Tras un largo debate, que arrancó a fines de marzo, las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados concluyeron este miércoles con los dictámenes en relación a la fórmula de movilidad jubilatoria. Aunque Unión por la Patria junto a la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y bloques federales intentaron arribar a un consenso para lograr un despacho en común, no hubo acuerdo. 

De esta manera, se firmaron un total de cinco dictámenes, siendo el de UP el de mayoría, con 33 firmas. En segundo lugar, el de la UCR, CC, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, con 19 firmas. El tercer despacho, en cantidad de firmas, fue el del oficialismo, con 12 -dos en disidencia de los aliados del MID-. Finalmente, el dictamen del Pro reunió 8 rúbricas y el del Frente de Izquierda, 2. 

Luego del plenario, los radicales, cívicos y federales pidieron formalmente una sesión para debatir el tema en el recinto el próximo 4 de junio. 

Unión por la Patria y este otro sector de la oposición acercaron posiciones respecto de la fórmula de movilidad y la recomposición de los haberes previsionales, pero el acuerdo se trabó en torno al uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El kirchnerismo no quiere tocarlo, mientras que el otro conjunto de bloques propone que con esos fondos se paguen las deudas con las provincias por las cajas no transferidas y los juicios de reajuste con sentencia firme. 

Sobre el cálculo para ajustar los haberes, ambos contemplan el índice IPC y la posibilidad de tomar el RIPTE si es más favorable; también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero; y buscan que ningún jubilado gane menos que lo representa una Canasta Básica Total, aunque UP sube ese piso mínimo un poco más. 

Por su parte, el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”. Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Durante la reunión, la diputada Romina Del Plá (FIT) defendió que el proyecto de su espacio es que el que otorgaría un “verdadero aumento jubilatorio”. “El FMI acaba de felicitar al Gobierno argentino por el sobrecumplimrnto del ajuste y las metas”, señaló, las cuales opinó se alcanzaron mediante "la brutal licuación de las jubilaciones". 

Por su parte, la cordobesa Alejandra Torres (HCF) defendió el proyecto de la UCR, la CC y los bloques federales: “Respeta en todo momento el resguardo del equilibrio fiscal”. “Es un dictamen sólido y ético”, sostuvo, al tiempo que advirtió que “el ensamble de la fórmula vieja con la actual es indispensable que sea totalmente coherente”. 

A su turno, el diputado Juan Manuel López (CC) enfatizó: “Todos coincidimos en que hay plata, porque hay sobrecumplimiento de las metas del FMI”. En ese sentido, desafió al Gobierno diciendo que podría recaudar más sobre impuestos que hoy no se cobran y terminar con ciertas exenciones impositivas. Además, “de las privatizaciones (que plantea la ley de Bases) va a salir más plata”, dijo y agregó que “va a ir habiendo plata si tomamos más decisiones políticas para los jubilados”. 

“Lo que estamos proponiendo es razonable, posible y el financiamiento está”, insistió el legislador “lilito”, que completó: “Ojalá que el presidente, asesorado por el ministro (Luis) Caputo, no lo vete, porque va a tener el dinero para pagarlo”. 

Desde La Libertad Avanza, el salteño Julio Moreno Ovalle indicó que “hay más de 5,7 millones de jubilados, el 64%, que accedió a jubilación a través de moratorias” producto de “toda esta economía informal que venimos padeciendo en los últimos años”. “El deterioro de la jubilación empieza muy fuerte en 2017”, expresó y cargó nuevamente contra las moratorias, al decir que “llevaron a que este sistema de previsión se desfinancie”. “Debemos ratificar el decreto 274. Este Gobierno está cambiando muchísimo el país, le tenemos que dar tiempo”, sostuvo. 

Hacia el cierre, el jefe del principal bloque opositor, Germán Martínez (UP), celebró que “hay una enorme mayoría en este plenario de comisiones que quiere avanzar en una mejora de los haberes de los jubilados” porque “hay un reconocimiento que en estos meses ha habido un grave retroceso”. 

El santafesino recordó que en la ley ómnibus original “existía un claro objetivo de prácticamente hacer desaparecer al FGS” por parte del Gobierno, para exponer luego las diferencias dentro de la oposición. “Donde está habiendo las diferencias es en el financiamiento de las cajas no transferidas y qué pasa con aquellas sentencias que ya están firmes en los que son los juicios por ajuste. Qué se hace con el stock de deuda que tiene la Nación con las provincias”, explicó. 

“Estos dos temas, que no son el núcleo conceptual, que tiene que ver con la recuperación de los salarios de los jubilados, son los puntos de diferencia que nos impiden acordar una posición mayoritaria”, resumió. 

En la misma línea, el diputado Itaí Hagman (UP) manifestó: “Estuvimos muy cerca y por un aspecto al que no le quito importancia, pero que no hace al centro de las preocupaciones que motivaron este plenario, que era cómo recomponer los haberes jubilatorios, terminamos teniendo dictámenes separados”. 

El porteño valoró que desde su espacio cedieron en varios puntos. “Este dictamen no es nuestro proyecto de ley original, que era mucho más ambicioso. No puede ser que por una diferencia que tenemos sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o sobre cuál es la mejor manera de resolver las deudas del Tesoro Nacional con las provincias, o las sentencias, que por ese aspecto no podamos dar una respuesta efectiva e inmediata”, observó. En el final, llamó a “que podamos trabajar de acá a una próxima sesión para poder sancionar una ley” y buscar el consenso con el otro sector. 

Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de Previsión y Seguridad Social