Ante la suba de casos de muertes por intoxicación, concretamente se establece en la norma la incorporación de detectores para la medición de monóxido de carbono y gas natural en todos los edificios públicos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, especialmente en hospitales y geriátricos.

Es concreto, el proyecto de ley ingresado en las últimas horas en el Senado bonaerense, tiene como antecedente dos iniciativas presentadas por el legislador radical en junio de 2020 y en abril de 2022, que cayeron en saco roto tras haber recibido la aprobación de la Cámara alta.

La iniciativa tiene la particularidad de que el titular del bloque UCR + Cambio Federal, Agustín Maspoli, y el senador kirchnerista e integrante del bloque de Unión por la Patria, Eduardo "Bali" Bucca presentaron en conjunto este proyecto de ley para frenar las muertes por intoxicación de monóxido de carbono y gas natural por medio de una serie de políticas de salud en hospitales, escuelas y una campaña anual de concientización.

De la misma forma, en el articulado se exige la instalación de detectores de emisión de monóxido de carbono y de pérdida de gas licuado en los establecimientos educativos de gestión pública y privada en forma progresiva hasta cubrir la totalidad de estas instalaciones bonaerenses.

Además, este proyecto de ley impulsado contempla una campaña provincial anual realizada por el gobierno bonaerense con el fin de difundir sobre la importancia de las medidas de prevención para las muertes por intoxicaciones de monóxido de carbono, y de concientizar acerca del uso responsable de artefactos domésticos que utilizan gas natural.

En la iniciativa se propone también una capacitación para el personal de salud especializado en emergentología para detectar y tratar en tiempo y forma los casos o posibles casos intoxicaciones de monóxido de carbono.

Asimismo, se agrega un artículo sobre convenios de cooperación entre el gobierno bonaerense y las empresas distribuidoras de gas con el fin de reducir los costos de adquisición en los detectores, y un punto que obliga al Ejecutivo provincial a colocar estos dispositivos en todos los nuevos edificios públicos construidos tras la sanción de la ley.