Buscando dar cumplimiento a uno de los compromisos de campaña del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, la Legislatura porteña realizó un plenario de las comisiones de Justica y de Asuntos Constitucionales para continuar avanzando con el debate por la “Ley de Reiterancia”.

Del encuentro participó el ministro de Justicia del distrito capitalino, Gabino Tapia, para brindar detalles del proyecto que impulsa el Ejecutivo, a través del cual se busca introducir una serie de modificaciones al Código Procesal Penal, y respondió preguntas de los diputados. Estuvo acompañado por otros dos integrantes del Ministerio, Adrián Grassi y Jorge Djivaris.

El plenario estuvo coordinado por la presidenta de la Comisión de Justicia y diputada de la UCR-Evolución (UCR-Ev), Inés Parry, y su par por la Comisión de Asuntos Constitucionales y legislador de Vamos por Más (VxM), Hernán Reyes. Además, contó con la presencia del vicepresidente primero de la Casa, Matías López (VxM), y el resto de los miembros de ambas comisiones.

Durante la presentación, el ministro explicó que el objetivo es que la ley se cumpla y haya seguridad, garantizando los derechos humanos y la constitucionalidad. Detalló que las modificaciones presentadas se basan en tres ejes: el primero prevé la obligación para los jueces penales de comunicar a la Dirección de Migraciones sobre el dictado de ciertos actos procesales sobre personas extranjeras; el segundo incorporar normas especiales concernientes a los allanamientos en urgencia, requisas y secuestro de bienes procedentes de delitos; y el tercero, la figura de reiterancia delictiva.

En ese contexto, los funcionarios profundizaron sobre la importancia de incluir el concepto de la reiterancia, que implica darles una herramienta a los jueces para que aquella persona que vuelve a cometer un delito, en lugar de que atraviese el proceso en libertad, lo haga en la cárcel.

Además, en relación a los extranjeros, señalaron que la iniciativa busca pedirle a los jueces y tribunales que pongan en conocimiento a las autoridades de migraciones la existencia de un proceso contra una persona de otro país para que quienes vienen a la Argentina. El equipo de Justicia agregó que esta modalidad también ayudaría a descomprimir el sistema penitenciario.