En medio de la conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes, hecho sobre el cual giraron varias hipótesis, entre ellas que habría sido víctima de una red de trata, el Senado dio media sanción este jueves a un proyecto de ley que endurece las penas por la compra y venta de menores. La votación resultó por unanimidad con 63 votos a favor.

Sin embargo, la iniciativa volverá a ser tratada en comisión el próximo miércoles 10 según informó el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto. Todo se originó por la redacción del artículo 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores. Tras más de media hora de idas y vueltas, el jefe del bloque UP, José Mayans, planteó una moción para que el texto regrese a comisión para su revisión en el articulado, cuya votación resultó afirmativa y a mano alzada. A su vez, desde el Pro solicitaron que citen a juristas y constitucionalistas para que contribuyan en la redacción.

De acuerdo al texto, se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena.

El cambio propuesto en la iniciativa motorizada por la senadora radical Carolina Losada prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

A su vez, incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Añade que el funcionario público o profesional que, en el ejercicio de su actividad, realice alguna de las conductas penadas en este capítulo, será penado con prisión más inhabilitación especial por el doble de tiempo que la condena, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Se adecúa el artículo 67 del Código Penal para añadir estos delitos a la norma que indica que la prescripción se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, siendo mayor de edad, realice o ratifique la denuncia. También se modifica la Ley 27.146 para incorporar estos delitos a la competencia material penal federal.

El debate para la votación general

El debate del tema arrancó con polémica, porque el miembro informante, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto, planteó modificaciones sobre las penas y tanto senadores que firmaron el dictamen -como otros que no- cuestionaron conocerlas en ese mismo momento.

En su discurso, el riojano recordó que el proyecto puesto a consideración fue presentado en 2022, perdió estado parlamentario y fue vuelto a presentar. Habló de “situaciones que vienen de larga y vieja data y debieron ser tratadas si es que alguna vez se trata”.

“Hay que codificar un código que ha sido decodificado. Este es el tema de la compra y venta de niños. Es un reclamo de la sociedad, una deuda que tenemos”, señaló y habló de “un proyecto amplio, ambicioso, que merece discusión seria y tratamiento lo más objetivo posible y delimitando la figura en toda su etimología, para evitar que la interpretación judicial, que no siempre es la adecuada, pueda ser castigada este tipo de conductas”.

Pagotto lanzó: “No vamos a descubrir el agujero del mate si decimos que en este país se venden niños para adopción, y hasta para tráfico de órganos”. En ese sentido, consideró que se debe tipificar esa conducta para que sea punible y el Estado tenga los elementos para perseguirlas.

“El término de prescripción comenzará a correr desde que adquiere la mayoría de edad la persona que fue víctima”, detalló en referencia al tema en discusión, y agregó que “acá se trata de sancionar conductas y se hace una salvedad: se eximen a los padres siempre y cuando no constituya una actividad habitual”. Lo explicó así: “Hay familias enteras que tienen 8, 9 hijos, alguna vez han dado a algún chico y si lo sancionamos dejamos todo el resto de la familia sin protección”.

“Hay que tener en cuenta la realidad. Parece increíble que haya tenido que haber un caso tan lamentable para poner sobre el tapete algo que debió haber sido sancionado hace dos años o más, porque hay que comenzar a cumplir con los tratados internacionales”, sostuvo en alusión al caso Loan.

Mientras exponía Pagotto, pidió una interrupción la senadora de Unión por la Patria Juliana di Tullio, quien le preguntó si estaba hablando del dictamen o si hablaba de un trabajo paralelo que él había armado y había dejado en las bancas para consideración de sus pares. El presidente de la Comisión de Justicia opinó que “el dictamen de la comisión es una guía y la discusión de qué debe quedar o salir corresponde al cuerpo del Senado”. Con lo cual concedió que sus comentarios obedecían a sus propias propuestas, las cuales habían sido analizadas con una serie de especialistas que había consultado personalmente.

Concluida su exposición, pidió nuevamente la palabra Di Tullio, quien aclaró que esa era una sesión acordada y que nadie podía “modificar y dejarnos en nuestras bancas otra cosa. El dictamen es lo que se trabaja y hay pedidos de modificaciones que pueden o no ser aceptadas… Es raro el tratamiento que le ha hecho usted como miembro informante, y dejarnos sobre las bancas otra cosa”.

La jefa de Unidad Ciudadana cuestionó entonces que el riojano hubiera leído algo que suponía que los senadores debían votar. “Lo discutió con penalistas, pero no con senadores que ya hemos discutido en la comisión -advirtió-. Ese es el texto que hay que trabajar, no el que usted trajo, propuso y leyó, como si fuera el dictamen. Eso es algo que solo usted construyó”.

Y concluyó advirtiéndole al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que “esta sesión empezó mal, está rarísima. Hago responsable a usted, tiene que ordenar el debate. No se puede decir cualquier cosa, hacer evaluaciones personales, ni reinterpretar el reglamento. Ponga orden”.

Pagotto le contestó que el dictamen había sido debatido por todos. “El informe que produje acá forma parte del debate. Son cuestiones traídas al debate, las vamos a debatir. Si vamos a considerar que el trabajo en comisión es el santo sanctorum, no tiene sentido que hagamos una sesión”, expresó.

En línea con Di Tullio, la cordobesa Alejandra Vigo resaltó que “el tratamiento que se le ha dado a este dictamen no es como se quiera, o como se puede, tiene que ser como se debe”. Y apuntó que Pagotto habló y compartió en las bancas “un dictamen que no es el que se trató en comisión”. “Estoy a favor de este proyecto”, aclaró, pero pidió “saber sobre qué estamos discutiendo; sobre qué dictamen vamos a poder hacer consideraciones”. “Hay dudas sobre este dictamen. Yo tenía uno y ahora veo que hay otro”.

Coincidió también la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, quien alertó que “se modifican penas y cuando uno toca el Código Penal tiene que tener una mirada respecto a cómo cambia todo el andamiaje de las penas”. “Si bien yo acompañé el proyecto inicial, lo que no puede suceder y no corresponde es que el senador decida modificarlo, traerlo a los senadores, incluso los que somos firmantes del proyecto, y no saber qué estamos debatiendo. Porque no lo puedo defender. No funciona así”. “Modificar penas tiene que ser con mucha sapiencia, con mucho debate”, agregó.

Abdala le dio entonces la palabra a la radical Carolina Losada, autora del proyecto, quien descartó la vuelta a comisión por “la urgencia que tiene la sociedad que legislemos en un tema así”. Y propuso que Pagotto “explique una a una las modificaciones que hizo y ahí analizamos” y “se vote el original (en general) y después se va artículo por artículo con las modificaciones que quiera plantear cada uno”.

Carolina Losada, autora del proyecto debatido.

Tras un nuevo cruce de Pagotto-Di Tullio, el jefe del bloque Pro, Luis Juez, avaló la postura de la senadora de UP. “Tiene absolutamente toda la razón la senadora preopinante. Estamos modificando el Código Penal, estamos hablando de prescripciones y estamos tipificando conductas. No es lo que uno quiera, lo que uno pretenda, es lo que se acordó. Hay que ceñirse estrictamente al texto que se acordó en la comisión”, aseveró el cordobés.

Anotado como orador, el senador de Unión por la Patria Antonio Rodas criticó: "En un tema tan delicado, en todos estos años, nunca he visto una manera tan escandalosa de tratamiento". "Las modificaciones no son al antojo", dijo.

Sobre la compra y venta de niños, el chaqueño manifestó que "esto viene de vieja data, no es una situación que no se sepa, ocurre en todo el país". "Hoy estamos viendo un hecho delictivo que nos hiere a todos, principalmente al pueblo de Corrientes. El chamamé está herido de muerte. Nunca jamás va a ser una fiesta igual del chamamé sin la presencia de Loan. El pueblo de Corrientes no se va a callar ni aquietar porque sabe que necesita el esclarecimiento total y absoluto de este hecho", opinó sobre el caso que ocupa la escena mediática.

La encargada de cerrar el debate fue una de las autoras de uno de los proyectos, la santafecina Carolina Losada (UCR), expresó: “Venimos a intentar para cuidar a los chicos de un flagelo terrible que es que sean tratados como cosas y no como personas”.

Losada cuestionó que hace dos años el proyecto de ley “duerme en el Congreso”, recordó que lo presentó en 2022, pero señaló que “la deuda es mucho más vieja porque la tipificación del delito no se hizo nunca, no se hizo antes”. En ese sentido, informó que la Argentina está “sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no tener legislación al respecto”.

“Es urgente legislar respecto de este tema”, planteó y sumó: “En la actualidad hay 1777 búsquedas activas de chicos que están desaparecidos de sus casas. Quizás otros chicos no están con sus familias porque sus propios progenitores los han vendido o algún familiar y no hay denuncias”.

Losada comentó que en 2022 fueron más de mil los casos de chicos desaparecidos, pero planteó que “488 de ese año no fueron encontrados”. “Los vacíos legales son un verdadero paraíso para los delincuentes. Necesitamos proteger a los chicos de estos años irresponsables y de desidia donde no se los ha protegido. Para la justicia es más difícil encontrar y juzgar a los culpables cuando no está la tipificación”, manifestó la radical.

“En Argentina se compran y venden niños. Esto tiene que sancionarse como ley y este delito quedar tipificado y poder llegar a los culpables porque todo niño tiene derecho a crecer en un entorno donde conozca su origen y su historia. Esta ley es una deuda de la política con la sociedad argentina”, cuestionó y comentó que desde la fundación “Quiénes Somos” se contactaron y le hicieron saber que más de 3 millones de personas que no conocen su identidad.

Por último, el titular del bloque UP, José Mayans, expresó: “Estos proyectos son importantes para proteger a los niños”, y cuestionó: “Los presidentes de comisiones no pueden modificar los despachos de comisión de forma unilateral”.