Presidida por el diputado Daniel Arroyo (UP), la Comisión de Discapacidad avaló este miércoles un proyecto sobre el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad (Ley 24.901), abarcando prevención, asistencia y protección, garantizando atención universal y no discriminación. 

Además, durante el encuentro se manifestó la preocupación por la posible desregulación de los aranceles de las prestaciones. Sin embargo, desde el oficialismo la diputada Lilia Lemoine transmitió que no saldrá ningún decreto en ese sentido. 

El dictamen, que se alcanzó luego de unificar dos iniciativas, instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Los legisladores se comprometieron en pedir “rápidamente” el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Se establece, según sus fundamentos, entre otras cuestiones, que el sistema “debe garantizar la universalidad de la atención de dichas personas mediante la integración de políticas, recursos institucionales y económicos afectados a dicha temática”. Y añade: “La universalidad consistirá en asegurar el acceso y la calidad de las prestaciones en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, y sobre la base del principio de no discriminación por motivos de discapacidad”. 

Durante el debate, Victoria Tolosa Paz (UP) destacó “la perspectiva de infancia esté presente” en el proyecto; mientras que Soledad Carrizo (UCR) advirtió: “Si no logramos que las provincias adhieran a la ley, vamos a tener una asimetría muy grande con las prestaciones”.

En tanto, Karina Bachey (Pro) remarcó que “necesitamos trabajar la discapacidad de manera altruista y de vanguardia, de acuerdo a lo que nuestra sociedad está pidiendo”. “El sistema de discapacidad está muy viciado y necesitamos mecanismos de control y auditoría, tanto para quienes reciben las prestaciones como a los prestadores, gastando los recursos de forma eficiente y que lleguen realmente a las personas que necesitan la asistencia del Estado”, subrayó.

Al anticipar su apoyo al proyecto, Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, instó a “garantizar la universalidad de las prestaciones”. La diputada Natalia Sarapura (UCR) afirmó: “Venimos a garantizar las prestaciones y definir el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad”. 

También habló la diputada Nancy Sand (UP), quien consideró que “esta es la forma que debemos trabajar en estos temas que son transversales”. 

En representación de La Libertad Avanza, Lemoine aseguró que “no va a salir” un decreto sobre desregulación de las prestaciones. “Es un borrador que no se va a firmar, así que no tienen que preocuparse porque no se van a limitar las prestaciones”, aclaró. En otro orden, propuso realizar una capacitación en lengua de señas en las instalaciones de la ANDIS, para “demostrar compromiso de integración y poder comunicarnos”.

Con respecto al borrador de decreto, Arroyo reclamó “una comunicación oficial del Ejecutivo que dé cuenta de que el decreto no va a salir”.
En esa misma línea se avaló un proyecto de resolución que expresa la preocupación por la posible desregulación del sistema de determinación de valores arancelarios de las prestaciones incluidas en el nomenclador de Sistema Único de Prestaciones Básicas de atención integral en favor de las personas con discapacidad.

Al comienzo, Arroyo reveló que, como se había fijado en el último encuentro, el viernes pasado se reunieron con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien se comprometió a revisar el proyecto y le confirmó la intención de asistir próximamente a la comisión.