A pesar de que UP logró introducir más de una decena de cambios al dictamen de mayoría, presentó su propio despacho con una modificación en el financiamiento. Luego, Legislación Penal aprobó tres acuerdos internacionales.
Finalmente, la reunión plenaria entre las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados dictaminó este martes el proyecto de ley que propone la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Pese a incorporar las modificaciones solicitadas por Unión por la Patria, el bloque opositor presentó su propio despacho.
Tal como adelantó parlamentario.com, el dictamen de mayoría salió del texto con las modificaciones propuestas durante las reuniones informativas. Previo a la firma, la presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), confirmó que este despacho lleva comprendidas “11 modificaciones de Unión por la Patria, 8 de Hacemos Coalición Federal, 5 del radicalismo y 4 de Innovación Federal”.
Pese a introducir las modificaciones exigidas en el dictamen de mayoría, el vicepresidente segundo de la Comisión de Legislación Penal, Martín Soria (UP), anticipó que el bloque opositor presentó un despacho propio donde puntualizaron que la iniciativa “tiene que tener el financiamiento para que las provincias que adhieran puedan nutrir esa base de datos genéticos”.
“Decíamos que el catálogo (de la base de datos) debía regir sobre delitos graves y una de nuestras propuestas fue de la comisión de huellas genéticas para que no sea netamente conducido por la política, sino por especialistas en la materia”, refirió el rionegrino en relación a los cambios solicitados en anteriores reuniones.
En contraposición a todo el proyecto de ley, la jefa de bancada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, ratificó su rechazo a la iniciativa y explicó que “se está creando un banco de sospechosos”, y cuestionó a la labor en comisiones: “Nadie pudo defender qué significa y justifique para que existe y los expositores de las provincias sumaron dudas”.
A su vez, enlistó una serie de atributos del proyecto que observó de forma negativa: “Están la inclusión de menores, la violación del principio de inocencia, el manejo de la muestra y la violación de principio constitucionales”. Además, cargó que “no quedó claro si va a ser un solo banco o dos bancos con la búsqueda de personas desaparecidas”.
Dirigida a la ministra de Seguridad, Bregman afirmó que “quieren hacer un gran hermano”. “Van a estar personas imputadas y personas con delitos graves con personas desaparecidas porque Patricia Bullrich quiere que todos seamos sospechosos”. “Me parece que es una herramienta grave”, cerró.
Por otra parte, la diputada nacional Patricia Vásquez (Pro – Buenos Aires) propuso: “Si Vucetich implementó la identificación por huella en 1891 ¿Por qué no podemos avanzar con esto en el Siglo XXI?”. “Si no tenemos confianza en las instituciones, no podemos sancionar ninguna ley directamente”, disparó.
Mencionó, además, a la inseguridad y al narcotráfico como “causales de daño”, y señaló que “esta es una herramienta para resolución para identificar culpables e inocentes”. Finalmente, añadió: “implementaría la identificación por nuestro ADN sin tener relación con un delito”.
También, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning (UCR) planteó una observación sobre el dictamen: “No sé si fue un error involuntario en el artículo 4 inciso f que habla de los perfiles genéticos del personal perteneciente a las fuerzas policiales, de seguridad federal, funciones y empleados de los poderes judiciales que intervengan podrán solicitar la remoción de sus datos del registro tras cinco años del cese de sus actividades”.
Por último, el presidente de Seguridad Interior, José Núñez (Pro – Santa Fe) cerró: “Hemos trabajado con respeto y todos hemos apartado, por unanimidad nos llevamos este dictamen (o dictámenes) y seguiremos discutiendo hasta que se sancione la ley”.
Al término del plenario, Legislación Penal aprobó tres acuerdos internacionales respecto al protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio; la Convención relativa a la Organización Internacional de ayudas a la Navegación Marítima; y la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977. Todos provenían con el aval del Senado.