A través de Oscar Parrilli, UP acusó incumplimiento del reglamento y anunció que irán por la impugnación del despacho emitido. Por esto, Carolina Losada se cruzó con el senador kirchnerista. El texto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados no sufrió modificaciones.
Foto: Comunicación Senado
Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Justicia y Asuntos Penales del Senado pasaron a la firma este miércoles el dictamen del proyecto que modifica a la Ley 26.879, en virtud de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Desde el interbloque Unión por la Patria acusaron incumplimiento del reglamento e irán por la impugnación del despacho.
La reunión fue encabezada por la senadora santafesina Carolina Losada (UCR), en su rol de presidenta de Seguridad Interior y Narcotráfico, quien al inicio del plenario informó los cambios en la composición de las dos comisiones presentes: Enrique Goerling Lara, Maximialino Abad, María Victoria Huala, Vilma Bedia y Edgardo Kueider reemplazaron a Carmen Álvarez Rivero, Eduardo Galaretto, Beatriz Ávila, Ezequiel Atauche y Víctor Zimermann.
Mientras que en la comisión presidida por senador riojano Juan Carlos Pagotto (LLA): Abad, Goerling Lara y Huala pasaron a ocupar los lugares que eran del senador correntino Eduardo Vischi, Álvarez Rivero y Ávila. Esta maniobra parlamentaria fue señalada por Oscar Parrilli, único senador de UP presente en el Salón Illia, como “artimaña”.
Si bien se hizo presente pocos minutos después de comenzada la reunión, el neuquino pidió la palabra y señaló: “Estaba mirando por televisión la filmación oficial y me parece que acá se ha incumplido gravemente el reglamento y se está utilizando una artimaña para tener quórum”.
En esa línea, siguió: “Este plenario estaba citado para las 11.30, pero se pasó a un cuarto intermedio para las 15.30 y en el medio, se cambiaron a los integrantes de esta comisión de acuerdo a lo que recién leyeron por secretaría”. Mencionó al artículo 103 del reglamento de la Cámara alta y remarcó que “las citaciones se piden con 48 horas de anticipación y esta no respetó estos plazos”.
El senador Parrilli se acercó al Salón Arturo Illia, confrontó con Carolina Losada y se retiró del plenario.
En ese momento, el senador kirchnerista reiteró que “se ha utilizado una maniobra violentando absolutamente el reglamento”, y anunció: “Nuestro bloque va a impugnar las resoluciones y si por mayoría van a firmar el dictamen, lo vamos a impugnar”. Para cerrar, cargó contra los integrantes de la excoalición Juntos por el Cambio: “Lamento que los defensores de la República, la democracia e instituciones, que no venían al Senado hasta el 10 de diciembre del 2023, utilicen estas artimañas o artilugios para sacar dictámenes fuera de todo reglamento”.
La respuesta de Carolina Losada no tardó en llegar: “La semana pasada anuncié esta reunión, el lunes se hizo la convocatoria y la pasamos para las 15.30 por los problemas de vuelo”. Confrontando con el neuquino, advirtió: “Si no leyó el reglamento se lo leo y dice que las reuniones ordinarias se realizarán ‘de ser posible’ (repitió lentamente) como mínimo con 48 horas de anticipación”.
En tal sentido, reiteró que “hay una situación de fuerza mayor por los vuelos y se pasó para más tarde”. “Si tienen algo mejor que hacer, le recuerdo que a ustedes se les paga por venir a las comisiones”, remarcó Losada ante Parrilli, quien tras el cruce con la titular de Seguridad Interior y Narcotráfico se retiró del Salón Arturo Illia.
De esta manera, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 14 de agosto quedó listo para ser llevado al recinto del Senado en una próxima sesión. Por su parte, el despacho no sufrió modificaciones en el debate en comisiones de la Cámara alta.
Durante el tratamiento en el recinto de la Cámara baja, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, y se acordó en aquella ocasión que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.
También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.
De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.
Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.
Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.
Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.
En las modificaciones al proyecto original, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.
