El proyecto fue incluido en el temario en la mañana del miércoles y pudo votarse pasadas las 7.30 de la mañana, cuando la maratónica sesión llevaba 20 horas. Se aprobó el segundo dictamen en minoría, correspondiente a la UCR, que aceptó modificaciones introducidas por UP. En el texto se aprobó la incorporación de lo salarial por inflación para preservar poder adquisitivo.
Ya entrada la mañana de este jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Financiamiento de Universidades Nacionales. Había cuatro dictámenes y el de mayoría era el de Unión por la Patria, que a la hora de votar fue rechazado por 90 votos afirmativos y 126 en contra.
Se procedió a votar entonces el primer dictamen de minoría, que correspondía al oficialismo y también tuvo resultado negativo, con 86 votos a favor y 130 en contra.
El tercer dictamen era el promovido por la UCR y antes de ser votado la diputada Danya Tavela pasó a leer las modificaciones previamente acordadas con otros bloques. Desde UP, la diputada Blanca Osuna propuso una serie de modificaciones, la mayoría de las cuales fueron aceptadas.
Antes de la votación, la diputada Daiana Fernández Molero pidió conocer el costo fiscal de ese dictamen, y con ironía el diputado radical Martín Tetaz dijo que el mismo tenía “el costo fiscal de los fondos especiales de la SIDE, más la pauta publicitaria de YPF”.
La tercera fue la vencida, pues la votación fue esta vez positiva por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención, correspondiente al mendocino Lisandro Nieri.
El proyecto fue incorporado al debate por la fuerte presión que ejerció el radicalismo en la previa de la sesión, pues había convocado a una sesión especial para el miércoles por la tarde para debatir solo este tema, y en el marco de las negociaciones con el oficialismo para el quórum, logró que les permitieran sumarlo al cronograma de esta jornada. Caso contrario, el bloque radical no hubiera dado quórum y la sesión se caía.
El debate en el recinto
En defensa del dictamen de mayoría expuso la diputada Blanca Osuna, quien se refirió a lo que definió como “una situación de extrema emergencia que expone a las universidades argentinas a una situación de altísimo riesgo”.
“Financiamiento de las universidades nacionales es un título mentiroso”, aclaró en ese sentido. La vicepresidenta de la Comisión de Educación enfatizó que “la educación superior es un derecho; un derecho no transable, un derecho humano y es un bien social”.
La entrerriana señaló que en el presupuesto destinado a pago de salarios de docentes y no docentes “las caídas oscilan entre el 40 y el 30%, y el ajuste de esas partidas repercute en el valor adquisitivo de los salarios”.
“No hay muchas cuestiones de fondo conceptuales. Acá es: o se honra la responsabilidad que el Estado tiene, o se le da la cara a las posibilidades reales de desarrollo nacional que tienen o que cobijan ese puñado de 62 universidades públicas nacionales que están ubicadas a lo largo y ancho del país”, remarcó sobre el final de su exposición. “Hacer lo que hay que hacer es financiar la educación pública, que es un derecho que debe ser sostenido por el Estado nacional”, cerró la diputada Osuna.
El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert expuso en defensa del dictamen del oficialismo considerando “falso” que el Gobierno no esté haciendo nada por la educación superior. “Estamos incrementando las partidas necesarias para que las universidades funcionen y funcionen bien”.
“Hay al menos cinco puntos en los que me quiero focalizar para que toda la comunidad universitaria sepa y comprenda –continuó-. Las transferencias totalizaron 1,4 billones de pesos el año pasado, durante el Gobierno de Alberto Fernández, y el crédito de este año es de 3,0 billones; un 120% más, diez puntos por encima de la inflación que el Gobierno estima para 2024”.
Espert explicó que “en términos reales, el presupuesto educativo aumentaría 10%; no hay ningún ajuste en la educación superior”. En el caso de los gastos de funcionamiento, el Gobierno, en acuerdo con el CIN, terminará dando un aumento del 270% durante el presente año. “Más del doble de la inflación para 2024”, explicó, detallando que se pagó así: marzo, 70%; mayo, otro 70; y el resto se otorgará en cuotas iguales hasta completar el porcentaje mencionado.
“Desde el inicio del Gobierno de Javier Milei afrontamos el pago de una deuda que heredamos por 14 mil millones de pesos y nos pusimos al día”, planteó Espert, asegurando que están reactivando también las obras de infraestructura.
Por último, admitió que sin duda los salarios docentes están retrasados respecto de otros trabajadores del Estado; “sin embargo la mesa de negociación salarial se mantiene abierta, el diálogo entre las universidades nacionales y docentes está vigente, ocurre, existe… Mal haríamos desde el Congreso en sancionar una ley que aborte el diálogo libre que se está desarrollando”, dijo.
Asimismo señaló que “desde nuestro punto de vista, el dictamen de mayoría, como no podía ser de otra manera tratándose del gobierno anterior, es humo, pura demagogia legislativa”, aseguró, advirtiendo que “no podemos permitirnos una ley de fantasía que vaya en contra del déficit cero, porque es el instrumento para mantener a raya la inflación”.
“Algunos, emborrachados de populismo, pretenden golpear la política de déficit cero; no se lo vamos a permitir, hasta aquí llegamos: kirchnerismo nunca más”, cerró.
A continuación, defendió otro de los dictámenes de minoría Danya Tavela. La diputada radical dijo que “el ajuste de la economía tiene que pasar por aquellos gastos superfluos, como lo que le van a poner a la SIDE, o lo que ya se gastó”. “Lamentablemente este Congreso, como hace habitualmente, llega tarde y mal, porque tuvimos una marcha el 23 de abril, presentamos muchos proyectos, nos autoboicoteamos para que no salga ninguno para cumplirle vaya a saber Dios a quién, y finalmente termina el proceso a medio resolverse y estallando en el inicio del segundo cuatrimestre el conflicto salarial”, expresó.
Tavela afirmó que “han aumentado los salarios de todo el Estado nacional un 50%” y se preguntó por qué un docente universitario doctorado, un titular exclusivo de cátedra tiene el mismo salario que un jefe de despacho de Diputados”. “Si realmente queremos ingresar en la modernidad, este es un tema que debemos abordar y debatir”, remarcó, advirtiendo que les están faltando el respeto a los docentes porque no los convocan a la paritaria.
Compartió el tiempo con el diputado Maximiliano Ferraro, quien advirtió que “llegamos tarde porque algunos no cumplen la palabra, por impericia, por mala leche… Porque se suma también a la degradación en términos del debate, de todos. Que cuando el fulbito para la tribuna está, hacemos alarde de la importancia de la educación, pero en los dos últimos debates que tuvimos en las últimas horas, no éramos más de 40 diputados”.
“Hoy venimos a plantear algo que era evidente, porque no era solamente una cuestión de gastos de funcionamiento”, dijo. “¿Con quién quieren romper la palabra empeñada? Si yo estoy acá es para bancar la palabra”, aclaró, reprochando de paso que no se hubiera cumplido con el objetivo de tener una sesión específica sobre el tema educación. “Por eso a las 5 y cuarto de la mañana sigo en este recinto, para cumplir la palabra, porque me comprometí con el CIN, con el movimiento estudiantil reformista y con una pésima decisión que acordaron en su momento Sergio Massa con el actual presidente Javier Milei, que es no tener presupuesto y hoy las universidades estén a merced de lo que decida el ministro de Economía”, remarcó, alertando sobre la “asfixia” que sufre el sistema universitario.
Por el último dictamen de minoría, Christian Castillo habló de la “emergencia universitaria”, recordando los paros que hubo esta semana en la universidad. Explicó por qué: “Mientras el aumento de los salarios universitarios fue del 80,4%; la inflación aumentó el 134,3%. La pérdida de salarios es el doble de lo que ha perdido la administración pública nacional. Si no damos una respuesta, vamos a entrar a un paro por tiempo indeterminado en las universidades”.
“Discutir financiamiento universitario sin discutir salarios, es discutir nada”, resumió, proponiendo una recuperación de lo perdido en el IPC como única solución para el sector, y formuló un aporte del dictamen de la izquierda al dictamen de mayoría.
“Si no se vota la recuperación salarial y que no se pierda hasta fin de año, no perdamos el tiempo”, intimó.
“Hoy un docente universitario cobra exactamente la mitad de lo que cobraba en diciembre de 2015. En 2015 perdimos con Macri, perdimos con Alberto, nos hundimos con Milei. La caída salarial de este tiempo es la más importante de los 40 años de democracia; esta situación en la que estamos hoy en las universidades es peor que la hiperinflación en el 89 y peor que en 2001. Hoy un docente que ingresa a la carrera cobra por hora de trabajo 3.657 pesos. ¿Qué profesional que sale de la universidad pública te da una hora de trabajo por esa plata?”, detalló a su turno el diputado de UP Pablo Carro, docente universitario.
Cerró el debate al filo de las 7.30, el diputado Santiago Santurio, quien calificó al Gobierno anterior como “un modelo agotado e hipócrita, que prometía cosas que no daba y lo único que hacía era pantomimas muy caras para todos los argentinos y muy beneficiosas para ellos”.
En un discurso que rozó otros ámbitos, el legislador de LLA dijo que durante la campaña, el presidente Alberto Fernández le decía a Javier Milei “que era un peligro para las mujeres”. “Nos acusaban de dictadura cívico-libertaria; la verdad, basados en la nada misma; pero cuando hablamos de Venezuela, para saber si son una dictadura, dicen ‘abran las actas’”.
“Nos vienen a decir a nosotros que atentamos contra la universidad pública cuando fueron ustedes los que la desfinanciaron”, lanzó, para hacer hincapié luego en la mora de los pagos para el funcionamiento por parte de la anterior administración. “El promedio de demora en los pagos de 2023 fue de 68 días”, detalló a modo de ejemplo.
El texto aprobado
A continuación, transcribimos el texto aprobado, con sus modificaciones incorporadas detalladas:
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina durante el año 2024.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales de conformidad con lo establecido en los artículos tercero, cuarto y quinto de la presente ley.
Art. 3º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo a actualizar al 1º de enero de 2024 el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales correspondientes a las actividades presupuestarias 14 “Asistencia financiera para el funcionamiento universitarios” y 15 “Asistencia financiera a hospitales universitarios” , 16 “Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades” y 25 “Fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria” del programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano previsto en el anexo I de la decisión administrativa 5/2024, por la variación anual del año 2023 del índice de precios al consumidor (IPC) informado por el instituto nacional de estadística y censos (INDEC).
Art. 4º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo a actualizar desde el 1º enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales correspondientes a las actividades presupuestarias 14 “Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitarios” y 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios” , 16 “Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades” y 25 “Fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria” del programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, por el índice general de precios al consumidor informado por el instituto nacional de estadística y censos (INDEC).
Los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo nacional en las actividades mencionadas en el primer párrafo de este artículo al Programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior” durante el año 2024 y anterior a la sanción de esta ley podrán ser descontados de la aplicación retroactiva del índice mencionado en el primer párrafo de este artículo.
ARTÍCULO 5°.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional a recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo.
Desde el mes siguiente a la sanción de la presente ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional en el Programa Nº 26 de “Desarrollo de la Educación Superior” para la asistencia a salarios docentes y no docentes entre el 1 de diciembre de 2023 y la fecha de sanción de la presente ley deberán tomarse a cuenta de la recomposición que tiene por objetivo la presente ley.
ARTÍCULO 6°.- Lo establecido en el artículo 5 de la presente ley no será de aplicación, siempre y cuando, las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para el año 2024 sean acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las federaciones que representan a los trabajadores de la Educación superior y las escuelas pre universitarias.
Art. 8º – La Auditoría General de la Nación conforme los términos del artículo 59 bis de la ley 24.521 realizará las auditorías, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas, así como también el plan de seguimiento y control a dichas observaciones.
ARTÍCULO 9º – Queda establecida la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.
Art 10º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
El artículo rechazado
Durante la votación en particular, fue rechazado el artículo 7°, que tenía que ver con los mecanismos de seguimiento y evaluación. La votación resultó negativa por 50 votos a favor, 165 en contra y 5 abstenciones.
Al caerse ese artículo, el diputado Ferraro –visiblemente molesto- quiso dejar bien claro de qué se trataba el artículo. Dijo que había sido incorporado luego de ser acordado con el oficialismo y todos los bloques en el marco del debate de la Ley de Bases. “Y lo que estamos haciendo con el voto negativo, para dejarlo bien en claro, votaron en contra de una distribución mucho más eficiente transparente, y en contra de las auditorías que tanto reclamaron previo y posterior a las marchas”. Señaló que habían establecido ahí “cómo se iban a asignar los recursos, cuáles eran los criterios y un montón de cosas que habíamos mejorado en la redacción de la ley”.
Esto decía el artículo en cuestión:
Art. 7º – Incorpórese como artículo 58 bis de la ley 24.521 el siguiente:
Artículo 58 bis: El aporte del Estado nacional para las instituciones de Educación Superior Universitaria de Gestión Estatal se distribuirá en función del número de estudiantes ingresantes y alumnos en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación, las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión, garantizando la distribución presupuestaria histórica de cada institución y aplicando estos criterios para asignar montos incrementales.
Los montos correspondientes para cada institución serán determinados anualmente en el presupuesto anual general de la administración pública nacional, y su distribución se realizará de forma pública y transparente debiendo el Poder Ejecutivo al momento de remitir el presupuesto al Congreso Nacional informar los criterios utilizados para la elaboración del mismo. A su vez, se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos y acordados entre el Poder Ejecutivo nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional. La asignación de recursos se efectuará de manera que se asegure el acceso a la Educación Superior en todo el territorio nacional, se fomente la calidad y pertinencia de la formación, y se garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Este aporte del Estado nacional no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional. Siempre serán recursos complementarios.
La mencionada asignación de presupuestos a las Universidades Nacionales, incluidas las de reciente creación, deberá hacerse de acuerdo con lo establecido en el presente artículo y con expresa consideración de la recomendación del CIN e incorporando todos los criterios que dicho organismo considere relevantes para la conformación del presupuesto.
