La Cámara alta se reúne desde las 11.26. El temario incluye una iniciativa referida al atentado a la AMIA. UP buscará incorporar el proyecto de movilidad jubilatoria, pero requiere de los dos tercios.
Desde las 11.26, el Senado realiza su quinta sesión del año, conducida en el arranque por el presidente provisional Bartolomé Abdala, con un temario que incluye pliegos con ascensos militares y diplomáticos, la declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional por el atentado contra la AMIA y un proyecto que busca aumentar penas para el delito de compra y venta de niños, tema instalado en el centro de la agenda mediática a partir del caso de Loan Peña.
Además del tramo habitual de homenajes y cuestiones de privilegio, el interbloque de Unión por la Patria ya adelantó que intentará incorporar sobre tablas el proyecto de fórmula de movilidad jubilatoria -que prevé una recomposición del 8,1% para los haberes previsionales-, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue votado a favor por toda la oposición, excepto el Pro, aliado del oficialismo. En caso de eventualmente ser ley, el presidente Javier Milei ya anticipó que lo vetará, al considerar que atenta contra el equilibrio fiscal.
La iniciativa comenzó a tratarse en comisiones este miércoles, con la decisión de La Libertad Avanza de estirar la discusión. A ello se sumó que desde la UCR y el peronismo federal presentaron proyectos alternativos. Para sumarlo al temario en la sesión se requiere contar con dos tercios de los presentes. A UP le faltarían 15 senadores más si hay asistencia perfecta. El radicalismo ya adelantó que esperará a que haya dictamen, con lo cual forzar el tratamiento fracasaría.
En el caso del proyecto que modifica el Código Penal para agravar penas por el robo de menores, cuyo tratamiento coincide con la conmoción que ha generado en todo el país la desaparición del niño de 5 años Loan Danilo Peña, se trata de un iniciativa impulsada por la senadora radical Carolina Losada.
A través del mismo se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena.
El cambio propuesto prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.
Asimismo incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.
En vísperas del 30° aniversario del atentado a la AMIA, se convertirá en ley un proyecto venido de Diputados que declara al 18 de julio como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las 85 víctimas del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía. El texto agrega que ese día la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos, además de actividades conmemorativas que deberán realizarse en las escuelas.
