La iniciativa presentada por Alicia Kirchner y Nora del Valle Giménez también plantea una tasa de interés máxima del 4,9%.
Las senadoras nacionales Alicia Kirchner y Nora del Valle Giménez (UP) presentaron un proyecto de ley que busca brindar soluciones a la problemática de los deudores de créditos UVA, otorgados durante el gobierno de Mauricio Macri.
"En 2016, bajo la presidencia de Federico Sturzenegger en el Banco Central de la República Argentina, se lanzó una nueva modalidad de créditos hipotecarios, mediante la cual se autorizaba la actualización del capital: los créditos UVA. El sistema, anunciado como una solución, se transformó en un problema, debido a la asimetría entre una deuda que crece diariamente, al ritmo de la inflación, mientras los salarios se recomponen en plazos mucho mayores. Esto llevó a que muchos deudores enfrentaran una cuota mucho mayor a la anticipada por las entidades financieras", señalaron las legisladoras.
En ese sentido, apuntaron que "en la actualidad, miles de familias se encuentran endeudadas bajo este sistema". "El desajuste entre las previsiones inflacionarias anunciadas por el gobierno de Macri y la inflación real, ha modificado significativamente las condiciones iniciales de los contratos, lo que vuelve urgente un nuevo marco para posibilitar el desendeudamiento familiar", expresaron.
El proyecto presentado por Kirchner y Giménez surge como iniciativa ante los reclamos de deudores UVA y propone que las entidades financieras habiliten la opción de limitar el importe de las cuotas a pagar, a los deudores que enfrenten una cuota mensual superior al 30% de sus salarios. Esta limitación se dará en función de la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), conservando la tasa de interés pactada, con una tasa máxima del 4,90%. La cuota resultante de dicha actualización no podrá superar el 30% de los ingresos totales del hogar familiar.
De esta manera, las senadoras buscan que acreedores y deudores se encuentren, bajo el principio de esfuerzo compartido, en nuevas condiciones para asegurar el cumplimiento de cada contrato.