Yamil Santoro (RU) alertó que algunos de los miembros de ese gremio estarían utilizando la “intimidación o fuerza” contra Jorge Macri para “exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones”, tras su decisión de dar marcha atrás con la licitación de las grúas.
Luego de que se acumularan en las calles la basura y se viralizaran los videos en donde los camiones recolectores arrojaban los residuos a la vía pública, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro denunció por “atentado a la autoridad” a integrantes del gremio de Camioneros.
La presentación judicial también lleva la firma de los abogados Juan Fazio y José Magioncalda, en la cuál se alega la posible comisión del delito de atentado contra la autoridad, conforme al artículo 237 del Código Penal.
Según las publicaciones periodísticas citadas en la presentación judicial, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, rechazó una “protesta extorsiva” llevada a cabo por el sindicato de Camioneros. Esta medida de fuerza dejó a la Ciudad inundada de basura y motivó al Gobierno porteño a suspender la preadjudicación de un millonario contrato de acarreo de grúas de automóviles, el cual resultaba “muy oneroso y comprometía las arcas públicas con una erogación de 360 millones de dólares y un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas”.
Asimismo, se detalla que Jorge Macri afirmó que la decisión se tomó debido a los altos costos y al impacto financiero negativo para la Ciudad. Según el alcalde porteño, la protesta del sindicato de Camioneros podría estar vinculada a la empresa de acarreo Ashira-Ecoba SA, sospechada de tener vínculos con el sindicato.
En un video compartido por el jefe de Gobierno en redes sociales, se observa cómo un camión de basura vuelca adrede su contenido en una avenida de la Ciudad. Por lo que los hechos denunciados podrían encuadrarse en el tipo penal de atentado contra la autoridad, que implica el uso de intimidación o fuerza contra un funcionario público para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.
En este sentido, desde RU sostienen que “las acciones del gremio de Camioneros intentaron forzar a las autoridades porteñas para que dejara sin efecto una decisión legítima con importantes implicancias económicas”.
La denuncia solicita que se requiera al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los videos de cámaras en la vía pública para corroborar los hechos y determinar los datos del camión y los responsables. Además, se pide investigar los hechos denunciados y aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten autores de los mismos.