Como lo adelantó días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad aprobó durante la sesión de este jueves una iniciativa mediante la cual le exigieron al Gobierno Nacional que acate la orden judicial en la que se ordena la restitución del 2,95% de la masa de fondos que fueran quitados intempestivamente en el transcurso de la pandemia de Coronavirus, por la gestión del ex presidente Alberto Fernández.

En los fundamentos de la medida, los legisladores aseveraron que “una vez más tenemos la obligación de expresarnos en defensa de la autonomía de nuestra Ciudad. La decisión presidencial de modificar el régimen de coparticipación federal respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectó seriamente nuestra autonomía política y financiera”.

Además, recordaron que “en el año 2016 se suscribe el Convenio entre el Estado Nacional y la CABA para la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la CABA. Dicho convenio estableció el marco y el alcance de las competencias que asumió Ciudad” y aseveraron: “para entender la magnitud del servicio en cuestión, debe tenerse en cuenta que se transfirió aproximadamente el 45% de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), alcanzando un total de 20.248 efectivos”.

“Definido por lo tanto el alcance del traspaso, y su correspondiente estimación de costo de las competencias traspasadas, con fecha 18 de enero el Decreto PEN N° 194/16 dispuso incrementar la participación que le corresponde al GCABA. Estableció que la participación que le corresponde a la CABA se fijaba en un coeficiente equivalente al 3,75% a partir del 1° de enero de 2016 y dejaba derogado el Decreto PEN N° 705/03 que había fijado el coeficiente en 1,40%. Posteriormente, a través del Pacto Fiscal se fijó el coeficiente en 3,50%”, detallaron los oficialistas.

Por lo que explicaron que “el aumento del porcentaje de coparticipación tuvo una causa concreta y específica: los recursos para financiar los servicios de Seguridad oportunamente transferidos. Para el Estado Nacional ese coeficiente resultó económicamente neutro porque se fundamentó en el costo de la transferencia de los servicios de Seguridad”.

Fue entonces cuando desde el oficialismo y sus aliados recordaron que en el 2020 “el Poder Ejecutivo mediante el decreto 735/2020 dispuso la reducción del porcentaje antes enunciado a 2,32% y luego el Congreso Nacional por la Ley 27.606 sancionada el 10 de diciembre de 2020, dispuso la reducción del porcentaje a 1,4%, llevándolo a niveles similares a los del año 2003, tiempo en el que aún no se habían producido gran parte de los traspasos aludidos anteriormente. Todo ello sin la concurrencia de la voluntad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“La unilateral decisión tomada por el Gobierno Nacional, que produjo en lo inmediato una pérdida económica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue arbitraria, ya que no estuvo avalada por ninguna normativa vigente que autorizase a esta reducción de la masa coparticipable que le había sido adjudicada por acuerdo celebrado con el propio Gobierno Nacional”, agregaron.

Por lo que los diputados concluyeron señalando que “han transcurrido más de 550 días desde el fallo de diciembre de 2022 y seis meses desde la asunción del nuevo Gobierno Nacional. En todo este tiempo, la Ciudad ha mantenido con firmeza su reclamo por la restitución de los fondos que le corresponden, exigiendo el acatamiento del fallo. Cabe destacar que la deuda acumulada desde que se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el momento alcanza los $800.000.000.000 (ochocientos mil millones de pesos). De acuerdo con la exposición del Jefe de Gabinete de la Ciudad en la primera sesión informativa del año, la suma es de 88.000.000.000 (ochenta y ocho mil millones de pesos) mensuales”.