Una nueva tanda de invitados asistió este martes a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, en el marco de la continuación del debate que se inició sobre los proyectos referidos a “ficha limpia” para que personas acusadas por corrupción no puedan ser candidatos a cargos electivos.

En la docena de iniciativas presentadas hay matices sobre a partir de qué instancia judicial correría la restricción y qué delitos se incluirían. Los textos son impulsados por los bloques del exJuntos por el Cambio -Pro, UCR y CC-, pero también hay de La Libertad Avanza. Además, en la Asamblea Legislativa de este año, el presidente Javier Milei mencionó la propuesta dentro del paquete de “leyes anti-casta” que prometió impulsar.

El primer orador de la jornada fue el abogado Alejandro Fargosi, quien enfatizó que “no podemos tener regímenes jurídicos distintos para los políticos de los que hay para los ciudadanos, esto no puede ser, porque está mal. Los diputados y senadores, y los miembros del Poder Ejecutivo, no tienen ningún privilegio respecto de las personas comunes”.

Respecto del momento del proceso judicial a partir del cuál debería correr la prohibición, el exconsejero de la Magistratura opinó que “la sentencia en primera instancia, más allá de que no tenga carácter de cosa juzgada y por que por ende no exista culpabilidad establecida, debe ser un obstativo para la presentación ante cargos electivos”.

“No porque la persona sea culpable, que todavía no lo es, sino sencillamente porque el derecho político debe prevenir a la sociedad de los riesgos que implica que una persona que ha sido encontrada culpable, por lo menos en esa etapa procesal, tome un poder realmente superior al de cualquiera de los mortales”, sumó.

A su turno, la filósofa Diana Cohen Agrest aseguró que “ficha limpia” tiene como fin “impedir el acceso a un cargo para obtener fueros e impunidad”. “Una persona que cuenta con antecedentes penales no puede ser candidata”, afirmó y mencionó el “caso notorio” del expresidente Carlos Menem.

“En 2015 un tribunal lo condenó a cuatro años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el pago de sobresueldos; luego fue condenado a siete años de cárcel por contrabando de armas a Ecuador y Croacia”, recordó y mencionó que “el 9 de agosto de 2017, la Cámara Nacional Electoral resolvió que el expresidente no podría ser candidato al Congreso ya que tenía una condena por tráfico de armas, y apenas 20 días después, con una celeridad envidiable, la misma CNE rechazó las impugnaciones presentadas contra la candidatura a senador del expresidente”.

Agrest añadió que “en el 2018 la Cámara de Casación le ratificó la pena por la causa de sobresueldos, pero como a esa altura ya gozaba de fueros, continuó sentado en el Senado”. “Desde 2005 a 2021, cuando falleció, el Congreso fue su aguantadero”, dijo sobre Menem.

Por su parte, el abogado Alfredo Vítolo destacó que “no hay nada en la Constitución Nacional, no hay nada en los tratados internacionales de Derechos Humanos, que impida o transforme a estos proyectos en algo que violente alguna norma jurídica de rango superior”. “La decisión es política, le cabe a cada uno de ustedes. No hay nada que obligue tenerla, no hay nada que impida tenerla”, manifestó.

Vítolo lamentó que “la imagen que el común de la gente tiene del Congreso Nacional es triste, preocupante, lamentable”. Tras aportar datos sobre encuestas de opinión respecto al Poder Legislativo, el letrado apuntó que “la palabra casta” alude a “ser un grupo privilegiado; está la sensación popular de que muchos de ustedes están acá porque es una guarida de corruptos y ladrones, o que están calentando sillas para cobrar una dieta o como pagos de favores políticos”. “Esta es la imagen que hay que cambiar”, sostuvo.

Foto: (@FerIglesias)

El abogado Hugo Wortman Jofré remarcó que “hay que tratar de compatibilizar el derecho del ciudadano a elegir candidatos probos, honestos en sus funciones, con las garantías constitucionales del proceso penal”. “Pensamos que es muy sostenible la idea de doble conforme, con opinión del máximo tribunal penal de la Nación, rechazando el recurso extraordinario, ha agotado toda la vía recursiva que garantiza lo que mandan los tratados internacionales y la ley penal”, explicó.

Asimismo, advirtió que “la proscripción de la persona sin sentencia firme no puede extenderse in aeternum en el tiempo” sino que “tendría que tener un limitante temporal, por dos o tres electivos”.

Conectada vía Zoom, la periodista Fanny Mandelbaum, quien ha sido impulsora de “ficha limpia”, contó que cuando se enteró de esta propuesta por Twitter se preguntó “¿cómo hay que hacer una ley de ficha limpia? ¿Quién quiere tener un corrupto sentado en la Legislatura o en un cargo oficial? Veía a muchos corruptos que estaban y volvían a estar. No hace falta darles los últimos ejemplos, porque son suficientes”.

Y lanzó: “El más terrible de todos es un diputado que es pedófilo y no lo pueden detener a pesar de las pruebas porque tiene fueros. Y yo podría preguntar, ¿quién se siente orgulloso de tenerlo al lado?”. “Ficha limpia es imprescindible, no tiene nada que ver con un partido político”, añadió.

Martín Scotto, abogado especializado en derechos humanos y control público, señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda “terminar con la cultura de la impunidad” y “reconstruir la confianza en las instituciones”, y es allí “donde se sustenta este proyecto de ficha limpia, que es nada más y nada menos que una herramienta de lucha contra la corrupción”.

“Se trata de una inhabilitación temporaria, no es definitiva, es una medida cautelar para no afectar la presunción de inocencia”, subrayó y consideró que “si entendemos que la corrupción es un acto que viola los derechos humanos, esta prohibición es perfectamente aplicable a estos casos”.

Exdiputado nacional, el abogado Jorge Enríquez recordó la intención del otrora oficialismo Cambiemos de sancionar la ley de “ficha limpia” en 2019; durante ese debate parte de la coalición gobernante “no quería que se ampliara a otros delitos que no sean los de corrupción, y los dolosos quedaron fuera”.

Enríquez opinó que en esta oportunidad debe aprobarse la prohibición para “todo tipo de delitos” y “con una sentencia de primera y de segunda instancia”, esto además por los tiempos que conllevan las causas de corrupción hasta llegar a condena firme.

“La presunción de inocencia tiene raíz penal y la limitación al ejercicio no activo, sino pasivo, de los derechos electorales, tiene raíz político-electoral”, observó. “El cambio de época está mostrando que esta ley resulta cada vez más imprescindible. La ciudadanía está harta que los cuerpos políticos se transformen en un refugio de los delincuentes. Si sancionan la ley vamos a fortalecer el sistema democrático en Argentina”, finalizó.

Según informó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, la próxima reunión será también informativa, con invitados propuestos por Unión por la Patria.