Tras abundantes pedidos de la oposición a que se derogue el decreto reglamentario 780/24 de la Ley 27.275, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que “no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública”.

Durante su presentación ante la Cámara de Diputados, el funcionario aseveró este miércoles que “no fue la intención del presidente y el Gobierno nacional limitar el acceso a la información”, y argumentó que el decreto salió luego de “consultas a los actores de la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Procuración del Tesoro”. 

“No nos pareció que hubiera una violación a ese derecho constitucional”, agregó y dijo que recogía las inquietudes de los legisladores “y se las voy a transmitir al presidente”. “Veremos si tenemos necesidad, no sé si de derogarlo (al decreto), porque la intención ha sido tratar de ordenar el acceso a la información, de ninguna manera restringir”, justificó. 

Francos reconoció que “puede haber una diferenciación de criterios en la interpretación de la buena fe”, pero éste principio “tiene que ser para todos, también para los particulares”. “El Gobierno entendió que en algunos mecanismos se utilizaban no en la senda de la buena fe, sino en la contraria. Por eso estableció que la buena fe debía ser de las dos partes”, planteó. 

Respecto de la restricción sobre “papeles de trabajo previos”, el ministro coordinador respondió que “puede ser discutible, pero tampoco es la intención limitarlos, son borradores que por ahí no se guarda esa información”. 

“De ninguna forma la intención es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos”, insistió al defender la medida y anticipó: “Modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo”. “Sabemos que es un principio constitucional, que está en los tratados internacionales, que está dentro de los principios rectores de la OCDE, de modo tal que no tenemos absolutamente ningún reparo en dar la información”, completó. 

Al intervenir en la sesión, la radical Karina Banfi fue directa: “¿Cúando va a derogar el decreto 780 del 2024 publicado en el Boletín Oficial este lunes? Y no le pregunto si lo va a derogar o no, le pregunto cuándo, porque es inconstitucional, viola la división de poderes, porque se extralimitó en el reglamento de legislar por decreto”.

“Ustedes han agregado articulados que no son explicativos, sino que son nueva manera de interpretar las limitaciones que son sólo facultad de este Congreso”, explicó y cargó además contra la titular de la Agencia de Acceso a la Información. “La señora (Beatriz de) Anchorena es incompetente; muchos de los que estamos acá observamos su postulación porque no reunía los requisitos de idoneidad”, recordó. 

La bonaerense, que fue protagonista de la sanción de la Ley 27.275 durante el gobierno de Cambiemos, señaló que el Gobierno hace “malas interpretaciones acerca de la buena fe”. “El acceso a la información pública es un derecho humano” y “no hay igualdad de partes” entre los individuos y el Estado, que a través de sus funcionarios, tiene en su poder la información, enfatizó.

“Dicen que sacaron esta resolución porque había preguntas sobre la intimidad del presidente. Eso está resuelto en la propia ley. El funcionario responde que no va a responder porque es su intimidad y listo. Lo que nunca puede hacer el Estado es decirnos qué cosa podemos preguntar y qué no”, subrayó Banfi. 

Además, la radical rechazó “sacar los borradores, las comunicaciones internas, los procesos administrativos que llevan toda la conversación estatal para contratar, negociar, llegar a acuerdos entre países o entre privados”. “El problema está en las privatizaciones y el problema está en el RIGI. Yo creo en el RIGI, pero quiero un RIGI con transparencia, quiero un RIGI abierto a la gente”, sumó. 

Otro que consultó sobre el tema fue el jefe de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, quien observó que “la reglamentación excede el espíritu de la ley”. “Es cierto que hay un debate entre lo privado, lo íntimo, y lo público, que hasta podemos llegar a compartir. Vivimos en un mundo donde la información más temprano que tarde va a llegar”, opinó, pero rechazó una “limitación del acceso a la información”. 

“Los papeles reservados, los papeles privados, el intercambio entre ministros, eso debería estar abierto, son los elementos previos que conforman un acto administrativo”, dijo y pidió que “revisen este decreto reglamentario”. 

A su turno, el radical Martín Tetaz sostuvo que “no puede haber ningún límite al acceso a la información de los individuos y al trabajo de los periodistas”. “¿Cuál de los problemas que ustedes heredaron y están tratando de resolver, y me consta, resuelve el decreto 780? ¿Para qué lo hicieron, qué resuelve?”, preguntó. 

En la misma línea que Banfi, su par Carla Carrizo le dijo a Francos: “No le voy a solicitar información, se lo voy a pedir: derogue urgente el decreto que restringe la libertad de expresión en Argentina. Usted tiene la firma y el consejo del presidente. Es una regresión insólita esa legalización del secreto en el acceso a la información pública”.