En una reunión informativa, la comisión de discapacidad de la Cámara baja recibió a más de 20 invitados que expusieron desde talleres protegidos y ámbitos académicos. “Cobran 28.000 pesos y hay más de 8.000 personas en situación crítica”, alertó Daniel Arroyo.
La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados se reunió este martes para recibir por más de tres horas a una veintena de representantes de asociaciones vinculadas al derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Algunas exposiciones fueron virtuales.
Al inicio, el titular de la comisión Daniel Arroyo aseveró que los trabajadores de los talleres protegidos “cobran 28.000 pesos”, y agregó que “hay más de 8.000 personas en situación crítica”. En virtud de avanzar con una legislación sobre la problemática incorporó la idea avanzar sobre créditos y beneficios fiscales a personas que contraten personas con discapacidad y fomentar las políticas de empleo y capacitación laboral en el mismo rubro.
El primer expositor fue Gabriel Corrao, del Taller Protegido Dignidad ubicado en la localidad de Chivilcoy, quien expuso diferentes problemas que atraviesan y cuestionó que, en el último informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se anunció que “hay dos talleres que evidentemente no están más”.
Entre los problemas mencionados, explicó: “La necesidad de agrandar cupos para darle a acceso a personas con discapacidad”, y agregó que “en los últimos cinco años egresaron 80 alumnos, pero solo el 30% de chicos accedió a empleo. El resto está en lista de espera”. Además, aseveró que “se incumple con una resolución del 2006”.
José Sauchelli del taller protegido San Francisco de Asís ubicado en Isidro Casanova exigió que “se reconozca nuestro trabajo con la parte monetaria” porque “vamos a trabajar, no vamos a jugar a las cartas o tomar mates”. “Que podamos tener una vida como cualquiera, no regalada con las necesidades básicas, buscando mecanismos”.
Estefanía Romero Lorenzo de la ONG Esperanza Hoy y Siempre manifestó: “Recibimos a personas con discapacidad para tener un jardín y brindar oportunidad a jóvenes docentes a ejercer la docencia inclusiva”. En el cierre, enfatizó que “que el Estado cubra los gastos”.
Desde el Consejo Consultivo de Discapacidad, Laura Velo, cuestionó: “No estamos en el INDEC y somos 1.845.079 de personas con discapacidad”. De igual manera, aportó que “hay más de 600.000 adultos a quienes se le niega el derecho a trabajar y el Estado nacional solo da trabajo a 4.000 solo de AMBA”. En tal sentido, enumeró que “no se cumple el cupo laboral, que debe ser del 1,22 y es del 0,90”.
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