La trata de personas es un tema que volvió a la agenda parlamentaria a raíz del caso de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi dos meses. En ese marco, y a la espera de un proyecto del Senado sobre compra y venta de menores, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados mantuvo una breve reunión informativa sobre una iniciativa del cordobés Juan Brügge. 

El legislador de Hacemos Coalición Federal explicó su proyecto ante sus pares, mediante el que se busca modificar la redacción del artículo 145 bis del Código Penal. El nuevo texto plantea que “será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, el que ofreciere, captase, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, o para cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. El agregado se refiere a “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona”. 

“El delito de trata de personas es uno de esos delitos que se llaman dinámicos, porque están constantemente en cambio y evidentemente va mutando en sus técnicas, en sus medios, en sus formas de llevar adelante. Es un delito transnacional que impacta en lo más profundo del ser humano, que es la dignidad de la persona”, sostuvo el diputado. 

En su exposición, señaló que “a raíz de los hechos lamentables del caso Loan” concluyó en que “nuestra legislación no está del todo actualizada”. “Más allá de lo que ha avanzado el Senado en la tipificación concretamente de la venta de niños, nosotros entendíamos que el actual artículo que tipifica a la trata en el Código Penal, el 145 bis, está también desactualizado en función de lo que dice el derecho comparado”, explicó. 

A continuación, mencionó que el Parlamento Europeo ha sancionado recientemente una nueva normativa que va en ese sentido. También dijo que el agregado al Código Penal que propone va en línea con lo que establece el Protocolo de Palermo, al que Argentina está adherida hace más de 20 años. 

La reforma es para que el artículo se refiera “no sólo a la finalidad explícita de explotación, sino a las finalidades implícitas”, apuntó Brügge. “Viene a agregar una herramienta más para la Justicia y sirve también para combatir a la delincuencia organizada. La trata interna existe y es algo que tenemos que combatir, no solamente con la prevención, sino dándole herramientas concretas en el Código Penal a los jueces y fiscales”, finalizó. 

El diputado estuvo acompañado por Darío Vezzaro, con quien trabajó el proyecto. El abogado penalista puso como ejemplo que “en la justicia de Córdoba se ha iniciado un proceso acusando de trata de personas a los titulares de clínicas de fertilidad asistida, por la vulnerabilidad de mujeres donantes de óvulos”, un tema en torno al cual “se plantea la discusión de si hay o no trata”, algo que podría estar contemplado así si el artículo hablara de “otras finalidades”, como plantea la iniciativa, señaló Vezzaro.