La diputada oficialista Susana González busca que la Cámara exprese su repudio a los diputados que visitaron a condenados por delitos de lesa humanidad.
La diputada bonaerense del Frente Grande, Susana González, presentó un proyecto de declaración en repudio a los diputados oficialistas de la Libertad Avanza por la visita a condenados por delitos de lesa humanidad por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar y sostuvo que “se trata de una acción claramente negacionista y reivindicativa del terrorismo de Estado”.
El 11 de julio, una comitiva de diputados oficialistas de la Libertad Avanza integrada por Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Arauj, se movilizaron en un vehículo oficial a la Unidad 31 de Ezeiza, donde visitaron a represores y genocidas, que fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
“Es una acción claramente negacionista y reivindicativa del terrorismo de Estado, y como tal merece nuestro absoluto repudio”, sostuvo González.
Entre los represores que recibieron a los diputados del bloque que responde al presidente Javier Milei y Victoria Villarruel, estaban entre otros Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti (ex agente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Adolfo Donda (ex oficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la ex diputada Víctoria Donda).
“El aberrante acontecimiento que no resiste precedente alguno a 40 años de la recuperación de la democracia”, se sostiene en los fundamentos, donde además señala que de acuerdo a las declaraciones del diputado Beltrán Benedit fue “organizado para visitar a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional", evidenciada en una fotografía recientemente dada a conocer donde “quedaron registrados los diputados oficialistas junto a los represores que participaron de la reunión”.
“Sin dudas lo acontecido implica lisa y llanamente una explícita reivindicación de los genocidas, un atentado al estado de derecho y genera el incremento de la violencia política, a la que se nos induce de forma permanente desde que se inició el mandato del actual presidente y su vice”, sostuvo la diputada.
Frente a la gravedad del hecho, condenado por casi todos los partidos y organismos de Derechos Humanos, el martes 6 de agosto diputados nacionales de UxP y del FIT, junto a Pérez Esquivel, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, Taty Almeida por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e integrantes de la organización HIJOS, plantearon el repudio y la expulsión del Congreso de los diputados libertarios involucrados en la visita a los genocidas.
Al respecto, y en el proyecto de repudio a los diputados oficialistas de La Libertad Avanza presentado por la legisladora bonaerense, destaca las palabras de Taty Almeida quien sintetizó claramente el objeto del mismo al expresar: "Señores diputados, está en manos de ustedes que realmente decidan que estos individuos no pueden seguir representando al pueblo" y al considerar que "como esto realmente es un delito político, políticamente hay que resolverlo”.
Asimismo, la iniciativa señala que el encuentro entre organismos de derechos humanos y diputados nacionales se produjo luego que se conociera públicamente el asesinato de Susana Beatriz Montoya, madre de un integrante de la organización HIJOS de Córdoba y viuda de Ricardo Fermín Albareda, militante del PRT-ERP y subcomisario de la Policía de Córdoba, secuestrado y desaparecido en septiembre de 1979.
Vale remarcar que, tras el crimen perpetrado con ensañamiento el pasado viernes en su domicilio se conocieron las pintadas con amenazas de muerte que incluían a sus hijos. Uno de ellos, Fernando, quien ya había sido intimidado con carteles con cruces esvásticas clavados con balas.
De igual modo, a esta “serie de hechos nefastos” debe sumarse que el pasado 7 de marzo, dos enviados del vice ministro de Defensa de la nación, Luis Petri “se reunieron con otros genocidas alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, entre estos, el ex capellán de la Policía bonaerense en plena dictadura, Christian Von Wernich; Julio Simón, conocido como el “Turco”o Julián; y Athos Renés, para trabajar un proyecto para dar por finalizadas las condenas o lograr el beneficio de la prisión domiciliaria”.
“La misma diputada libertaria Lourdes Micaela Arrieta, quien señalara que no conocía a Astiz por haber nacido en 1993, reconoció que está circulando un borrador de un proyecto de ley para moderar la situación de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad con sentencia firme” indica el documento.
Al respecto, González remarcó que “estos hechos, sintetizados en la foto de la reunión en Ezeiza de diputados libertarios con algunos de los peores genocidas de nuestra historia, junto a los discursos negacionistas y de odio que permanentemente circulan y se fomentan desde el gobierno, son en un todo repudiables y deben ser condenados por toda la sociedad incluyendo a sus representantes”.
“Memoria, verdad, y justicia, implica que "nunca más" podrán avalarse situaciones aberrantes y antidemocráticas como la visita de representantes del pueblo a genocidas condenados por delitos de lesa Humanidad. La democracia debe cuidarse con responsabilidad entre todas y todos, cada día, en cada acto y en cada hecho” concluyó la diputada bonaerense del Frente Grande, Susana González.