La Comisión de Industria de Diputados se reunió este martes para comenzar a debatir el proyecto de ley anticaries o de fluoración de la sal para el consumo humano ante la cual expusieron representantes del sector alimenticio quienes plantearon una serie de modificaciones al respecto. También escucharon referentes de entidades relacionadas con la problemática actual que atraviesa la Industria Naval y pasaron a la firma un puñado de proyectos de resolución.

En representación de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), disertó respecto a la Fluoración de la sal para el consumo humano, Walter Ferro, presidente de la Federación Argentina de productores de sal, quien manifestó que “históricamente siempre colaboramos en las leyes con aportes para contribuir en la viabilidad de los proyectos”. Así recordó el aporte a la Ley 26.905 de promoción de reducción del consumo de sodio y se aseguraron que “la ley alcanzara los objetivos dentro de las posibilidades técnicas. Cuando se promulgó hicimos trabajos para incorporar nuevos alimentos al Código Alimentario Argentino con menor contenido de sodio que era el objetivo de la ley”.

Sobre la temática puntual dijo que “intención es de contribuir y mejorar la factibilidad de que el producto propuesto llegue a todos los consumidores que lo requieran”, y comentó que presentaron propuestas de mejoras. “Proponemos sal de calidad alimentaria adicionada con flúor para colaborar con la salud bucal de las jurisdicciones con baja concentración de flúor en el agua potable”, se refirió al artículo primero y precisó: “Proponemos que se mencione no sal de mesa sino sal de calidad alimentaria porque en el Código alimentario la sal está tipificada de esta manera”, y alertó que si se aprueba la ley tal como está redactada “no va a coincidir” con la denominación del producto.

“El espíritu de la ley es permitir la comercialización de una sal Iodofluoreada en el territorio argentino y no generar una obligación, por eso, proponemos que este espíritu quede reflejado en la ley”, agregó Ferro y explicó que el proceso de flúor en la sal “requiere de muchos ajustes para alcanzar la cantidad establecida y es un proceso que tiene muchas dificultades para lograr la estabilidad en la concentración”.

Ferro también propuso que se excluya de la ley la sal de uso industrial de la cárcel normativa siguiendo el tratamiento del Código alimentario argentino da para el agregado de yodo en el artículo 1272. A su vez, planteó modificaciones en el artículo 4 inciso C aclarando que “debe diferenciarse el arte de las etiquetas y no de los envases. También proponemos que el arte de las etiquetas de la sal yodo florada tenga fondo predominante con la combinación de colores amarillo y verde”.

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En cuanto al artículo 5 que establece la reglamentación de la ley por 180 días, planteó: “Entendernos que el espíritu de la ley es permitir la comercialización de una sal yodo fluorada en el territorio argentino y no generar una obligación y queremos que ese espíritu quede reflejado en la ley”.

“Proponemos también que la disponibilidad de la sal yodo fluorada sea en una sola referencia, con un solo gramaje y contenido neto de cada tipo de sal”, agregó y cerró: “Queremos que la ley deje en claro que la industria no es responsable ni tiene medios para asegurar que la sal yodo fluorada se comercialice en jurisdicciones donde su consumo no es recomendable”.

También participó, Juan Pablo Passini, integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de productores de sal, explicó que “el agregado de yodo es Ley desde el año 67’ y es inmutable. Esta ley hace referencia al agregado del flúor para el cuidado de la salud dental”.

“Todo exceso de yodo se elimina del cuerpo y no deja consecuencia, es un producto inocuo en caso de consumirse en exceso. En el caso del flúor no es así, porque en el caso de una persona que ingiera demasiado flúor hay un cuadro de fluorosis por eso entendemos que es importante que los organismos gubernamentales encargados de atender la salud de cada población determinen los casos donde existe un caso de exceso de flúor y desaconsejen el uso de sal yodo fluorada”, explayó.

El texto que refiere al consumo de sal fue impulsado por el tucumano Pablo Yedlin en su etapa como senador nacional. El proyecto tiene media sanción de la Cámara alta, ocurrió en septiembre 2023, y el correspondiente despacho de Acción Social y Salud Pública en Diputados, de mayo 2024, que impulsó el propio Yedlin en su condición de presidente de esa comisión.

Este proyecto autoriza en todo el territorio nacional la elaboración, comercialización y consumo de sal de mesa enriquecida con flúor en una concentración de 200 ppm a 250 ppm para colaborar en la prevención de las caries dentales y mejorar la salud bucal de la población.

Las sales sin contenido de sodio o con bajo contenido del mismo, podrán ser enriquecidas con flúor en la misma concentración citada.

Según estudios realizados en nuestro país, las caries dentales afectan al 90% de la población nacional, siendo la zona norte y especialmente noroeste, donde se encuentran los promedios más altos en personas con caries dentales y es donde las limitaciones al acceso de servicios de salud agravan la prevalencia y severidad de la enfermedad y las consecuencias de las mismas.

Representantes del sector naval y de la copal

Otro tema analizado en el seno de la comisión fue la problemática que atraviesa el sector naval, respecto de lo que expuso Francisco Banegas, secretario General de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), seccional Ensenada, trabajador del Astillero Río Santiago, explicó que “hace tiempo venimos transitando el Congreso en busca de la reactivación definitiva de la industria” que es considerada como “la madre de las industrias”. Así recordó que en el 2017 concretaron un proyecto de ley de unidad que establecía un financiamiento y fue votada de forma unánime.

“Somos un país en el que tenemos uno de los mayores sistemas de navegación fluviales, de una de las cuencas más importantes del planeta”, manifestó. A su vez, propuso que en la delegación de obras públicas del ejecutivo se permita el dragado del canal Magdalena; que los buques se construyan en astilleros nacionales; que se regule en 5 años el periodo de entrada de buques usados; y un fondo de financiamiento flotilla, entre otros.

Por su parte, Juan Speroni Hernández, secretario General del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), expresó la “necesidad de un proceso de industrialización para tener competitividad”.

“Es una cadena que multiplica el empleo y necesita alta capacitación en donde se desarrolla la matriz de los trabajadores ya que hay multiplicidad de oficios”. Luego de aportar que hay 10 mil trabajadores distribuidos en astilleros públicos, privados y en talleres navales y la cadena naval partista, solicitó el anclaje de un fondo de financiamiento y un bono que marcaba una asimetría para equilibrar los costos, además de que se incorpore a la industria naval como bienes de capital.

Por otro lado, la comisión completó la designación de sus autoridades siendo elegido para ocupar la secretaría primera el liberal Gerardo González. También se aprobaron proyectos de resolución que declararon de interés de la Cámara a la inauguración y puesta en funcionamiento de la primera planta industrial de América Latina que producirá aceite de soja a partir de la utilización de energías renovables, ubicada en la localidad de San Andrés de Giles; a la "Reunión de la Junta Nacional de Inspección de Calderas y Recipientes a Presión" organizada por el INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial-, a realizarse del 18 al 20 de septiembre de 2024, en Neuquén; Y a la ampliación de la planta de John Deere que aumentará la fabricación de pulverizadores y sembradoras en Las Rosas, provincia de Santa Fe.