Diputados de la oposición criticaron en la sesión de este jueves a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo de seguridad realizado el pasado 12 de junio, durante la movilización en contra de la ley de Bases, mientras sesionaba el Senado, y puntualmente sobre la agresión que recibieron por parte de las fuerzas de seguridad un conjunto de legisladores.

El diputado de Unión por la Patria Juan Manuel Pedrini acusó a Bullrich de haber sido "quien mandó a cortar la calle Entre Ríos" cuando él junto a un grupo de sus pares -a quienes nombró uno por uno- "en ejercicio de nuestra representación política nos dirigíamos a conversar con algunos manifestantes".

"Fuimos severamente y arteramente reprimidos por una patota de la Prefectura Naval Argentina, comandada por Patricia Bullrich desde la sala de situación del Ministerio de Seguridad", apuntó.

El chaqueño sostuvo que "son hechos graves contra cualquier ciudadano, pero creo que contra legisladores no hay antecedentes desde el '83 hasta ahora de tamaña agresión a quienes simplemente van a hacer ejercicio de la función para la cual fueron electos".

"Lamento la falta de empatía de algunos colegas, que a pesar de este hecho violento, insólito e injustificado, siguieron sesionando como si nada", dijo. También rechazó que a los manifestaron detenidos se los haya acusado del delito de sedición y cerró: "Menos mal que jueza (María Romilda) Servini de Cubría paró a la patota (Carlos) Stornelli-Bullrich".

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo repudió el "operativo salvaje" por el cual "se detuvo a 33 personas, cuando muchas de ellas ni siquiera habían participado de la manifestación".

Al hacer referencia al comunicado de la Oficina de Prensa del presidente de ese día, donde se felicitó a las fuerzas de seguridad y se habló de "grupos terroristas" que intentaron "perpetrar un golpe de Estado", el legislador expresó: "Excelente accionar que incluyó gasear a diputados y diputadas de esta cámara, 600 heridos, infiltrados que actuaron como provocadores durante los acontecimientos".

En el final de su intervención, Castillo reclamó por la "libertad a los detenidos por movilizarse en contra de la ley Bases. ¡Abajo a las causas truchas montadas por este gobierno autoritario!".

Muy breve, el jefe de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, pidió la palabra para manifestar su "solidaridad con el diputado (Carlos) Castagneto y (Eduardo) Valdés, que fueron gaseados en ocasión de la sesión anterior".

Desde la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade también planteó una cuestión de privilegio contra el Ministerio de Seguridad y se solidarizó "con los colegas de esta cámara que sin querer subvertir el sistema se han hecho presentes en la Plaza de los Dos Congresos". También dijo que lo hacía con "los 638 heridos por los excesos, para no decir represión, de las fuerzas" de las cuales "no faltó ninguna".

Asimismo, envió su acompañamiento a "una persona que apalearon en la calle Santiago del Estero, que perdió el conocimiento y lo dejaron tirado" y otra "que tuvo convulsiones, fue víctima de los gases", de acuerdo a casos relevados por la Comisión Provincial por la Memoria, en un intercambio de documentación con el Comité de Prevención contra la Tortura y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Al sostener que no sabía si "todo este operativo fue antidisturbios o antidisidencias", la diputada de la CC subrayó que "los detenidos no tenían nada que ver ni se conocían entre ellos, tres vendían empanadas, dos vendían choripán, dos vivían en situación de calle, dos pasaban por el lugar".

"Al voleo tomaron a esas 33 personas", denunció y señaló los hechos que sucedieron después, como la acusación por sedición del fiscal Stornelli, a quien "le pueden dar el premio al mejor fiscal del mes", lanzó. "Por suerte la jueza federal Servini de Cubría puso las cosas un poco en orden".

Frade advirtió que "todos estos excesos, represión, abusos, como le quieran llamar, no tienen un marco jurídico. Solo tenemos una resolución antipiquetes del 14 de diciembre, que no regula el uso de gases lacrimógenos y gas pimienta". "Todos los países civilizados tienen protocolo de estas armas no letales, menos nosotros", continuó.

Tras recordar el caso del docente Carlos Fuentealba, la legisladora enfatizó que "el día que gasearon, gasearon indiscriminadamente, y yo espero que no hayan sido gases vencidos". "No naturalicemos los abusos de las fuerzas de seguridad", pidió y le reclamó a la ministra de Seguridad que "se encargue de hacer un protocolo que de cómo las fuerzas van a usar las armas menos letales".

Muy crítico contra Bullrich, el diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau consideró que la ministra "a esta altura puede ser calificada como mercenaria de la violencia estatal". Luego, denunció que dadas las detenciones hubo "apremios ilegales, comúnmente denominados torturas, en cárceles federales".

Los detenidos, que fueron trasladados a los penales de Ezeiza y Marcos Paz, "fueron desnudados, gaseados dentro del penal, maltratados e interrogados por miembros del Servicio Penitenciario Federal sobre su filiación política", alertó. "Es algo que nunca se había registrado desde el '83 en adelante", señaló y adelantó que "van a presentarse en organismos internacionales".