El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, brindó este martes un amplio informe ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, que preside la mendocina Pamela Verasay, sobre el estado del área que maneja, en cuyo marco anunció el final de subsidio por parte del Estado nacional del servicio de transporte automotor de pasajeros en el AMBA. A partir del mes de septiembre, tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires deberán hacerse cargo del 100% de las compensaciones a las empresas del área.

De entrada, abordó el tema de los subsidios y “la bomba de tiempo” que encontraron en esa materia al llegar a la gestión y que tuvieron que “desactivar rápidamente para que el sistema se ponga de pie”.

Habló en ese sentido del sinceramiento de tarifas que tuvieron que implementar para que el sistema tenga mayor autonomía. Encontraron al llegar unas tarifas en las que los subsidios cubrían en el AMBA el 92% de los costos del sistema de transporte automotor de pasajeros.

Mogetta contó que lograron bajar del 92% al 67%, reducción que consideró necesaria por cuanto afecta al recurso de todos los argentinos.

Contó que el objetivo de la nueva gestión fue “eficientizar esos indicadores”, teniendo en cuenta que “las empresas deben tener una mayor autonomía del Estado, y sobre todo las empresas de transporte, que son privadas y deben manejar con mayor libertad sus ingresos y no estar condicionadas por el subsidio que paga el Estado”.

“Hemos establecido que desde el mes de septiembre la Ciudad de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones de sus 31 líneas, y el Estado nacional no va a poner un peso en la Ciudad”, anunció el funcionario, que habló de “una deuda pendiente” por cuanto el Estado nacional de distintos signos políticos venía manteniendo durante años y hoy se le pone fin por indicación del ministro de Economía, Luis Caputo. “Es importante remarcar que la medida va en línea con la normativa que dice que es competencia exclusiva del Gobierno de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires los servicios públicos de pasajeros automotor que inician y terminan el recorrido dentro de su territorio”, explicó Mogetta. En ese sentido explicó que el Área Metropolitana se compone de distintas jurisdicciones. Hay líneas que inician y finalizan sus trayectos en la provincia de Buenos Aires; líneas que inician y finalizan sus trayectos en CABA; y están las que cruzan de CABA a provincia de Buenos Aires y viceversa, y esas son las únicas que sostiene la Nación, que aporta compensaciones. “El resto las solventa el 100% CABA y el 100% provincia de Buenos Aires”, indicó.

El funcionario habló de la necesidad de “dotar de equidad” al servicio, y recordó que hasta diciembre pasado “el Estado nacional intervenía de manera muy distorsiva en las jurisdicciones del interior. Si bien distribuía un fondo compensador, establecía condiciones muy gravosas para poder acceder a ese fondo”. Consideró que eso establecía condicionamientos, partiendo del congelamiento de tarifas para poder cobrar el fondo. Para eso, “debían sí o sí adherir al sistema SUBE. Y esto es lo más llamativo, le exigían a las provincias el mismo monto que aportaba la Nación a su sistema, sin ningún estudio técnico, sin saber si esa provincia o distrito requería de esos fondos”.

Mogetta aclaró que “vamos a seguir subsidiando a través de SUBE a las 5.300.000 personas que son los beneficiarios con el aporte de 25 mil millones de pesos por mes, aproximadamente, en las 60 localidades del interior donde se está implementando SUBE”. Anunció también que esa tarjeta llegará ahora a ciudades que habían sido “postergadas” por razones políticas, como Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.

“Le solicitamos a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires sostener el aporte del beneficio del boleto integrado para 286 líneas que son de sus jurisdicciones, y ese es otro ahorro que va a hacer el Estado nacional, porque no había ningún motivo de sostener algo que representaba una discriminación más para el interior del país”, expresó el funcionario. Y agregó: “A partir del mes que viene se van a tener que hacer cargo del boleto integrado, que es el beneficio que tiene la red SUBE para el pasajero que se baja de un medio y accede al segundo transporte dentro de las dos horas. Ese descuento lo va a tener que cubrir Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires; el Estado nacional no lo va a cubrir más”. Con esto buscamos lograr un ahorro mensual de 8 mil millones de pesos al Estado nacional”.

Según el funcionario, “el destino final de esta política tiene que ver con la creación tan postergada y necesario de la creación del Ente Metropolitano de Transporte como una instancia de gobernanza que les dé mayor protagonismo a las jurisdicciones que integran el AMBA, para que así el Estado nacional deje de tener funciones que corresponden a un intendente”.

En el transporte automotor, el sinceramiento de tarifas en el AMBA se ha ido realizando a través de aumentos, el último de los cuales es el que se anunció este martes, contó Mogetta. “Cuando llegamos, en la primera etapa el boleto de colectivos estaba en $52 para el tramo inicial. El 1 de enero descongelamos la tarifa y pasó a $76,91. El descongelamiento le ha salido muy caro al Estado nacional -remarcó el secretario de Transporte-. En febrero pasó a $270, un 250% de amento. Y si contamos desde diciembre, el aumento fue de 420%, con lo que las tarifas quedaron igualadas con las principales ciudades del  interior. En esta tercera etapa desde el 12 de agosto se pasa de 270 a 371 pesos, lo que representa 37% de aumento. Desde diciembre de 2023, la actualización fue del 615%”.

“Lo que aporta el Estado representa un 57% del costo, prácticamente hemos bajado a la mitad el aporte que el Estado nacional realiza para cubrir costos del sistema de transporte automotor de pasajeros”, agregó, e insistió en que “el transporte de pasajeros no es un servicio que las provincias hayan delegado a la Nación; son competencia 100% de las provincias”, y habló de “un falso federalismo” que consistía en “repartir pesos exigiendo un sistema de pago monopólico, que a partir hoy ha dejado de serlo. SUBE no es más el único medio de pago; va a seguir siendo el canal para asistir a los más necesitados, pero hoy se ha publicado en el Boletín Oficial que los argentinos podrán elegir el medio de pago, ya sea con tarjeta de crédito o billetera fiscal, y en el futuro se ampliará a todos los medios digitales que elijan”.

Al anticipar los principales proyectos que están en desarrollo, Mogetta habló de la carga a bordo que se permitirá a los pasajeros que utilicen SUBE, o la implementación de la licencia de conducir permanente para conductores particulares.

El estado del sistema ferroviario

Franco Mogetta dedicó a continuación un buen tiempo de exposición para hablar del sistema ferroviario que encontró esta administración, haciendo hincapié en la “fragilidad” del mismo. “La última compra de material rodante fue hecha hace 10 años, y desde entonces no se compró un solo repuesto, y es lo que vamos a priorizar en esta emergencia ferroviaria”, explicó el funcionario.

Contó el funcionario que se ha creado un gabinete que incluye a las personas más experimentadas, que están asesorando para establecer qué priorizar.

La falta de repuestos influye en la reducción de servicios y su frecuencia. “Al no recibir mantenimiento, el material rodante queda fuera de servicio”, enfatizó Mogetta, que además hizo hincapié en la “canibalización” del material rodante: ante la falta de repuestos, se va desarmando unidades para reemplazar piezas dañadas.

“En uno de los informes que recibimos sobre el estado del sistema en 2023, nuestros inspectores dijeron encontrar estanterías vacías y consumibles vitales que no se cambian como es debido, tales como filtros de freno, gomas, caucho, etcétera, lo cual aumenta considerablemente los riesgos. Esta es la situación que hemos heredado y vamos a revertir con la emergencia implementada por el decreto presidencial”, puntualizó.

Al “estado de degradación en la infraestructura del sistema” adjudicó el funcionario el accidente registrado este año en proximidades de la estación Palermo. “Venimos describiendo un sistema precarizado, abandonado; las pocas cosas que se hicieron tuvieron fines políticos: obras que eran funciones más de intendentes, que del Estado nacional. Remodelación de estaciones, que no es que no sean buenas, pero no garantizan la seguridad”. Y a propósito de eso, destacó los avances con las autoridades del Ministerio de Seguridad sobre el robo de cables y vandalismo.

Detalló que hay en el país 300 kilómetros de tren que poseen señalamiento con una antigüedad de más de 30 años. “La mala gestión y falta de planificación ha hecho que se destinaran recursos a obras sobredimensionadas y que nada tienen que ver con el sistema. La gestión anterior ha destinado a obras civiles, que hacen al confort, pero no a la seguridad: estaciones o pasos a nivel, que son más del ámbito municipal que nacional”, detalló.

Habló luego del ATS, sistema automático de frenos para los trenes, adquirido hace 5 o 6 años y que no estaba implementado.

En otro pasaje hizo hincapié en el nivel de evasión en el pago de la tarifa, que cuantificó en más del 30%.