Fue durante un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de Diputados. Así, quedó confirmada la exclusión de Aerolíneas, el Correo y RTA de la lista de privatizaciones.
Tras reuniones de negociaciones entre el oficialismo, la oposición dialoguista y representantes del Gobierno en el despacho de Martín Menem durante este lunes y martes, el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de Diputados dictaminó a favor de la ley de Bases, aceptándose las modificaciones realizadas por el Senado.
El despacho de mayoría reunió 66 firmas de La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, la Coalición Cívica -en disidencia parcial- y Hacemos Coalición Federal, sin la firma de la socialista Mónica Fein. En tanto, la diputada sanjuanina Nancy Picón Martínez (PyT) no estuvo presente. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, lógicamente, no suscribieron.
Al concluir un nuevo encuentro con José Rolandi, vicejefe de Gabinete, uno de los principales interlocutores en todo el proceso, junto a María Ibarzábal Murphy (secretaria de Planeamiento Estratégico), los legisladores se cruzaron a las 15 del Palacio Legislativo hacia el Anexo de la Cámara baja para sellar el acuerdo con el dictamen mediante el cual se acepta la versión de la cámara revisora.
Tras la postura adoptada este lunes por el bloque de Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto, en torno a las privatizaciones, el oficialismo se quedó sin los votos para insistir con volver a incluir a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina a la lista de empresas a privatizar. Esta decisión también repercutió en la UCR, donde había una interna en torno a la cuestión, definiéndose mantener la exclusión de estas empresas que, además, habían promovido los senadores de su partido del otro lado de Pasos Perdidos. Sin embargo, durante el debate, algunos diputados macristas y radicales afirmaron que estaban a favor de esas privatizaciones y que estarán de acuerdo con que se avance en leyes en ese sentido.
De esta manera, también se avalarán los cambios que en la Cámara alta se introdujeron sobre los capítulos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y modernización laboral.
La ley de Bases, proyecto insignia del gobierno de Javier Milei, lleva seis meses de trámite parlamentario. El jueves 27, cuando está previsto que se realice la sesión desde las 12, cumplirá exactamente seis meses desde su ingreso a la Cámara de Diputados. Durante el verano fracasó en el recinto, cuando fue devuelta a comisiones. El pasado 30 de abril obtuvo media sanción y el 12 de junio se aprobó en el Senado, pero volvió modificada a la cámara de origen.
Durante esta segunda etapa, la llamada -en sus inicios- “ley ómnibus” se trató en paralelo con el paquete fiscal, que en la Cámara alta tuvo un rechazo en la restitución del impuesto a las Ganancias y los cambios en Bienes Personales. Estos son los dos temas que más interesan al Poder Ejecutivo para que Diputados vuelva a introducir en la ley. La oposición dialoguista está dispuesta y, bajo la búsqueda reforzar el aval para otorgarle ese pedido al Gobierno, se reunió en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) este martes con gobernadores que piden por lo mismo. No obstante, en el caso de Bienes Personales no están a favor ahora los cordobeses que responden a Martín Llaryora.
Según pudo saber parlamentario.com, hay “mucho compromiso” de la oposición dialoguista para resolver de una vez ambos temas y los gobernadores están interesados también en “cambiar la agenda”. “Cada vez que se reúnen con el Ejecutivo, es todo ley Bases”, contó a este medio uno de los legisladores que participó.
En el arranque del plenario, el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, señaló que su intervención iba a ser muy breve porque “el debate ya se realizó” y no era la intención “volver a insistir en debates que ya tuvimos”. “La posición de nuestro bloque va a ser aceptar las modificaciones enviadas por el Senado”, aceptó.
A continuación, el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez, se diferenció: “Mi criterio es que los debates nunca se agotan y más en debates de estas características. Van apareciendo más elementos para tratar de entender la dimensión del debate en el cual estamos inmersos hace seis meses”.
Para el opositor, desde el Gobierno “han recurrido a todo lo imaginable y mucho más allá para poder tratar de aprobar esta ley”. “Esta ley es hija de enormes arbitrariedades”, denunció y habló de “falta de transparencia y opacidad en varios tramos”. Luego, aseveró que la ley Bases “es hija de presiones de todo tipo” y “manoseos e irregularidades en las conversaciones entre una cámara y la otra”. “Es hija de oscuros arreglos en el Senado de la Nación”, apuntó y dijo que también “de la represión que se dio” el pasado 12 de junio en la Plaza de los Dos Congresos.
Por la Coalición Cívica, Juan Manuel López admitió que el debate de la ley de Bases “fue un debate lo suficientemente largo para un gobierno en minoría” que en un principio “nos propuso una ley inabordable”. “En esta oportunidad estamos solamente ante una circunstancia constitucional”, aclaró y opinó que “la opción que propuso el Senado en algunos puntos es más razonable, en otros no tanto”, como por ejemplo que “se podrían haber privatizado más empresas”, consideró.
Desde Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot aseguró: “Nuestro bloque va a acompañar la ley Bases en la versión tal cual vino de la Cámara de Senadores”. El diputado destacó “el valor, la honra y el respeto que se le deben a los acuerdos parlamentarios”. “Reivindiquemos los acuerdos porque es muy importante para lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a venir”, agregó y explicó en ese sentido que “en algunas cuestiones que podríamos estar de acuerdo en insistir” con la versión original que salió de Diputados, pero decidieron no hacerlo en virtud de respetar los acuerdos.
Asimismo, explicó que en la ley Bases hubo “dos cuestiones que fueron excluidas por el oficialismo en boca del miembro informante antes de la votación”, como el capítulo previsional y la exclusión de tres empresas a privatizar. “Nosotros consideramos que estas cuestiones tienen un carácter diferente que no ameritan la insistencia”, expresó. Por el contrario, sobre el paquete fiscal, se manifestó a favor de los capítulos sobre Ganancias y Bienes Personales, que “formaron parte del expediente que fue aprobado en general, independientemente de que después no obtuvieron la mayoría para ser aprobados en particular” en el Senado.
Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley advirtió al oficialismo y sus aliados que “lo que pueden estar haciendo acá es uno de los mayores mamarrachos jurídicos de los que se tenga memoria en la historia argentina. Sepan, no solamente el daño que van a generar en el pueblo argentino, si es que alguna empresa se la cree y se toma en serio esta ley, cosa que dudo, porque esta ley no genera seguridad jurídica. Esta ley es el paraíso de la inseguridad jurídica y va a terminar en la Justicia, cosa penosa para el sistema político y el Congreso”.
En representación del Pro, Silvana Giudici se defendió de las acusaciones que hizo la bancada kirchnerista y enfatizó: “No hubo nada de eso que se quiere señalar sobre acuerdos y espurios de medianoche”. Asimismo, remarcó que la Constitución Nacional permite tratar de este modo al paquete de leyes e ironizó: “Que la oposición se quede tranquila que la CN permite insistir”. Por último, anunció la disidencia de su bloque con relación a quitar del dictamen la privatización de Aerolíneas Argentinas porque “generó una pérdida de 7.500 millones de dólares del Tesoro Nacional y fue utilizada para acobijar agrupaciones como La Cámpora e hicieron entrar ñoquis por la ventana”.
En línea con planteado durante las negociaciones, la radical Karina Banfi afirmó que seguirán “colaborando con la propuesta de este Gobierno”. Con relación al dictamen, señaló que “acompañar esta revisión no quita romper con una tradición que tiene nuestro partido de reformistas”, y expresó que están “de acuerdo con las privatizaciones, el libre mercado y no con un Estado deficitario o bobo”.
Silvia Lospennato, pieza clave para el oficialismo en el tratamiento de la ley, se refirió a la extensión del debate del proyecto y apuntó contra el kirchnerismo: “Ha sido una carrera de obstáculos donde un sector de la oposición, que debe saberse en minoría, ha intentado por todos los métodos posibles el avance de esta ley”. Asimismo, le envió un mensaje a la sociedad: “A los ciudadanos, no se sorprendan si, en una última maniobra, intentan la judicialización de la ley”.
