El Gobierno ganó una semana. O no, se verá según lo que termine sucediendo en el Senado, cuando el jueves 22 de agosto y no este jueves 15, se realice la sesión para debatir entre otras cosas movilidad jubilatoria. Un proyecto que viene con media sanción de Diputados y que el presidente ya anticipó que vetará, pero cuyo destino todavía no se ha resuelto por completo.

En busca de lograr apoyos en torno a la reforma electoral y verificar qué puede hacerse con la movilidad jubilatoria, representantes del Gobierno se reunieron este martes con jefes de bancadas dialoguistas en el Senado.

Contrariamente a lo que se había especulado originalmente, no estuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sí asistieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

Allí se habló sobre el tratamiento de Boleta Única en Papel y se acordó avanzar en una propuesta oficial para destrabar la situación de empate que se da a partir del dictamen elaborado por la rionegrina Mónica Silva, partidaria de una BUP por categoría, como rige en la provincia de Santa Fe. El oficialismo podría avenirse a acercar posiciones con esa propuesta para aprobar el proyecto con modificaciones y que luego Diputados resuelva.

El otro tema que se trató es la ley de Movilidad Jubilatoria. El proyecto cuenta con media sanción de Diputados también, pero esa es una media sanción que el Gobierno rechaza, a tal punto que el presidente Javier Milei anticipó su disposición a vetarlo. El tema debe ser tratado en la próxima sesión y el oficialismo consiguió acordar que en lugar de este jueves, se debata el siguiente, de modo tal de negociar hasta entonces. Se verá si el oficialismo consigue morigerar algo del dictamen, o bien termina acordando que el veto presidencial no sea total. En cuyo caso podría el presidente promulgar parcialmente la parte no vetada siempre y cuando el veto no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso. Las modificaciones estarían en el sentido del contenido del dictamen de minoría, sosteniendo la actualización por inflación -que ya está en el DNU- y aceptaría la recomposición del 8,1%. El Gobierno no quiere en cambio que en marzo de cada año se aplique un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE), ni tampoco el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.