La misma fue presentada por el legislador porteño Facundo Del Gaiso quien calificó la conducta del gremialista como “intimidatoria” que “presupone la puesta en riesgo de la seguridad y salubridad de los que habitan y concurren diariamente a la capital porteña”.
Tras la medida sindical de Camioneros que dejó llenas de basura las calles de la Ciudad, el legislador porteño Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) denunció este martes al titular del gremio, Pablo Moyano, por el delito de extorsión que quedó asignada por sorteo al Juzgado Federal n°5 y registrado bajo el Nro. CFP 2897/2024.
“Las calles de CABA aún siguen con basura por culpa de los chantajes. Pero se va a terminar, no aceptamos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia”, expresó el legislador a través de sus redes sociales.
La denuncia contra Moyano es “por la presunta comisión del delito de extorsión” y reclama que la conducta del dirigente camionero sea “calificada no menos que intimidatoria con una clara intencionalidad de cercenar el margen discrecional que el marco jurídico del Sistema de Compras y Contrataciones les confiere a las autoridades contratantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En el texto también señala el legislador que la extorsión, "en los términos del artículo 168 del Código Penal", reprime con prisión "de cinco a diez años".
También platea que “resulta incongruente adoptar una medida de fuerza gremial, en el marco del servicio de recolección de residuos cuyos supuestos incumplimientos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no han sido formalmente denunciados antes las autoridades competentes, y en defensa de trabajadores de una eventual contratación por parte de dicho Gobierno; sin claro tener otras intenciones que la intimidación y extorsión de las autoridades locales”.
A su vez, señala que la medida de fuerza en la supuesta defensa de los choferes de grúas "no tiene otra finalidad que obtener la firma del Sr. Jefe de Gobierno, Jorge Macri, de la adjudicación" del servicio que brindan las empresas Ashira S.A. y Transportes 9 de Julio S.A., ambas compañías, según el legislador, "de pública vinculación" con Camioneros.
“La amenaza de interrupción del servicio de recolección de residuos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por los choferes agremiados en el Sindicato de Choferes de Camiones es una clara intimidación que presupone la puesta en riesgo de la seguridad y salubridad de los que habitan y concurren diariamente a la capital porteña”, señaló.