Funcionarios expusieron en un plenario de comisiones del Senado. El oficialismo quiere introducir modificaciones a la media sanción que salió de Diputados. La oposición dialoguista deberá decidir si acompaña o no.
Fotos: Comunicación Senado
Al reanudarse el debate del proyecto de ley de movilidad jubilatoria en comisiones del Senado, funcionarios del Poder Ejecutivo enfatizaron este miércoles sobre el impacto fiscal que tendría la ley en caso de aprobarse tal cual vino de la Cámara de Diputados. Por eso, la intención del oficialismo será introducirle modificaciones, y evitar así también un veto presidencial, ya anunciado por el presidente Javier Milei en referencia a esta iniciativa.
La Libertad Avanza y sus aliados del Pro estarían dispuestos a sostener sólo algunos aspectos de la ley, entre ellos la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación -que ya rige por DNU-, pero buscarían un dictamen que quite puntos tales como la garantía del piso del haber mínimo (referenciado en la Canasta Básica Total) y el artículo sobre el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales.
El radicalismo y bancadas provinciales deberán ahora decidir si acompañarán o no al oficialismo en su propuesta en la Cámara alta. En Diputados, el consenso había sido alcanzado entre los bloques dialoguistas -entre ellos la UCR- y la oposición más dura. La aprobación se alcanzó con dos tercios de los votos, mayoría que de repetirse en el Senado complicaría los planes de veto del Ejecutivo. Si bien lo podría hacer, ambas cámaras podrían tratar nuevamente el proyecto y, si obtiene los mismos números, el Gobierno estaría obligado a directamente promulgarlo, según el artículo 83 de la Constitución Nacional.
En cambio, si el oficialismo junto a la oposición dialoguista acordaran cambios, el texto volvería a Diputados, donde desde Unión por la Patria ya desconfían en que bloques como la UCR mantengan la versión original.
La discusión se retomará el martes próximo, con la intención de dictaminar ese mismo día o el miércoles, para llevarlo al recinto una semana después, el jueves 15 de agosto. Esto fue lo que planteó en el arranque la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la macrista Carmen Álvarez Rivero, que propuso que el próximo martes se continúe en una reunión informativa con expositores invitados, para un día después poder dictaminar. “Y el jueves siguiente (15 de agosto) poder tener la sesión y tratar el tema”, agregó.
Al cruce salió el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, quien recordó que en la última sesión pidieron el tratamiento sobre tablas porque “la prioridad (de los jubilados) es urgente”, y consideró que el cronograma propuesto “es una forma de dilatar el tratamiento”. El formoseño acusó al Gobierno de tener como prioridad, en cambio, al “mentiroso superávit fiscal”.
El opositor desafió entonces a “si hace falta hacer la sesión el jueves y tratarlo sobre tablas”, porque “con esta dilación nos vamos a octubre”, en referencia a cuándo la clase pasiva podría acceder a la recomposición que se propone. “No sé si están esperando que se muera una cantidad importante de jubilados para llegar al déficit cero”, lanzó e insistió: “Instamos a hacer sesión si es posible mañana mismo”.
El presidente de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, reveló entonces las intenciones del oficialismo de introducir cambios a la media sanción. Cuando se aprestaba a enumerarlas, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio reclamó que sea después, y que se pasen directamente a las exposiciones de los funcionarios.
Comenzó así en primer lugar Carlos Guberman, secretario de Hacienda, quien dijo que no iba a entrar en la discusión sobre la necesidad de mejora de los haberes de los jubilados, sino “en el impacto que tiene sobre las cuentas públicas” el proyecto de ley. Recordó que “un objetivo importante del Gobierno es tener equilibrio fiscal este año y hacia adelante” y actualmente “no hay ninguna forma de financiamiento disponible más que la recaudación de impuestos”.
“El equilibrio fiscal se sustenta en una serie de medidas que tienen una mirada de cuidado sobre los sectores más vulnerables”, aclaró el funcionario, que mencionó el DNU 274/24 a través del cual se modificó la fórmula de movilidad. En comparación con la media sanción de Diputados, afirmó que veía con “agrado” que contemplara el IPC en el cálculo, al igual que el DNU.
Sobre el adicional del 12,5% que se otorgó en abril, Guberman explicó que fue esa cifra por “dos motivos: primero, tenemos la convicción de que no podemos dejar que se sigan atrasando los haberes jubilatorios; y en segundo lugar, era el máximo esfuerzo que el Poder Ejecutivo estaba en condiciones de afrontar de manera sostenible”.
Al analizar el incremento adicional del 8,1% que propone el proyecto (para equiparar a la inflación más alta del año, que fue la de enero, con 20,6%), el secretario de Hacienda aseguró que “tiene un impacto bastante significativo” que este año estaría “en torno al 0,3% del PBI y el año que viene más del 0,4% del PBI”.
Respecto de la garantía de haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total, señaló que “se está fijando un piso mucho más alto del haber mínimo del que está vigente en este momento”. Esto tendría “un impacto para el resto del año de aproximadamente 0,27% del PBI, y el año que viene del 0,77% del PBI. Todo esto se va haciendo acumulativo a lo largo del tiempo”, apuntó.
Al hablar del artículo 10, sobre el cumplimiento de la ANSeS con deudas a provincias por las cajas previsionales no transferidas y pagos de sentencias, Guberman sostuvo que el cumplimiento de eso haría que “el Estado no tenga superávit primario” y “tenga que salir a emitir deuda”.
“No venimos a discutir la equidad y justicia distributiva de las medidas, sino que venimos a hablar con números concretos y exponer cuál es el impacto fiscal de todo esto”, resumió y enfatizó que de aprobarse “todo” el proyecto tal cual está, “las cuentas públicas cerrarían en un déficit sustantivo” que sería “de un punto de gasto adicional del PBI este año y el año que viene de 1,2 más de gasto”.
Carlos Guberman
Al momento de las preguntas, el radical Víctor Zimmermann le señaló que “no habló del aumento adicional anual” por RIPTE, el cual -según la Oficina de Presupuesto del Congreso- “para 2024 no tendría costo fiscal”. “Con la OPC no tenemos diferencias significativas”, respondió Guberman, quien asintió que “efectivamente para este año no tendría efecto, empezaría a aplicar el año que viene” y “no sería un tema tan importante como otros artículos”. Sin embargo, opinó que “no es una medida acertada, desde el punto de vista de la sustentabilidad del sistema, incorporar esta lógica”.
Con varias críticas, desde Unión por la Patria el senador Mariano Recalde criticó que el Gobierno tenga al “dios equilibrio fiscal por encima de todo” y “a costa de cualquier cosa”. “Dicen que buscan el equilibrio fiscal cuidando a los más vulnerables; la verdad que no está ocurriendo eso”, expresó y afirmó que “el superávit fiscal trucho que exhiben se ha financiado recortando gastos”. “Del ajuste que hizo Milei en el gasto público, el que va en la delantera con el 29% son las jubilaciones y pensiones”, añadió.
Por su parte, el puntano Fernando Salino cuestionó que “el equilibrio fiscal para ustedes es una obsesión” y pronosticó que “los juicios (previsionales) no los van a pagar nunca”; mientras que su par de UP Silvia Sapag reprochó que respecto a la situación de las cajas no transferidas se alegue la realización de auditorías: “Lo mismo pasó con los comedores populares. ¿Tienen pensado hacer una auditoría sobre sus jefes, que ya se patinaron 44 mil millones de dólares y nos dejaron esa deuda con el Fondo Monetario Internacional?”.
Luego de la exposición del economista Ismael Bermúdez, habló el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, quien remarcó que “el sistema previsional argentino viene de décadas de crisis” y los jubilados “vienen perdiendo capacidad adquisitiva y derechos” hace años. “El Gobierno nacional se encontró con una situación que no generó”, defendió y señaló que hay “una situación de cierta injusticia respecto del sistema previsional contributivo” donde “la mayor parte de los jubilados que perciben la mínima son aquellos que se han jubilado comprando años de servicio a través de las diversas moratorias”.
“El Gobierno está dispuesto a cubrir la inflación de enero, creemos que no debería ser con efectos retroactivos a abril, sino agosto”, dijo sobre el proyecto.
Sobre los juicios previsionales, el titular de la ANSeS detalló que “de 200.000 juicios, 100.000 hay con sentencia firme; una cuestión que no es ni graciosa ni algo que uno desearía. “La litigiosidad no es un proceso cuya curva sea descendente, sino que se viene retroalimentando y la tendencia es ascendente. Tiene que ver con parches por las distintas leyes de movilidad que se han manejado y generan la industria del juicio”, aseveró.
Y precisó que el costo fiscal de la cancelación de esas sentencias supera “los dos billones de pesos, o el 0,35% del PBI”. Luego afirmó que a los beneficiarios con juicios que llevan más años se les va a pagar primero.
A la reunión también asistió Alejandro Chiti, extitular de la ANSeS, quien manifestó que “la movilidad no es para que los jubilados recuperen lo que perdieron, sino para mantener el poder adquisitivo. No hay que mezclar esto porque le hacemos daño al sistema previsional”.
