La Coalición Cívica presentó este jueves un proyecto de ley para derogar el decreto 780/2024, que limita los pedidos de acceso a la información pública, por considerarlo contrario a lo estipulado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, y por entender que altera el sentido de la Ley 27.275, sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.

El citado decreto se conoció el lunes pasado, tras su publicación en el Boletín Oficial, y ha generado una reacción adversa de todo el arco político opositor, incluso los más cercanos al oficialismo, como el Pro, que este miércoles difundió un comunicado cuestionando esa medida.

El proyecto de ley suscripto por los diputados de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto Lago, pide la derogación del decreto 780/24 por resultar contrario a la Constitución Nacional y los tratados internacionales así como por alterar el espíritu de la Ley N° 27.275 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Plantea el proyecto de ley sobre la constitucionalidad del decreto reglamentario o ejecutivo, que “se debe tomar en cuenta no sólo si su contenido altera el núcleo central de la ley (o su espíritu, como dice la Constitución), sino también evaluar si el Poder Ejecutivo, so pretexto de reglamentar, termina por establecer una regulación autónoma y directa en la materia, lo que constituye una facultad propia del Congreso”.

Recuerda el proyecto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el caso Claude Reyes y plantea a partir de ello que las limitaciones al derecho de acceso a la información solo pueden estar establecidas en forma excepcional por una ley del Congreso de la Nación y deben ser interpretadas en forma restrictiva, siempre a favor de garantizar el derecho de acceso a la información pública. “Las excepciones fueron clara y taxativamente establecidas por la Ley n° 27.275, no pudiendo incorporase nuevas excepciones o interpretaciones restrictivas por vía reglamentaria, ni tampoco pudiendo hacerlo a través de una interpretación con alcance general”, precisa el proyecto, que se suma a un pedido de informes presentado esta semana por el bloque Encuentro Federal.