Luego de la publicación en el Boletín Oficial, ingresó formalmente al Poder Legislativo, puntualmente a la Cámara de Diputados, el veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria sancionada el pasado 19 de agosto.

Entre las explicaciones referidas por el Poder Ejecutivo Nacional se resaltó que esta ley "dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos".