señaló que el costo fiscal de las medidas tomadas por el DNU en relación a la fórmula de movilidad es de 7,14 puntos del PBI. “Ya el DNU tiene un costo fiscal del 0,31%. Si hay más gasto fiscal, respecto de la Ley 27.609, ya hay mejora de las jubilaciones”, dijo. 

En tanto, precisó que el costo fiscal del dictamen de Unión por la Patria se estima en 9 puntos del producto; el de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica en 7,57 puntos del PBI; el de La Libertad Avanza, “que lo que hace es poner en letra de ley el DNU”, un 0,31 puntos del producto; y para el dictamen del Frente de Izquierda se estima un costo fiscal de 21,5 puntos del producto. 

“Para el oficialismo el déficit cero no es un capricho, sino un tema central para terminar con el peor impuesto” que es la inflación, aseveró el legislador de La Libertad Avanza, al defender los cambios realizados por el Poder Ejecutivo. 

A continuación, la diputada del Pro María Eugenia Vidal dijo: “Nosotros creemos que el DNU va en el camino correcto”. Al reconocer los reclamos que había por el empalme con la inflación de enero (20,6%) y la recomposición otorgada en abril por el Gobierno en el DNU (8,5%), explicó que “el 8% pendiente del mes de enero lo incorporamos como recomposición, pero entendiendo los problemas fiscales que enfrenta el Gobierno y la necesidad de lograr el déficit cero, le damos la posibilidad al Gobierno de que pueda pagarlo en un plazo de hasta 12 cuotas”, expresó, lo que provocó el murmullo. 

Desde Hacemos Coalición Federal, el diputado Nicolás Massot entendió la necesidad de “plantear estos debates con correspondencia fiscal” y consideró que “no debería ser más una cuestión ideológica que empecemos a legislar con la conciencia acabada de los gastos”. 

“Tenemos una porción significativa del PBI en regímenes de alícuota diferenciada. Dicho de otra manera, si todo el mundo pagara las mismas alícuotas de impuesto, la Argentina hoy tendría 2,5 puntos de superávit fiscal, sin ajuste a los jubilados, sin pisar gastos y nada”, resaltó y propuso que se analice el gasto tributario argentino. 

Al tomar la palabra, la libertaria Juliana Santillán defendió que el DNU “vino a dar una rápida y urgente respuesta a la pérdida del poder adquisitivo” de los jubilados, porque “la fórmula anterior sumergió a los jubilados en las penumbras de la pobreza”. “Nuestro Gobierno ha recibido la peor herencia de la que se tenga memoria”, enfatizó y reprochó que “ estamos con las maniobras de las moratorias desde 2005”. 

“Llevaron a la emergencia al sistema previsional argentino. En 2022 el déficit previsional de la ANSeS presentó 2,8 del PBI”, apuntó y habló de que el sistema presenta “deficiencias de tres áreas claves: sostenibilidad financiera, cobertura y nivel de prestaciones”. “Por eso nos debemos un debate integral de régimen previsional en Argentina, que seguro va a ocurrir en los próximos meses y lo vamos a dar cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto, en el cual ya se está trabajando”, anunció la oficialista.  

Presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning, señaló que “el sistema previsional necesita correcciones para dotarlo de previsibilidad, pero esas correcciones no deben influir en la capacidad del poder de compra de los haberes jubilatorios. Una movilidad no es igual a la recomposición de los haberes, con lo cual hay que dotar de herramientas para reparar lo que los haberes jubilatorios se deterioraron en todos estos años”. 

Al defender el dictamen de la UCR, HCF y CC, aseguró: “Es un dictamen muy serio, que debe ser tenido en cuenta, totalmente atendible, y si no lo quieren tomar como ese ahorro que se ha hecho el Estado, pueden tomar otras variables como exenciones impositivas o ingresos que pierde el Estado por tratamientos impositivos diferenciales con lo que se podría pagar lo que estamos incrementando a los haberes jubilatorios. Estamos hablando de prioridades. ¿Qué prioriza el Gobierno? ¿A los jubilados y pensionados o a algunas personas físicas para que no paguen impuestos como todos los ciudadanos?”. 

“Es un proyecto que no es descabellado, no tiene demagogia, sino que es totalmente pagable, y podemos mejorar el deterioro que han tenido los haberes en los últimos tiempos y darles un poquito mejor de calidad de vida” a los jubilados, completó la cordobesa. 

A su turno, el diputado de Unión por la Patria Carlos Heller aclaró: “Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos es enemigos del ajuste como mecanismo para resolverlo. Nosotros no creemos que el déficit fiscal se resuelve con licuadora y motosierra”. Y mencionó la contradicción de la situación de los jubilados con aspectos que plantea la ley de Bases como el blanqueo de capitales o “la fuerte reducción en Bienes Personales beneficiando a las categorías más altas”. 

Durante la reunión, la jefa del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, subrayó que “el FMI viene pidiendo desde hace tiempo que el porcentaje que las jubilaciones representan en el PBI baje y que se termine con la moratoria”. Y reclamó que en este tiempo “pasaron cosas”, al referirse a la media sanción de la ley de Bases, la cual -aseveró- “destruye y desfinancia el sistema jubilatorio”.

En el cierre, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a la importancia de contar con un Presupuesto actualizado: “Necesitamos recuperar las potestades presupuestarias que tiene el Congreso de la Nación”. Y opinó que se debería estar discutiendo una ley de ampliación presupuestaria ante la prórroga del Presupuesto 2023. 

El santafesino cuestionó que el Gobierno “cuando tiene que ajustar no le pide nada a este Congreso, decide solo; y cuando tiene más recursos, como con el impuesto PAIS, también decide solo”. “Nosotros veníamos a dictaminar, basta de jugar con los tiempos, los ingresos de los jubilados no son un chicle”, reclamó.