Durante la exposición de su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, señaló que “los altos niveles de informalidad del país nos demuestran que la legislación actual es obsoleta”.

El funcionario sostuvo que, en materia laboral, “impulsamos la reforma incluida en la Ley Bases, luego de que la justicia frenase las disposiciones contempladas en el DNU 70”, y alertó: “Es una discusión urgente para nuestro país porque en Argentina no se generan nuevos puestos de trabajo genuinos en el sector privado desde el año 2011”.

“Con esta normativa, establecemos los cimientos para una reforma laboral profunda que contemple un debate más amplio sobre aspectos como la educación, la formación, la deserción escolar, entre otros”, remarcó y sumó: “Queremos impulsar la generación de trabajo en Argentina y otorgar seguridad jurídica tanto a empleados como a empleadores”.

Para Francos “los altos niveles de informalidad del país nos demuestran sin dudas que la legislación actual es obsoleta”, e indicó: “Durante el segundo semestre del 2023 había 7,5 millones de trabajadores no registrados, mientras que los asalariados privados eran menos de 6,4 millones”.

“En nuestra reforma, incluimos medidas como la extensión del período de prueba, la contemplación de un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, el establecimiento de un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados y un sistema de condonación de multas por trabajador no registrado. Esto nos va a permitir terminar de una vez con la industria del juicio en la Argentina, que tanto daño hace a las pequeñas y medianas empresas del país”, explicó.

Por último, comentó que se reconvirtieron el programa “Potenciar Trabajo” en las iniciativas “Volver al Trabajo” y “Programa de Acompañamiento Social”. “Las auditorías desarrolladas sobre el Potenciar Trabajo demostraron que, desde su puesta en marcha, sólo el 1.3% de los beneficiarios obtuvieron un empleo formal. Desde enero de 2024 se recibieron alrededor de 80 mil llamados por denuncias de extorsión y se detectaron 52 mil casos de incompatibilidades insalvables, que fueron dados de baja”, cerró.