Tal como lo había anticipado la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, presentó este viernes la denuncia contra quienes fueron partícipes de los graves incidentes y destrozos en los alrededores del Congreso de la Nación durante el tratamiento de la ley bases y el paquete fiscal.

La denuncia recayó ante el Juzgado de la Jueza Servini de Cubría. También presentó una solicitud para ser querellante. El escrito presentado por la autoridad máxima de la Cámara alta solicita que se indague sobre las acciones violentas y si las mismas fueron planificadas para "obstaculizar la sesión en curso". Además, apunta a que se investigue a qué organizaciones sociales, gremiales o partidos políticos pertenecen los agresores.

Los posibles delitos que se le imputan a los detenidos y sus organizaciones podrían subsumirse dentro de los tipos penales de daño agravado, (art. 184 inc. 1, 4 y 5 CP), estrago doloso (art 186 inc. 3° CP), intimidación pública (art. 211 CP), incitación a la violencia colectiva (art. 212 CP), organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor (art. 213bis), delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional (art 226 C.P) y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos (art.241 CP).

Presentamos hoy ante el Juzgado de la Jueza Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace 2 días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder. pic.twitter.com/SKpEwWm0jK

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 14, 2024

Villarruel lo había adelantado en su cuenta de "X": “Desde el Senado vamos a denunciar a los delincuentes que ayer atentaron contra las instituciones de la democracia”.

La vicepresidenta remarcó: “Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional2, y advirtió: “La Argentina de la sedición y la anarquía terminó”.

La investigación está en manos del fiscal Carlos Stornelli quien pidió prisión preventiva para los 35 detenidos y solicitó que sean indagados por delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias, entre otros.