En la última sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó una iniciativa de declaración mediante la cuál los legisladores locales expresaron su “preocupación” por el procesamiento por abuso sexual al intendente del Municipio de la Matanza, Fernando Espinoza, e instaron al Parlamento de la Provincia de Buenos Aires a expresarse sobre el hecho.

En los fundamentos de la medida, los porteños recordaron que Espinoza fue procesado en primera instancia por los delitos de “abuso sexual simple en concurso real con desobediencia”. “La acusación fue presentada por Melody Rakauskas, quien se desempeñó informalmente como secretaria privada en el municipio durante unas dos semanas a mediados de 2021. Según la denunciante, Espinoza se auto invitó tres veces a cenar a su departamento con el argumento de discutir cuestiones laborales, y en el tercer encuentro se produjo la situación de abuso sexual, que no llegó a traducirse en acceso carnal”, aseveraron.

En ese sentido, recordaron que “la jueza nacional en lo criminal y correccional, Fabiana Galletti, resolvió el procesamiento de Espinoza, destacando la ausencia de testigos en este tipo de delitos debido al marco de intimidad en el que suelen ocurrir. La jueza subrayó que los relatos de las víctimas deben ser valorados con especial atención” y destacaron que “el relato de la denunciante fue considerado creíble y respaldado por la prueba recolectada y el material aportado por la misma denunciante, que se encuentra incorporado digitalmente a la causa”.

“Espinoza fue embargado por un millón y medio de pesos y, aunque no se le dictó prisión preventiva, se le prohibió cualquier tipo de contacto o acercamiento con la presunta víctima. La jueza priorizó la legislación que establece que los organismos del Estado deben garantizar a las mujeres la amplitud probatoria para acreditar los delitos denunciados en cualquier procedimiento judicial o administrativo, cuestión no debemos dejar de destacar”, continuaron.

Asimismo, los diputados consideraron que “la gravedad de las acusaciones y el procesamiento de un funcionario público de tan alto rango para el Municipio como el Intendente de La Matanza generan una preocupación especial en la sociedad. Las acciones atribuidas a Espinoza no solo afectan la integridad de la denunciante, sino que también comprometen la confianza en las instituciones y en los funcionarios que tienen la responsabilidad de administrar el Estado y actuar como ejemplo de conducta ética”.

“Es fundamental que la sociedad y sus instituciones se pronuncien en contra de cualquier tipo de abuso y violencia, especialmente cuando estos actos son perpetrados por personas en posiciones de poder. Los delitos sexuales son una violación flagrante de los derechos humanos y una manifestación inaceptable de abuso de poder y control sobre las víctimas. Es necesario que los organismos del Estado y la sociedad en su conjunto repudien enérgicamente estos actos y trabajen para garantizar que las víctimas reciban el apoyo y la justicia que merecen”, completaron.