La Comisión de las Personas Mayores, presidida por la diputada Gisela Marziotta (UP), realizó una reunión informativa sobre la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las personas Mayores, bajo la consigna “El rol de la República Argentina y sus alcances en la legislación nacional”.

La subsecretaría de Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, Alexandra Biasutti, analizó el alcance del artículo 17 de la Convención, sobre seguridad social.

“La protección que otorga la Convención va mucho más allá de la seguridad social y es un plexo normativo sumamente integral”, definió.

“En nuestro país la cobertura de los adultos mayores, en lo que hace a prestaciones contributivas y no contributivas de la vejez, alcanza al 97%, esto nos ubica como uno de los países con mayor cobertura en la región, esto puede explicarse por las moratorias previsionales y por la creación de la Pensión Universal Adultos Mayores (PUAM). No se trata únicamente de que la mayor parte esté cubierta, sino que también las prestaciones sean suficientes para tener un nivel de vida digno”, remarcó Biasutti.

“La mitad de los beneficiarios del régimen contributivo perciben hoy un haber mínimo y, el resto, haberes que oscilan entre el mínimo y el máximo. Solo el 2% cobran sobre ese máximo, que es el caso de los regímenes especiales”, explicó.

Con datos de 2023, Biasutti dijo que en Argentina hay 10,8 millones de aportantes al sistema previsional y 7 millones de beneficiarios, entre jubilaciones y pensiones, lo que implica una relación del 1,5 entre activos y pasivos. “Históricamente se decía que la relación ideal era que existan tres trabajadores cotizantes contra un jubilado”, añadió la funcionaria.

En tanto, el director general de Promoción de Derechos de las Personas Mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Fernández Bertuzzi, explicó las políticas públicas llevadas a cabo desde la gestión local.

“En CABA existe el programa Proteger desde el 1999, que tomó relevancia con la ley 5420 en el 2015. El programa tiene que ver con la intervención a través de equipos interdisciplinarios para brindar apoyo psicológico, emocional y poder brindar acceso justicia hacia adultos mayores que se encuentren en situación de violencia”, ejemplificó.

Mónica Roqué, médica y miembro del Comité Redactor de la Convención Interamericana sobre Protección de DD.HH. de las Personas Mayores, explicó que “dimos esta batalla porque no había ningún instrumento que defendiera a las personas mayores”.

“En el 2010 los gobiernos de la región empezamos a trabajar el desarrollo de este instrumento jurídicamente vinculante”, relató Roqué. “Pensar a las personas mayores como sujetos de derechos humanos significa pensar todo lo que aportamos, desde esa mirada pretendemos llevar adelante una política pública”, añadió.

Por su parte, Isolina Dabove, doctora en DD.HH. que integró la delegación argentina ante la OEA para la elaboración de la Convención, explicó que la norma se propone “trabajar para la igualdad y la no discriminación inter-seccional, ya que en la vejez sufrimos todos los sesgos, por género, discapacidad, hasta la pertenencia a una religión o una minoría política”.

“Ojalá que podamos vivir una vejez digna y un país que tienda puentes respecto a lo que funcione, más allá de la política partidaria”, dijo.

Alejandra Vázquez, psicóloga especialista en violencia familiar, destacó que “la Convención aporta definiciones para el concepto de maltrato, abuso, abandono, negligencia y también define lo que es la discriminación por la edad, algo que vemos en distintos escenarios”.

“El artículo cinco hace referencia a que el Estado tiene que tomar un rol más activo para prevenir, sancionar y erradicar las practicas violentas”, señaló. Asimismo, Vázquez aportó datos de la ONU, que señalan que 1 de cada 6 personas mayores ha sido víctima de violencia.