Ante la preocupante escalada de delitos que golpea al país y especialmente a la provincia de Buenos Aires, la senadora Flavia Delmonte (UCR + Cambio Federal) resaltó la necesidad de poner en marcha una reforma integral del sistema penal y de bajar la edad de imputabilidad.

En ese marco, se refirió al proyecto del Poder Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, advirtiendo que el mismo “no solucionará la creciente inseguridad” y que “propuestas simplistas que sugieren que una ley puede resolver un problema estructural son inadecuadas”.

Por otro lado, recalcó que “la violencia diaria refleja un aumento de la delincuencia en áreas marginales con falta de oportunidades, educación y contención” y detalló que América Latina y el Caribe, con el 8% de la población mundial, concentran el 33% de los homicidios globales.

Frente a este contexto, aseguró que Buenos Aires no es una excepción, “especialmente con el narcotráfico y las mafias exacerbadas por la crisis económica, lo que lleva a más jóvenes hacia la delincuencia y las drogas”.

Como respuesta a esta problemática, Delmonte se refirió a la imputabilidad, definida como la capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuricidad de su conducta y ajustar su comportamiento a esa comprensión, y planteó que “modificar esta edad es razonable”, pero que debe hacerse “con seriedad y sin soluciones simplistas”.

“¿A qué edad una persona es consciente de que su acción es ilegal y que puede recibir una pena por realizarla?”, se preguntó la legisladora, y continuó: “No es una respuesta sencilla, pero en nuestro país es a los 16, una de las más altas del mundo, cuando en otros países varía entre 12 y 14, e incluso es tan baja como 7 en Irlanda o 10 en Inglaterra y Surinam”.

A su vez, consideró incorrecto que un joven de 13 años reciba una pena de adulto debido a que el sistema carcelario de Argentina está en crisis, con sobrepoblación, hacinamiento y corrupción, y enfatizó: “Las altas tasas de reincidencia demuestran que el sistema no resocializa y que muchos internos se convierten en profesionales del delito”.

Finalmente, planteó como fundamental “abordar este problema con consenso político, seriedad y trabajo” y debatir la modificación y actualización del fuero de responsabilidad penal juvenil en Buenos Aires “promoviendo la reinserción social de los jóvenes con educación y herramientas para el mundo laboral”.