El diputado de UP fue uno de los legisladores heridos durante los incidentes en las afueras del Congreso en el tratamiento de la Ley Bases. Se refirió al spray como “un químico de este tipo tiene la intención de lesionar a quienes se movilizan y su uso incorrecto puede tener consecuencias graves para la salud”.
El diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) presentó un proyecto de ley para que se prohíba el uso de del gas pimienta como herramienta disuasiva o represiva en el marco de manifestaciones sociales en espacios públicos por parte de las fuerzas de seguridad.
Explicó, en tal sentido, que “el gas pimienta, también conocido como spray de pimienta, es un agente químico inflamatorio que puede causar ceguera temporal, sensaciones de ardor en la piel, espasmos musculares y dificultades respiratorias. Su uso en contextos de manifestaciones puede resultar en heridas corporales graves y desencadenar episodios cardíacos, respiratorios y psíquicos”.
Valdés fue uno de los diputados nacionales heridos en los incidentes del pasado 12 de junio cuando el Senado trataba la Ley Bases. Del mismo modo, el texto explicó que el uso de esta herramienta produce “ceguera temporal de 15 a 30 minutos, ardor en la piel por 45 a 60 minutos, espasmos de la parte superior del cuerpo y tos que dificulta la respiración y el habla”.
Agregó, también, que “un químico de este tipo tiene la intención de lesionar a quienes se movilizan y su uso incorrecto puede tener consecuencias graves para la salud”.
El diputado luego de sufrir en carne propia el uso del gas pimienta el pasado 12 de junio.
En esa línea, se refirió a lo ocurrido en las afueras del Congreso con el tratamiento de la Ley Bases: “La represión desatada por las fuerzas de seguridad dejó un saldo preocupante de víctimas de abusos”. “La utilización irresponsable y desproporcionada de gases MK-9 generó dificultades respiratorias y lesiones oculares tanto en manifestantes como en legisladores y personal del Congreso”, aseveró.
Por último, Valdés enfatizó que: ”el Poder Ejecutivo, sus fuerzas de seguridad, y la Justicia deben garantizar estos derechos fundamentales y la libertad de expresión de la comunidad, no habilitando el uso de gases que han demostrado lesionar la salud de los manifestantes”.