Con la ausencia del bloque de Unión por la Patria, un plenario de comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta comenzó a debatir este martes el proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, contó con la participación del director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el abogado y exfuncionario de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier. La titular de la Comisión de Seguridad Interior, la radical Carolina Losada, informó que la próxima semana se reunirán con el objetivo de poder dictaminar.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y parte del “paquete Bullrich” obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, pero se acordó en el recinto que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

El primer expositor fue Soto quien contó que desde 1891 “no hay un cambio tan revolucionario en la identificación genética y criminal, que es a través de la identificación genética las huellas dactilares, algo que se desarrolló en Argentina con Vucetich y revolucionó la manera de establecer quién era el autor de un delito”.

“Tenemos la oportunidad histórica de extenderlo a un método que se utiliza en todo el mundo como en Estados Unidos, en Canadá, en Europa en España, Francia, en Australia, en Gran Bretaña, en Canadá, en México, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en fin, en casi todo el mundo para establecer la identificación del autor de un delito”, consideró Soto.

Así, el funcionario resaltó que “se puede ampliar a través de la identificación de todos los imputados y todos los condenados por todos los delitos, pero esto no es solamente para la identificación criminal de alguien que va a ser juzgado, sino también como una herramienta fundamental para desvincular a alguien que tiene que demostrar su inocencia y, si no hay una herramienta como esto, es muy difícil probarlo”.

“Este sistema permite también poder utilizar la identificación genética para buscar personas extraviadas o desaparecidas. Sin perjuicio a la base de datos que está para el periodo de marzo 1976 y diciembre 1983 para los desaparecidos de la dictadura militar que eso sigue incólume y no se toca. Para los demás casos en que hay personas que se están buscando y hoy en día no hay ningún método para poder identificarlas, este sistema va a poder permitir en forma voluntaria -no por orden judicial- que los familiares aporten al registro su identificación genética y que se compare, con su consentimiento, con los restos de cuerpos que se encuentren o personas inconscientes que no puedan ser identificadas y establecer la identificación”, explayó.

El funcionario hizo hincapié en el artículo 2 que establece bajo qué ministerio u organismo estará el registro y precisó que “es una herramienta de investigación criminal, que se toman los datos de todas las personas imputadas, de todas las personas condenadas y se toman las muestras y evidencias que se encuentran en la escena del hecho. Las evidencias en la escena del hecho son de ADN, pero hoy en día ya no hace falta que se tengan fluidos en sangre, sino que basta el ADN de contacto en este lugar simplemente por la declamación microscópica de las células que entran en contacto con un objeto. Eso en un sistema que es la determinación del ADN hace que se obtenga un perfil genético que se traduce en un código de barras y se compara ese código de barras con el código de barras del imputado o del condenado”.

“El registro es una herramienta de investigación y estaba en la Ley del 2013 que se había sancionado en este Congreso por unanimidad, porque en esa época recién se separaba justicia de seguridad, y establecieron que va a la dirección de registro del Ministerio de Justicia como un registro más”, contextualizó, pero señaló que “en ninguna parte del mundo los registros de información genética funcionan en el Ministerio de Justicia”.

Soto comentó que han hablado con el ministro de Justicia para iniciar la gestión del traspaso, pero en Diputados se consideró que debería permanecer bajo esa órbita. “Para nosotros solamente se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo en el Ministerio de Justicia”, opinó.

Así, solicitó que revisen el artículo 2 y que restituyan que quede el registro bajo el Ministerio de Seguridad porque “tiene el enlace y el trabajo con la fuerza y seguridad. Es una función natural del Ministerio de Seguridad poder llevar esta ley a cabo”.

“Esta es una oportunidad histórica para modificar un sistema que va a revolucionar la identificación criminal en Argentina, estamos en deuda en realidad porque Argentina siempre fue pionero desde Vucetich hasta en la época es que se investigaron los crímenes de la dictadura militar el equipo forense hizo la identificación genética criminal. Este mismo Congreso hace más de 10 años sancionó la ley y quedó en aguas de borraja”, argumentó Soto.

Y ratificó: “Es el momento para dar un cambio un giro revolucionario identificación criminal, poner en funcionamiento algo que ya existe. Es una herramienta puede ser que tenga razones para justificar indiscutible con la certeza del 99,99%. Por eso funciona tan efectivamente esta herramienta que nosotros le solicitamos que la aprueben y que, además, permitan que el Ministerio de Seguridad pueda desarrollar todas las herramientas para hacer una implementación que ya lo estamos haciendo con todas las provincias. Ya tenemos 10 provincias que nos piden la implementación y ya quieren una adhesión y poder implementar además y capacitar a todas las fuerzas de seguridad para levantar el ADN”.

“La Corte ya ha dicho de hace mucho tiempo que la extracción de una gota de sangre no afecta la integridad psicofísica de la persona, pero ni siquiera hace falta eso. Entonces con todo este método que, además es cada vez más rápido y más económico, el ADN cada vez más rápido y más económico, se puede hacer que no haya impunidad. Esto implica un ahorro enorme en investigación jurisdiccionales de juicios enormes sin poder definir una sentencia y los tratamientos psicológicos y médicos para las víctimas”, cerró.

A su turno, Gianni Venier compartió su experiencia y brindó detalles sobre el funcionamiento de este registro implementado en Mendoza desde 2016. También, destacó la reducción de costos, "desde el punto de vista sistémico" que permite su implementación, "la asepsia del sistema", la cantidad de hechos resueltos y que, su uso en la provincia, "ha sido una excelente decisión", finalizó.

Previamente la Comisión de Seguridad Interior mantuvo un encuentro para pasar a la firma siete proyectos de declaración sobre la conmemoración del aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional. También, los senadores acompañaron cinco proyectos de comunicación referidos a la solicitud de informes sobre aspectos vinculados al narcotráfico y el pedido de mayor presencia de Prefectura en aguas limítrofes con Paraguay, entre otros.