El oficialismo consiguió en la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves.

La votación resultó con 146 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones. Ahora deberá tratarse en el Senado. El debate contó con la presencia de referentes de Madres del Dolor, que la semana pasada, cuando fracasó por falta de quórum la sesión, también habían asistido.  Entre ellas estuvieron Isabel Yaconis y Jimena Adúriz, cuyas hijas –Lucila Yaconis y Ángeles Rawson, respectivamente- fueron víctimas de femicidio. 

El texto es parte del conocido “paquete Bullrich”, un conjunto de iniciativas promovidas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre las que también está la ley antimafias.

El Registro funcionará en el fuero federal y nacional, pero se podrán firmar convenios entre la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios.

Un artículo caído y modificaciones en particular

Durante la votación en particular, la redacción del articulado sufrió modificaciones luego de que el artículo 2 resultara rechazado con 126 votos negativos, 111 votos afirmativos y 2 abstenciones. Tras casi una hora de cuarto intermedio, los bloques acordaron una nueva redacción que establece que el Registro de Datos quedará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y no del de Seguridad como pretendía el Ejecutivo. La votación resultó con 231 votos afirmativos, 0 negativos y 7 abstenciones.

El artículo 3 quedó igual y fue aprobado con 145 votos afirmativos, 92 negativos y 0 abstenciones. No corrió la misma suerte el artículo 4 que sufrió cambios en su redacción, puntualmente el inciso “E” que quedó de la siguiente manera: “Perfiles genéticos de una persona mayor de edad imputada, procesada o sobre la que recayese resolución judicial equivalente, o condenada en un proceso judicial o huellas que se encontraron asociadas con su identificación, así como los perfiles de quienes no fueron condenados por mediar una causa de inimputabilidad penal. A los fines de esta ley se considerará persona imputada desde el primer llamado efectuado con el objeto de recibirle declaración indagatoria o equivalente. En el caso de los menores de edad, sus perfiles genéticos solo podrán ser Incorporados si fueron declarados penalmente responsables por la comisión de un delito. Los datos serán removidos cuando la persona Imputada, procesada o condenada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosa juzgada, o cuando no se haya resuelto la situación procesal y la etapa de Investigación se extienda por más de tres años”. Así, resultó afirmativo con 232 votos a favor, 5 negativos y 0 abstenciones.

En el artículo 5, Laura Rodríguez Machado precisó que se modificó: “Se considera persona imputada desde el primer llamado a la primera indagatoria” y que ““los datos serán removidos cuando la persona imputada, procesada o condenada sea desvinculada de la investigación procesal”. Resultó afirmativo con 145 votos a favor, 93 negativos y 0 abstenciones.

En tanto del artículo 6 se quitó la frase “delitos culposos” y se aprobó con 231 votos afirmativos, 5 negativos y 0 abstenciones. Del artículo 7 se modificó “de encontrarse compatibilidad reiterar la extracción de la muestra bajo orden judicial del órgano competente” siendo aprobado con 231 votos afirmativos, 5 negativos y 0 abstenciones hasta el artículos 11.

En el artículo 12 que crea el art. 12 bis, se modificó el párrafo “y en caso de negativa, la obtención de la muestra se obtendrá mediante orden de autoridad judicial competente (se elimina la expresión “compulsiva”) resultó aprobado con 231 votos a favor y 5 en contra. Del artículo 13 al 18 fueron aprobados con 145 votos afirmativos, 92 negativos y 0 abstenciones.

El debate

En el arranque del debate, la miembro informante del dictamen de mayoría, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, destacó que entre los bloques “hay absoluta coincidencia en que hay que modificar esta ley, que hay que ampliar el Registro, que hay que incorporar el ADN de contacto para que se sumen nuevos perfiles”, y que “los despachos en disidencias no tienen que ver con el contenido central, que es ampliar el Registro” sino con “detalles”. 

Para la legisladora del Pro, esta modificación “nos va a permitir incluir más perfiles genéticos; la ley que vamos a modificar solo incluía a quienes ya estaban condenados por delitos contra la integridad sexual”. “Para las personas que actualmente se encuentran procesadas vamos a incluir su perfil genético por el lapso de cuatro meses”, precisó. Luego, ponderó el ejemplo de la provincia de Mendoza, donde un registro de estas características funciona desde 2016 y permitió “el esclarecimiento de más de 4.000 casos penales con casi más de 1.000 coincidencias de huellas genéticas que se encontraron en lugares de delitos y con perfiles genéticos que había en este banco”. 

 “Es uno de los proyectos más importantes en materia de investigación criminalística desde el año 1912”, opinó la cordobesa, quien recordó el caso de Lucila Yaconis en 2003: “20 años después la causa de Lucila está abierta”. 

Para Rodríguez Machado, de esta manera se va a “ampliar la posibilidad para que muchas madres y mujeres puedan encontrar a través de este nuevo sistema quienes son sus victimarios”, y “le demos una instrumento a la Justicia para que eso cambie”. “Vamos a evitar que sigan sueltos violadores que están sueltos en las calles todos los días”, agregó. 

El dictamen de minoría fue defendido por el diputado de Unión por la Patria Martín Soria, quien resaltó que durante el gobierno kirchnerista se había creado el Banco Genético original, y ponderó el avance de esta norma puesta en debate, aunque aclaró que “lamentablemente” no se habían podido zanjar diferencias de criterios que consideró “fundamentales” con el dictamen de mayoría, por lo que se vieron “obligados” a emitir una propuesta que UP que considera “superadora”.

Habló de diferencias puntuales que planteó en “tres ejes centrales”. El primero, “la inconveniencia de que este registro sea traspasado desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich”. El segundo punto de discrepancia es “la toma de muestras de ADN” en cualquier tipo de delito. Y el tercer elemento tiene que ver con “la designación sin concurso ni criterios técnicos del director de Huellas Genéticas, y la imposición de reemplazar el software gratuito nacional creado en 2013 y que entró en operatividad entre 2021 y 2023 por un software extranjero, el CoDIS del FBI”.

“Proponemos que el registro continúe como hasta ahora en el ámbito de Justicia, dotándolo de autarquía funcional y financiera, asegurando una mayor protección en los datos y perfiles genéticos -señaló el rionegrino-. El uso de datos genéticos y la regulación de esos datos debe ser muy rigurosa, tenemos que ser muy claros en qué casos debe ingresar una persona a ese registro. No puede quedar al arbitrio de cualquier ministro o directores políticos de turno, sin orden judicial”.

Y agregó: “Nuestro proyecto dice que debe respetarse el cumplimento irrestricto de la Ley de Datos Personales”. En esa línea, el opositor mencionó que en el pasado reciente hubo en la Ciudad lo que definió como un “escándalo”, al comprobarse que el Ministerio de Seguridad porteño había accedido en forma ilícita a información biométrica de más de 7 millones de argentinos. “Fue un escándalo, de ahí el peligro y la rigurosidad que debemos tener y reclamamos”, enfatizó el exministro de Justicia. 

Soria rechazó la voluntad de impulsar un muestreo y almacenamiento compulsivo de los perfiles genéticos, para “entregarle una herramienta fuertísima de mapeo genético a una de sus ministras”. Habló de la necesidad de resguardar la privacidad de todos los habitantes de la Argentina y rechazó la inclusión en el registro por delitos leves, como un accidente de tránsito. “Nuestro proyecto acota el catálogo de delitos a los graves; solo se le extrae la muestra a aquellos que cometen delitos graves que tienen penas mayores a seis años”, explicó.

Asimismo, Soria alertó sobre el costo de llevar adelante un mapeo tan grande que involucre a cualquier persona. Corrió por derecha al Gobierno al señalar que si habían hablado de “degenerados fiscales”, con “semejante proyecto tendrían que hablar de degenerados  penales”.

Por último, pidió establecer criterios técnicos y comprobables de las personas que van a conducir este registro. Sobre el sistema “CoDIS”, advirtió que ha sido ofrecido “gratis” por el FBI, y se preguntó: “¿Estamos dispuestos a semejante nivel de sumisión dándole datos tan personalísimos a un poder extranjero, con la vulnerabilidad de nuestra soberanía que significa darle los datos genéticos de todos sus habitantes?”.

También desde UP, el diputado Ramiro Gutiérrez resaltó que “el perfil genético da 99,9% de certeza” y “en todo proceso de investigación es la prueba más certera, por eso está saldada esa discusión”. Pero opinó que “esta ley no es necesaria porque el tema ya está regulado desde 1968” con la Ley 17.671 de identificación, registro y clasificación humana. “Estamos perdiendo tiempo, sólo se necesitaba un decreto del Poder Ejecutivo”, dijo. 

El legislador massista alertó que “con esta ley todo imputado va a tener que presentar su material genético” y “eso está mal”, ya que “solo deben ser incorporadas las personas sobre las que exista sospecha penal”. Además, al igual que Soria, aseveró que “no puede quedar en el ámbito del Ministerio de Seguridad. Le estamos dando al auxiliar la custodio de la evidencia. ¿Le vamos a dejar al Ministerio de Justicia solo el Registro de Automotores?”. 

A su turno, el libertario Santiago Santurio sostuvo: “Para nosotros la justicia y la seguridad son temas importantes. Nosotros no hacemos un eslogan retórico que en el fondo lo único que quiere es encubrir a los amigos y perseguir a los que no lo son. Para nosotros es fundamental que se identifique a los criminales y que vayan a la cárcel”.

Al hablar de elaborar políticas de seguridad y de justicia, expresó que eso no se hace “con organismos que lo único que hacen es transformarse en yacimientos de empleados públicos que solo alimentan una planta política que no ofrece ninguna mejora en la calidad de todos los argentinos, y tomar políticas que tengan verdadero impacto en mejorar la justicia y la seguridad en nuestro país”.

La radical Soledad Carrizo destacó que la modificación a la ley viene a ampliar, no solo en delitos, sino también “en la información que se va a cotejar” y precisó que el banco genético “va a tener información relevada de personas de víctimas, personal de seguridad, un amplio universo”. Así, resaltó que se tuvo “especial consideración mantener las medidas de seguridad y protección de datos ya que Argentina está adherida a convenios y no se va a vulnerar”.

Carrizo dio datos de lo que ocurre en la provincia de Córdoba donde crecieron un 26% los robos en casas y un 16% de autos y bregó para que se adhiera al Banco, ya que “con ello van a poder resolver los delitos que aún no se lograron y atacar de una manera clara y con confianza aun flagelo que está haciendo agua y no tenemos respuesta por parte del Gobierno”.

La socialista Mónica Fein apoyó la ampliación de la ley vigente que fue “creada para identificar defensores de delitos sexuales. Acompañamos la idea de hacer extensivo el registro a otros delitos”. “El Ejecutivo plantea que en este registro de datos genéticos pueda ser entrecruzados con todos los registros del país y plantea que el Ministerio de Seguridad habilite el convenio con provincias y capital federal. También es muy positivo que tenga como objetivo la búsqueda de personas desaparecidas o la identificación tanto de personas como de cuerpos”, resaltó.

Sin embargo, la santafecina explicó por qué no acompañaron algunos temas en particular: “El dictamen fuerza la idea de que estos delitos o el registro deben mantenerse en el ámbito del Ministerio de Seguridad, pero la función del ministerio es prevenir el delito y ejecución de las penas y no investigarlos, por lo tanto, creemos que el artículo 2 no es adecuado ya que debe mantenerse en el ámbito de la justicia”, y, además, consideraron que “no es conveniente la registración de los imputados desde el punto de vista Constitucional, puesto que la Corte Suprema como la Corte Interamericana, han planteado que esto vulnera el principio de la inocencia, se da en el artículo 4 y 6”.

En el mismo sentido, desde la Coalición Cívica Mónica Frade destacó la labor en comisión por “corregir el desastre que era el proyecto del Ejecutivo. Pocas veces he visto una técnica legislativa tan deficiente, tan descuidada y con tantas inconstitucionalidades. Los esfuerzos de la comisión y de los miembros, mejoraron sustancialmente una idea que es muy buena y tuvo resultados muy buenos en Mendoza y La Pampa donde el Registro depende del Poder Judicial”.

Así, se mostró en contra del artículo 2 que establece que el Registro de Datos quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad: “Si tan bien funciona en el marco del Ministerio de Justicia que es el ámbito natural de investigación de los delitos complejos, por qué razón han mantenido el empecinamiento de mantenerlo en la órbita del de Seguridad. Es un grave error y no estamos de acuerdo con eso”.

También mostró “serias diferencias con el artículo 4 inc. E que habla de imputados que gozan del principio de inocencia, lo dice la Constitución Nacional, con esto se está violando ese principio”. Además, señaló que el artículo 6 indica cuáles van a ser los delitos incorporados como homicidios, abuso sexual, narcotráfico y robos agravados y advirtió que “no hace distinción entre dolosos y culposos”, y preguntó por qué no está incluido el delito de trata en el proyecto “es un grave error” y sostuvo: “Estos artículos, así como están, no pueden ser votados”.

“El artículo 9 dice que está garantizada la trazabilidad de la muestra, pero no está. Se alteran las cadenas de custodia por corrupción y el narcotráfico compra todo, políticos, jueces. ¿Cómo no va a comprar esto? Vamos a ver con qué sale el Ejecutivo con esto que dice que quiere combatir el narcotráfico, pero camina en sentido contrario. Me preocupa es que los abogados penalistas que tienen narcotraficantes y autores de trata, van a tener hermosos agujeros procesales para declarar la nulidad de los procesos. El artículo 12 bis es inconstitucional, al igual que el 17”, explayó Frade.

Por último, preguntó: “¿Cuál es el criterio del Gobierno? Se puede cortar una ruta y lo meten preso 3 años, pero si alteran registros para imputar a alguien tiene menos pena. Este Gobierno es punitivo para los pobres, pero para los narcotraficantes los miran con cariño”, y cerró: “Los artículos 9 y 17 son consideraciones políticas, pero el 2, 4, 6 y 12 bis son inconstitucionales y los voy a votar negativo”.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Vanina Biasi se puso como ejemplo de ser eventualmente perjudicada: “A mí tendrían que extraerme los datos genéticos, porque fui imputada en una causa en donde se me acusa de haber dado mi opinión por Twitter”. Apuntó luego que el registro “se amplía hacia algunos delitos, en donde no se marca si van a ser culposos o dolosos” y “mañana se tomarán medidas para seguir ampliando el alcance de estos supuestos delitos”. 

“Aparece la problemática tan sentida de las Madres del Dolor como un caballo de Troya, en donde detrás vienen las verdaderas intenciones de las políticas del Gobierno nacional, que está obsesionado por obtener todos los datos de esta población. Y encima de todo nos dicen que esa base de datos tiene que ser transferida del Ministerio de Justicia al de Seguridad”, advirtió y cuestionó a los oficialistas: “Son unos oportunistas y no les importa absolutamente nada que las mujeres seamos violadas, abusadas sexualmente, acosadas, perseguidas”. 

Su par Alejandro Vilca remarcó que la ley de Datos Genéticos fue reglamentada en 2017 por lo que “ya existe, no se va a discutir nada a lo referido a delitos sexuales. La modificación amplia a otros delitos y es peligroso y envuelve trampas”, y alertó que “quieren hacer pasar con esto otras normas penales que intentaron con el DNU 70 y Ley Bases y las quieren presentar como nuevas leyes”.

“Este paquete tiene como eje central establecer un mayor control social y una pérdida de derechos individuales. Se busca un registro para abarcar la identificación genética de todos los delitos previstos en el Código Penal”, criticó y sumó: “El proyecto atenta contra el principio de lesividad y proporcionalidad y ataca a los derechos de privacidad y dignidad de las personas acusadas o condenadas por hechos leves que deberán soportar cuando el Estado almacene sus datos. Esto es inconstitucional y declaro sesgos persecutorios y violatorios de derechos porque está pensado como herramienta represiva y donde todos seremos sospechosos”.

Entre lágrimas, la diputada libertaria Lilia Lemoine denunció haber sido víctima de una violación, golpes y secuestro cuando tenía 26 años. Apuntó contra la oposición mas dura y cargó: “Los veo reírse ante una mujer que fue violada”. Luego, relató que guarda una botella de agua del victimario como “prueba genética”. “Él seguía libre, la policía nunca lo encontró y no sé qué pasó con la causa”, agregó.

Puntos principales del proyecto 

Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.

También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.

“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.

De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.

“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.

Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.

Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.

Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.

En las modificaciones al proyecto original, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.