Tras celebrarse el Día de la Industria, la diputada nacional Roxana Monzón (UP) acompañada por más de 40 compañeros de su bloque presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia económica, financiera y tarifaria de las MiPyMEs nacionales por el transcurso de un año.

En nuestro país el 97,8% de las empresas son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), siendo el sector que más riqueza aporta y el que más trabajo genera: casi el 70% del empleo formal en el país depende de las MiPyMEs, generan el 67% del valor agregado y el 40% del PBI”, argumentó

El objetivo es sostener la actividad productiva y comercial, y proteger también el desarrollo económico y el empleo, sabiendo que las MiPyMEs “constituyen un instrumento esencial para lograr una redistribución más equitativa del ingreso”.

El proyecto propone suspender los aumentos de tarifas en los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente durante lo que dure la emergencia y retrotraer los cuadros tarifarios al 1° de marzo de 2024.

Además, dispone un incremento del 50% de las partidas presupuestarias vigentes correspondientes a políticas públicas nacionales de protección y apoyo a las MiPyMEs; y crear el Fondo de Recuperación y Modernización de Micro Pequeñas y Medianas Empresas, con el objetivo de subsidiar 100% de la tasa de interés en créditos destinados al pago de nómina salarial y/o recomposición de capital de trabajo, entre otras medidas.

A su vez, el proyecto promueve a las empresas con más impacto en el desarrollo local en términos de empleo, innovaciones y exportaciones. También entiende a este tipo de empresas como un pilar central para el fortalecimiento de las economías regionales y de los tejidos en las comunidades, generando mayor participación de las y los trabajadores en la generación de valor.

“Es claro que las MiPyMEs están atravesando una profunda crisis debido al brutal ajuste implementado por el actual gobierno nacional”, argumentó y sumó: “Diversas Cámaras y Asociaciones que las agrupan calculan que la capacidad instalada de la industria se encuentra en un 60% en promedio, con una caída interanual en la actividad de casi un 20%. Además de la reducción de las ventas y las dificultades en los cobros debido al deterioro de los salarios e ingresos de la población, las empresas enfrentan dificultades para pagar salarios y mantener sus plantillas de personal en todos los sectores productivos del país”.