Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires sancionaron este jueves una ley que agrava la situación procesal penal de los imputados con “reiteración de delitos” en una sesión que comenzó cerca del mediodía y fue presidida por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio.

Estas modificaciones al Código Procesal Penal porteño fueron establecidas en una ley que impulsó el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, la cual se analizó y discutió durante varias jornadas en las comisiones parlamentarias de Justicia y de Asuntos Constitucionales. Finalmente, este jueves se aprobó en sesión ordinaria por 36 votos positivos sobre 57 diputados presentes, con la oposición de Unión por la Patria y diputados de izquierda.

La adecuación consiste en modificar el artículo 182 del Código, incorporando a la reiteración delictiva como una nueva circunstancia objetiva a evaluar por los jueces y juezas a la hora de considerar el peligro de fuga. “Es una medida que encuentra sólido respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en la normativa vigente”, se fundamentó en el despacho tratado y aprobado.

Además, ciertos actos dictados en el marco de un proceso penal concernientes a personas de nacionalidad extranjera que se encuentren involucrados en hechos delictivos, deberán ser comunicados por los jueces a la Dirección Nacional de Migraciones. También se suma la obligación de informar cuando en un proceso penal se dicte sentencia condenatoria y respecto de los extranjeros que cumplen penas privativas de la libertad, si se dan las condiciones de extrañamiento (expulsión del territorio nacional).

En cuanto a situaciones de ilícitos en flagrancia, se legislan normas especiales en lo que se denomina “allanamiento de urgencia” y en todos los supuestos, efectuadas las actuaciones de urgencia, se deberá notificar de manera inmediata al juez y al fiscal.” Otra norma relacionada con lo judicial que fue aprobada este jueves es una ley que ordena y define taxativamente la nomenclatura de todos los órganos y estamentos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma.

Durante el debate, la diputada Gimena Villafruela (Vamos por más) sostuvo que “esta Ley protege la seguridad y el orden público, persuadiéndose la posible comisión futura de delitos por parte de quien esté imputado. En este sentido, el Instituto de Reiteración Delictiva busca asegurar que el proceso judicial sea justo y efectivo, protegiendo tanto los derechos del imputado como el interés general de la sociedad y de las víctimas”.

“Los diputados tenemos la responsabilidad de legislar pensando en qué sociedad queremos vivir. ​ Queremos fomentar una sociedad siempre basada en valores. En el valor y el respeto por la Ley. Una sociedad donde no de lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal. Esto es lo que nos demanda la ciudadanía”, agregó.

“Ya era hora de que se piense más en los ciudadanos, y se deje de beneficiar a los delincuentes. Con esta nueva Ley de Reiterancia, si cometes un delito, te quedas adentro a esperar el juicio. Digámosle chau a la puerta giratoria”, expresó la legisladora Marina Kienast (Frente Liberal Republicano), y resaltó que la posibilidad de que la policía pueda actuar sin esperar una orden judicial, “va a facilitar el esclarecimiento de hechos que muchas veces llevan meses de investigación y papeleo”.

Desde la otra vereda, la diputada Claudia Neira (UP) consideró que “el problema más grave de esta ley es que confunde el derecho a la seguridad que tiene que brindar el Estado, con las bombas de humo que Macri le quiere vender a la ciudadanía porque no está siendo eficiente a la hora de garantizar una política de seguridad en serio.

Se agarran de un instituto del Código Procesal como es la reiterancia, lo fuerzan y lo hacen inconstitucional. Es algo que no se va a poder ni aplicar. Y si lo aplican va a ser un desastre porque no se ocuparon antes de que haya un Servicio Penitenciario ni de que haya cárceles. Y encima ahora van a agravar aún más la situación poniendo detenidos en containers, que los vecinos piden por favor no les pongan en las comisarías de sus barrios”.

Antigüedad de los taxis

Por unanimidad, los diputados legislaron sobre una prolongación de la vida útil de los automotores asignados al servicio de taxis. Se permitirá, para el año actual, la circulación de modelos de hasta 14 años de antigüedad. Para los años 2025 y 2026 regirá el tope máximo de 15 años de uso y, luego, mediante una tabla decreciente, se dispone volver en el 2030 al techo de 10 años de uso como máximo. Los coches con más de 10 años deberán hacer la verificación técnica cada 6 meses.

El INDEC de la Ciudad

Por unanimidad, quedó convertida en ley la normativa que regula y reglamenta el funcionamiento del sistema estadístico del ámbito metropolitano.

Al efecto, se creó el Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires (INDECBA).

Capacitación sobre mayores

Con despacho de las comisiones de Personas Mayores y Legislación del Trabajo y el voto ampliamente mayoritario de los legisladores, se ordenó la capacitación obligatoria de todo el personal de la función pública de la Ciudad, en sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en lo que se denomina “perspectiva de edad”, que es el buen trato a las personas mayores.

Para los clubes de barrio

Por iniciativa de la comisión de Turismo y Deporte, el cuerpo parlamentario aprobó una medida que permitirá a los clubes de barrio abrir cuentas corrientes en el Banco Ciudad sin costos de apertura, operativos o de mantenimiento.

Designaciones

Adrián Hugo González y Tomás Aguerre fueron formalmente designados como director titular y director adjunto, respectivamente, del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad.

Por otra parte, se aprobó la nominación de Ezequiel Martín Quaine para cubrir el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de Faltas de la Ciudad.

Ley de Mecenazgo

El proyecto busca fomentar la financiación privada de iniciativas culturales, incentivando la creación de diversas manifestaciones artísticas y fortaleciendo el sector cultural de la Ciudad. Desde su implementación, ha apoyado miles de proyectos en áreas como teatro, danza, música, artes visuales y más, siendo fundamental para muchos artistas y colectivos.

A fin de seguir promoviendo el desarrollo de la cultura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y posibilitar una mayor participación de los privados en el sector, se propician las siguientes modificaciones a la norma vigente: establecer el veinte por ciento (20%) como aporte que puede imputar el patrocinador en virtud del régimen, salvo para los Grandes Contribuyentes que se mantiene en el diez por ciento (10%); establecer un esquema del ochenta por ciento (80%) de aporte al proyecto cultural para ser considerado como un pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos con el tope establecido por el artículo 15 de la Ley, y en consecuencia derogar el artículo 19 que exime a los proyectos culturales de inclusión social de la aplicación del artículo 17.

También introduce nuevas facultades para la Autoridad de Aplicación, como la aprobación de proyectos, la administración de recursos, el control del cumplimiento de los beneficios y la creación de un comité evaluador.  Los integrantes del Consejo de Participación Cultural y del comité evaluador quedan inhabilitados para presentar o participar en proyectos culturales durante su ejercicio y un año después.