En el comienzo de la reunión, Secretaría Parlamentaria leyó la redacción acordada en la previa del encuentro, pero desde UP sugirieron modificaciones. Cómo serán las penas para los delitos cometidos por profesionales y funcionarios públicos.
A casi dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes y tras acordar el pase a un cuarto intermedio en la última reunión del 10 de julio pasado, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunió este jueves para pasar a la firma el dictamen del proyecto que endurece las penas por la compra y venta de menores de edad en el Código Penal.
“Entiendo que llegamos a un acuerdo”, señaló en el inicio de la reunión la senadora radical Carolina Losada, autora del proyecto en cuestión. A continuación, la secretaria parlamentaria leyó la redacción de las modificaciones de los artículos 139, 139 bis y 139 ter, pero desde el interbloque Unión por la Patria propusieron modificaciones.
La redacción acordada entre el oficialismo y los dialoguistas proponía “penas de 4 a 10 años de prisión a quienes entreguen un menor mediando o no precio”, y la misma sanción a quienes actúen como “facilitadores e intermediarios”. Asimismo, establecía “5 a 15 años” en casos de que el delito sea cometido por funcionarios públicos y/o profesionales.
Sin embargo, la senadora riojana Florencia López (UP) cuestionó que en la previa a la reunión de la comisión que preside el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), “habíamos debatido que el 139 bis impondrá penas de 5 a 15 años a quien reciba y entregue a menores de edad”.
La senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) explicó que “para subsanar el agravante hay un delito base, que tiene una escala, y los agravantes de un funcionario público van con el tercio superior de la pena”.
Deseosos de que el dictamen saliera este jueves, la senadora Losada y el oficialista Pagotto cedieron espacio a las modificaciones pedidas por el interbloque opositor y el texto que pasó a la firma establece que “las penas serán de 5 a 15 para quienes entreguen a menores de edad", y también así "a los denominados intermediarios, y para profesionales y funcionarios públicos”. López explicó que “las sanciones de 4 a 10 años permiten acceder a distintos beneficios”.
La autora del proyecto Carolina Losada aceptó los pedidos de UP para avanzar con el dictamen.
De igual manera, se incorporó que “en caso de que el delito sea cometido por funcionarios públicos, la pena tendrá el adicional de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.
En el final, la senadora fueguina María Eugenia Duré (UP) pidió añadir un párrafo en relación a la venta de menores de edad “con fines adoptivos sin haber cumplido con la ley vigente”, tal como explicó la titular de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, Marisa Graham, en la última reunión informativa previa al receso. La senadora Carolina Losada aceptó la modificación y el dictamen pasó a la firma.
Cabe recordar que esta iniciativa recibió media sanción de la Cámara alta el 4 de julio por unanimidad -63 votos afirmativos-, pero volvió a comisión para su revisión en particular por la redacción del mencionado artículo. Una vez que sea puesto a tratamiento en el recinto del Senado, se votará por la aprobación de este artículo.