El Gobierno nacional reglamentó la primera parte de la Ley de Bases (27.742), referida al título "Reforma del Estado" y, más precisamente, los capítulos sobre reforma administrativa, privatizaciones, procedimiento administrativo y empleo público.

El decreto 695/24, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Javier Milei; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

De acuerdo a la ley, el Poder Ejecutivo podrá disponer la reestructuración de órganos u organismos de la administración central o descentralizada, con la lista de excepciones que se establecieron en la norma.

Además, se lo autorizó a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos "de conformidad con las reglas establecidas en la misma y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable".

Sobre las privatizaciones, en los considerandos se señaló que "deviene necesario proceder a la reglamentación de los referidos capítulos con el fin de permitir su adecuada implementación".

Respecto de los cambios en procedimiento administrativo, el PEN apuntó que "en el marco de las reformas introducidas en relación con la figura del silencio o la ambigüedad de la Administración, y en atención a la diversidad de sistemas digitales y trámites existentes en las distintas reparticiones de la Administración centralizada y descentralizada, resulta oportuno encomendar a la Jefatura de Gabinete de Ministros aprobar el cronograma de implementación".

Asimismo, "corresponde instruir a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros a adoptar las medidas necesarias con el fin de permitir la adecuada implementación del silencio con efecto positivo conforme lo anteriormente expuesto", se agregó.

De acuerdo a la Ley de Bases, el ministro o el secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad sujeta a privatización deberá elevar al Poder Ejecutivo Nacional, previa intervención de la Agencia de Transformación de Empresas del Estado, un informe circunstanciado con la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización.

Una copia del informe deberá será remitido a la comisión bicameral del Congreso. Finalizado el proceso de privatización, la Auditoría General de la Nación evaluará el procedimiento.

Según la norma aprobada por el Congreso, en el caso de las empresas Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán “únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin” e “incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.

Como sujetas a total privatización quedaron Energía Argentina e Intercargo S.A.U.; y en el esquema de privatización/concesión AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

Por otra parte, sobre empleo público, se establece que "el cumplimiento de las condiciones previstas para el ingreso a la Administración Pública Nacional deberá acreditarse, en todos los casos, con carácter previo a la designación en el correspondiente cargo".

"Sin perjuicio del régimen de selección que oportunamente se establezca, para la acreditación de la idoneidad y con carácter previo y obligatorio, se deberá aprobar una Evaluación General de conocimientos y competencias, diseñada y reglamentada a tal efecto por la Autoridad de Aplicación, la que será anónima. A tal fin, se utilizará un procedimiento para que cada persona evaluada sólo pueda ser individualizada luego de su calificación. La Autoridad de Aplicación determinará el puntaje mínimo requerido para la aprobación del examen y la cantidad de intentos que se podrá rendir", indica.

Entre otros puntos, cuando corresponda, los funcionarios públicos deberán presentar una declaración jurada patrimonial. También se ha estipulado que “no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica”.

El PEN también reglamentó un sistema de puntaje y sanciones para quienes incumplan sus funciones. Las infracciones contempladas incluyen llegadas tarde, incumplimiento del horario fijado, inasistencias y condenas judiciales, entre otras.

Adorni destacó la reglamentación de los cuatro puntos

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el portavoz presidencial explicó que se han reglamentado cuatro puntos muy importantes, incluidos en la Ley Base y las facultades delegadas: las privatizaciones; las reformas al empleo público y las reformas al procedimiento administrativo.

En ese sentido, apuntó: "La política construyó un Estado tosco, grande ineficiente y plausible de corrupción y acomodos", y comparó: "Esa fiesta el 10 de diciembre se terminó pues el presidente Milei aplicó un plan motosierra que jamás se vivió en la administración pública, de la República Argentina".

"En estos primeros 7 meses se han reducido un 32% el gasto público.  Esto es gasto que deja de sostener el contribuyente con sus espaldas y con el enorme sacrificio que hacen todos los días por trabajar y por salir adelante, en la República Argentina", precisó Adorni.

Además, sostuvo que "con las facultades, la administración va adecuar o cerrar cualquier organismo del Estado que no funcione. También se cambian las formas societarias de las empresas públicas, es decir, empresa estatal que se pueda privatizar se va, efectivamente, a privatizar".

También contó que "se incorpora un examen objetivo de competencias en el empleo público. La capacidad técnica ya no la determinará un funcionario un burócrata de turno, sino una computadora. Se endurecen las sanciones por incumplimientos y se obliga a descontar el día no trabajado. Así, empleado que para, empleado que no cobra".

Por último, comentó que "se introduce el proceso de silencio positivo para las autorizaciones y otros trámites que el Poder Ejecutivo determine. Este es un virtuoso mecanismo antiextorsiones y anti coimas porque implica que si el Estado no se expide, en un plazo de tiempo determinado, quién lo solicita quedará automáticamente autorizado y esto implica menor poder para los funcionarios y más poder, por supuesto, como corresponde para los ciudadanos".