La misma fue encabezada por el diputado Yamil Santoro (RU), a través de la Fundación Apolo, a raíz de los dichos del ex ministro Martín Guzmán acerca de los motivos de la extensión de la cuarentena obligatoria durante la pandemia del Covid 19.
Después de que el ex ministro Martín Guzmán revelara los motivos por los cuales Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo durante la pandemia del Covid 19, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro encabezó una nueva denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por “abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad”.
La denuncia fue realizada a través de la Fundación Apolo y también lleva las firmas del director de su equipo de asuntos legales, José Magioncalda, y del abogado Ignacio Falcón. La misma se basa en la presunta comisión de delitos tipificados en los artículos 248, 249 y 142 del Código Penal, que incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.
El caso surge a raíz de las recientes declaraciones Guzmán, quien señaló que la prolongación de las restricciones durante la pandemia de Covid 19 fue, en parte, una estrategia política para fortalecer al gobierno. El ex funcionario afirmó: “en un momento pasó a ser un tema más político, una bandera política, el hecho de que la administración de la pandemia era lo que hacía fuerte al Gobierno”.
En relación a esta situación, Yamil Santoro expresó que “no podemos permitir que las libertades de los ciudadanos sean manipuladas para fines políticos. Las decisiones que se tomaron durante la pandemia no solo afectaron gravemente la economía y la salud de los argentinos, sino que, según estos nuevos testimonios, fueron utilizadas como herramientas de marketing político. Esto no es negligencia, es un abuso de poder que debe ser investigado y sancionado”.
La denuncia en cuestión recordó los efectos que las medidas restrictivas impuestas durante la pandemia tuvieron sobre diversos sectores de la sociedad, especialmente en la economía, la educación y la salud. Además, subraya que estas medidas, “lejos de ser meras respuestas técnicas a una crisis sanitaria, habrían sido implementadas con intenciones políticas que perjudicaron a millones de argentinos”.
“Este es un caso que busca esclarecer la verdad detrás de las decisiones tomadas durante uno de los períodos más críticos de la historia reciente del país, y determinar si hubo un uso indebido del poder por parte de las máximas autoridades nacionales”, sentencia el documento.
