Con la intención de garantizar los derechos de los niños, la diputada de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Manuela Thourte presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca extender la obligatoriedad escolar desde los tres años en todo el territorio, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206.

Con la extensión de la obligatoriedad escolar se buscará “promover la educación, la alfabetización inicial y el desarrollo de las habilidades de los niños y niñas a partir del juego, como estrategia pedagógica para alcanzar los aprendizajes”; “desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales, como el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura”; y “compartir con las familias el cuidado, la tarea educativa y la socialización a través de la comunicación y el respeto mutuo desde un enfoque integral del desarrollo infantil”.

En los fundamentos de la iniciativa, Thourte explicó que “la primera infancia es una etapa crucial en la experiencia educativa de los niños y niñas. Así lo demuestra la evidencia más reciente sobre el impacto de la educación inicial en el desarrollo cognitivo, emocional y social y particularmente en la trayectoria educativa (e incluso laboral)” e indicó que “por ello, garantizar educación temprana a todos los niños y niñas, resulta esencial para paliar la desigualdad social de origen y construir una sociedad más justa y equitativa que garantice el bienestar social de todos los habitantes de la Ciudad”.

“En la actualidad, la sala de 4 y 5 años está universalizada y la sala de 3 años ya cubre el 87% de la demanda de las familias. Si bien los datos son alentadores ya que evidencian una mayor democratización en el acceso, es necesario recalcar que el avance de la cobertura no necesariamente implicó equidad y calidad. Los análisis disponibles sobre la oferta y el acceso al nivel inicial muestran un escenario atravesado por fuertes desigualdades que perjudican a quienes tienen menor nivel de ingresos”, continuó la radical.

Al mismo tiempo que detalló que “el sistema presenta una gran fragmentación institucional. Estudios recientes realizados por Furman pusieron el foco en cómo se distribuye la cobertura del nivel inicial en función del nivel socioeconómico y el resultado es que existe una universalización en el acceso de los niños y niñas de las familias de mayores ingresos, pero no para los de hogares más pobres. En otras palabras, los sectores más aventajados ya tienen acceso a las salas de tres años, pero no los sectores que se verían más beneficiados por acceder”.

“Al extender la obligatoriedad se generan mayores condiciones para apostar por la calidad del nivel a través del fortalecimiento de la cohesión de la formación continua con una hoja de ruta clara, la mejora de la situación de las instituciones no oficiales que operan con escasa regulación, y la actualización de lineamientos curriculares para los más chicos en articulación con otros espacios de crianza, enseñanza y cuidado”, sentenció la legisladora.