Se llevó a cabo el plenario entre Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara baja, donde se avanzó con la iniciativa que propone aumentar las penas a delitos de narcotráfico, trata de personas y venta ilegal de órganos, entre otros. Cuál fue la postura de UP.
Las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados se reunieron este miércoles en un quinto encuentro plenario para pasar a la firma el texto sobre abordaje integral del crimen organizado, más conocido como “ley antimafias”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
En su tercera reunión del día, la titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, confirmó el despacho de la iniciativa mientras se llevaba a cabo el tratamiento del proyecto de ley que propone la baja en la edad de imputabilidad. Luego, en presencia del diputado nacional José Núñez, presidente de Seguridad Interior, se formalizó el dictamen.
El proyecto de ley enviado desde el Poder Ejecutivo contó con el apoyo del oficialismo, el bloque Pro, el radicalismo y algunos integrantes de Hacemos Coalición Federal. Asimismo, desde la bancada multisectorial, algunos diputados firmaron con disidencias parciales.
A su vez, la oposición más férrea, puntualmente el bloque Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo al proyecto, el cual fue informado por el diputado rionegrino Martín Soria.
El proyecto de ley impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, propone delimitar la procedencia de la aplicación de medidas a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal.
Ante estos crímenes, la iniciativa contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.
Por otro lado, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.
Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.
A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de “reiterancia”. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la “reiterancia”, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.