Con la voz de diputados autores de proyectos vinculados al tema, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuó con el debate de un nuevo régimen penal juvenil, discusión que se inició a partir del envío de una iniciativa por parte del Gobierno, donde propone llevar a 13 años la edad de imputabilidad.

Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda volverán a reunirse el próximo martes, según confirmó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión cabecera.

En el siguiente encuentro comenzarán las rondas con especialistas, que tratarán de ordenar en función de las distintas aristas que contienen las propuestas. En tanto, invitados que sean considerados por su experiencia personal o testimonio en particular serán convocados luego de los expertos.

Autor de uno de los proyectos más estrictos, ya que plantea llevar la edad de imputabilidad a los 12 años, el oficialista Álvaro Martínez arrancó su intervención: “La delincuencia ha crecido hace mucho tiempo por políticas criminales erráticas, donde la educación no era una prioridad, por políticas de escuelas cerradas, por políticas donde se prefería liberar a los presos que tenerlos cumpliendo una condena”.

“Estoy de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y en su gran mayoría con el proyecto del Ejecutivo”, afirmó, para recordar luego que la actual Ley 22.278 fue “hecha en la dictadura” y “es una ley netamente punitivista, que no respeta ni tiene tiene criterio de los derechos humanos. Creo que es una obligación que tenemos nosotros de actualizar esta norma”.

Sobre su propuesta de llevar a 12 años la edad de imputabilidad, el mendocino consideró que esto “va a ser de carácter disuasivo”. “Entendemos que menos menores van a cometer delitos”, dijo y agregó que “se va a estar protegiendo a la sociedad de actos delictivos graves”. Habló de la necesidad de “una intervención temprana por parte del Estado” para “para garantizar la reinserción y evitar la reincidencia”, al tiempo de “generar las condiciones para que los jóvenes no sigan el camino delictual”.

El legislador de La Libertad Avanza señaló que en la región, “Argentina y Cuba, ambos con 16, continúan con una edad alta de imputabilidad”, mientras que con 12 años están “Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Honduras”. “Establecemos los 12 años, porque ya tiene capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal”, aseguró.

Al exponer sobre su proyecto, la diputada del bloque Buenos Aires Libre Carolina Píparo explicó que el mismo “no está dentro del marco del debate del régimen penal juvenil”, sino que “tiene que ver con que se pueda tener en cuenta la reincidencia de los menores desde que son imputables”. “La cuestión de la reincidencia no cambia con la edad de quien comete el delito y este discurso viene siendo cancelado con la cuestión de la estigmatización”, apuntó.

La exlibertaria remarcó que “la reincidencia es un documento que debería tener un juez para ponderar la próxima pena. No es una creencia sobre, son hechos que ya están probados por la Justicia”. En ese sentido, “considerar la reincidencia es necesario, y yo creo que aún más cuando el camino del delito empieza a más temprana edad, porque sino esta conducta se termina consolidando y convirtiéndose en un hábito, pero sobre todo se siguen sumando víctimas”, expresó.

Píparo mencionó que en 2016, bajo la gestión de Germán Garavano al frente de la cartera de Justicia, cuando se debatió sobre esto, “los organismos de derechos humanos decían que ‘ningún pibe nace chorro’. Lo cual estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto ningún pibe nace chorro y tampoco queremos que se conviertan en chorros”. “Ahora, ¿qué hacemos? Porque una vez que una persona ha tomado el camino del delito debe ser tratado como tal, como un delincuente, incluso si es menor, porque mirar para el costado es una gran trampa y una hipocresía”, enfatizó.

Por su parte, la radical Carla Carrizo defendió que su proyecto recoge acuerdos y consensos del trabajo realizado en torno al tema durante la gestión de Cambiemos y pidió tomar “la edad como piso, no como techo, no podemos menos de 14. De 14 en adelante sí, menos de 14 no, la primera gran diferencia con el Gobierno”.

Además, subrayó que esta debe ser una ley que “tiene que trascender todos los gobiernos y perdurar”. “No es necesario empezar por el proyecto del Ejecutivo. Creemos que no es el mejor, no solo por los 13 años, sino por el sistema que propone”, dijo y aclaró que “esto no es una herramienta de gobernabilidad, es una cuestión de Estado”.

Desde Unión por la Patria, la diputada Natalia Zaracho aseguró que “no podemos discutir un régimen penal adolescente sin discutir el contexto en el que estamos”. “No estamos a favor del delito”, manifestó, pero planteó la necesidad de abordar una “propuesta integral que tiene que ver con la prevención y la no reincidencia”.

“Tiene que quedar la edad en 16, claramente la baja no garantiza que haya una política de seguridad”, opinó y reclamó “invertir en los lugares que ya existen (institutos de detención), que de hecho funcionan mal”. “La única opción que el Estado le ofrezca a los pibes no puede ser la cárcel”, sumó.

La dirigente del Frente Patria Grande también subrayó que se requiere de prevención, “urbanizando los barrios populares, garantizando que las escuelas públicas estén en buenas condiciones y no desfinanciando a los clubes de barrio”.

En último lugar, el diputado radical Manuel Aguirre consideró que este proyecto se debe “a la crisis de familia que tenemos”. “Mi intención es recuperar al ser humano, a los chicos, de la conducta desviada que tienen por muchas causas”, entre esas adicciones, educación, falta de trabajo, sostuvo. “Yo no quiero que cuando tengan 20 o 25 años tengamos que estar teniendo más cárceles”, afirmó y resaltó la necesidad de trabajar en la prevención. También llamó -respecto a la edad- a analizar “la madurez mental, si tenía la capacidad de entender o comprender lo que estaba haciendo”.