Representantes de organismos de Derechos Humanos asistieron este miércoles a la comisión homónima de la Cámara de Diputados, donde alertaron por la situación de los Sitios de la Memoria. La convocatoria se dio luego del reclamo que días atrás hicieran desde Unión por la Patria. 

En una misiva enviada a la presidenta de la comisión, la macrista Sabrina Ajmechet, la oposición denunció que “en lo que va de 2024, los Sitios de la Memoria han sufrido una gran cantidad de despidos, lo que pone en riesgo su preservación, regida por la Ley Nacional 26.691 y el decreto reglamentario 1986/2014, así como su normal desarrollo”. 

“Como consecuencia, esto pone también en riesgo pruebas materiales que pueden ser necesarias en los juicios de lesa humanidad”, agregaron, y pidieron la citación de los trabajadores de estos lugares y referentes de organismos en la materia. 

Así las cosas, este miércoles expusieron en el encuentro Claudia Careaga y Cecilia De Vicenti, familiares y compañeros de “los 12 de la Santa Cruz”; Guillermo Pérez Rosinblit, de Abuelas de Plaza de Mayo; Paula Eugenia Donadío y Virginia Franco, de H.I.J.O.S. Capital; Verónica Torras, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y Miguel Ángel D’Agostino, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención “Club Atlético”.

En primer lugar, Careaga relató su historia de la desaparición forzada de su madre durante la dictadura y también el posterior secuestro de su hermana. “Estuvimos muchos años buscándolas y recién en 2005 pudimos recuperar sus restos que aparecieron en las costas de Santa Teresita en diciembre de 1977. Fueron enterrados como NN y recuperados por el equipo de antropología forense”, detalló. Luego, criticó la visita de diputados libertarios a los represores en la cárcel de Ezeiza.

Por su parte, De Vicenti sostuvo que “la desaparición era no saber adónde estaba tu familiar, no saber qué le pasaba y no tener ninguna noticia”. En ese sentido, explicó cómo fue que Alfredo Astiz hizo para infiltrarse en la iglesia y el posterior secuestro de su madre. “Mi papá se murió sin saber y mis hijos no tuvieron abuela”, expresó.

Rosinblit, de Abuelas de Plaza de Mayo, contó cómo fue el secuestro de su familia en el local que tenía su padre en Martínez, provincia de Buenos Aires, y llevados a un centro clandestino en Morón. “Mi abuela tiene 104 años y todavía está esperando saber qué es lo que pasó con su única hija, dónde están sus restos y quién es responsable de su deceso”, manifestó, al tiempo que agregó: “Y yo vivo en un constante duelo, eterno, hasta no saber cuándo, cómo y dónde están los restos de mis padres, que continúan desaparecidos”.

“Tenía un año de edad cuando fui secuestrada y fui llevada al centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde torturaban y desaparecían gente”, comenzó su exposición Virginia Franco, de H.I.J.O.S. Capital. “Lo que me preocupa es qué va a pasar con los responsables de nuestro secuestro, si vamos a tener que caminar por las calles nuevamente con ellos, no entendemos cuál es la estrategia del Gobierno con respecto a esto. Esto genera impunidad”, advirtió.

También de H.I.J.O.S. Capital, Paula Eugenia Donadío comentó su historia familiar. “Mi mamá pudo declarar en el año 2013 ante un tribunal porque los organismos de DD.HH., los sobrevivientes y el pueblo argentino definió que la vía para no repetir esos crímenes, vivir en una democracia plena y que nos sirva a todos, era juzgar los crímenes de lesa humanidad”, subrayó.  

Verónica Torras, del CELS, hizo hincapié en que “este tema no es una cuestión partidaria ni de los organismos de DD.HH., esto tiene que ser un compromiso del conjunto de la sociedad argentina, del conjunto de las fuerzas políticas y sociales de este país”, enfatizó.

Como último orador, D’Agostino solicitó que la Cámara de Diputados pueda llevar adelante una investigación sobre lo ocurrido con los legisladores de La Libertad Avanza. 

Una vez finalizada las exposiciones, los legisladores avalaron el proyecto de resolución presentado por Pablo Yedlin (UP) de pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de la Ley 26.691, de "preservación, señalización y difusión de los Sitios de Memoria del terrorismo de Estado". María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza, no acompañó la iniciativa.