Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados comenzó con el debate del proyecto de ley que busca tipificar el delito por compra y venta de menores, a la vez de establecer duras penas. 

En el encuentro, que fue de carácter informativo, surgieron algunas observaciones por parte de los diputados a la redacción de la media sanción, que fue votada en la Cámara alta el pasado 22 de agosto. 

Autora de uno de los dos proyectos que se tomaron para el dictamen en el Senado, la radical Carolina Losada asistió al plenario y afirmó que esta iniciativa “tiene que ver con una necesidad de la Argentina” porque en el país “se venden y se compran niños, es algo lamentable, pero sucede”. 

La senadora indicó que el proyecto “apunta a que se tipifique el delito” y remarcó que “tipificar el delito nos permite que podamos llegar a los culpables, las redes y todos los que hacen dinero”. Además, mencionó que “hoy en Argentina hay 1.777 búsquedas activas de chicos” y eso respecto a los casos que fueron denunciados. 

También recordó el caso Fornerón, que fue “el único que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos” y “en 2012 se sancionó a la Argentina por no tener legislación al respecto”. Según Losada, en caso de aprobarse, esta ley “va a hacer que antes de comprar y vender un niño se piense dos veces, porque las penas son muy graves”. 

Partícipe del debate que se dio en la Cámara alta, también estuvo este miércoles el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, quien señaló que “tenemos una legislación penal que está muy desactualizada”, con un Código Penal sancionado -aunque actualizado por leyes complementarias- hace más de 100 años y, por eso, “es necesario trabajar para actualizar la legislación en relación a desafíos contemporáneos”. 

Luego explicó aspectos del proyecto, entre ellos que se decidió ubicar al delito “dentro de los delitos contra el estado civil, porque tiene que ver con la identidad y filiación”. “Este delito, por la gravedad, la entidad y la valoración que hizo la Corte Interamericana está bien que sea de competencia de la justicia federal”, agregó. 

A su turno, el diputado de Unión por la Patria Martín Soria expresó que “efectivamente es una deuda pendiente del Estado argentino la tipificación de un delito tan aberrante como es la compra y venta de niños y adolescentes”. Y recordó que desde el año 2000 se presentaron más de 50 proyectos, siendo “uno de los más completos” el que envió el Poder Ejecutivo en 2022, cuando él era ministro de Justicia. Sobre esto, dijo que esa iniciativa había surgido de una mesa de trabajo compuesta por la SENAF, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Ministerio Público Fiscal, entre otros. 

“El caso Loan no fue el primero y segura y tristemente no será el último”, sostuvo el rionegrino, que agregó que “es un buen momento para que el Congreso de la Nación tenga esta tipificación”. 

Al momento de las consultas, el diputado de UP Ramiro Gutiérrez preguntó a Borinsky por qué no se incluyó la conducta de “ofertar”. “Ofertar es un delito de mera actividad, y esta práctica estructurada comienza con la mera oferta”, apuntó y dijo que así se estaba “dejando afuera a todos los que negocian con la vulnerabilidad” y son “el primer escalón de la punibilidad”. 

“En los tipos penales no podemos estar tipificando las conductas previas, porque para eso hay una norma de la parte general que habla de la tentativa; sino en cada conducta deberíamos estar tipificando la conducta precedente”, respondió el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal.

Por otra parte, en referencia a interrogantes que surgieron en torno al término “al que entregare ilegítimamente”, la diputada de la UCR Karina Banfi resaltó que “la adopción ilegal no existe; la adopción es un instituto jurídico, que tiene que estar bajo los parámetros de la legalidad”. 

Además, respecto a observaciones por parte de UP y el cordobés de Encuentro Federal Juan Brügge, Borinsky afirmó que el delito “está tipificado como trata”, al comprender si se tratara de un delito con pena más severa. “Si el juez verifica que en la compra y venta además hay un determinado fin de explotación sexual, laboral, está tipificado como trata y se hace un envío a esa figura de los delitos contra la libertad. Lo que no podemos hacer es tipificar esta conducta en el de trata, porque estamos mezclando dos situaciones diferentes”, explicó. 

Caso Fornerón

Durante el plenario, el doctor Gustavo Moreno, amicus curiae del caso Fornerón, subrayó que “tiene que salir un tipo penal” porque “hace 22 años no salió ningún proyecto sobre esto y la Argentina está condenada a dictar tipo penal por el caso Fornerón”.

En su opinión, la palabra incorporada “ilegítimamente” trae un “peligro” porque “hay que tener en cuenta toda la doctrina de la Corte Interamericana”. “La compra y venta de niños tiene que ser tipificada rápidamente y hay que legislarla como trata. Este tipo penal le tiene que servir a los chicos como el derecho le tiene que servir al pueblo”, manifestó.

En 2012, la CIDH condenó a la Argentina en el caso “Fornerón e hija”, ocurrido hace 22 años a partir de la entrega en guarda de una beba recién nacida por parte de su madre, sin conocimiento del padre. 

La CIDH condenó a la Argentina y declaró que el país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia de Fornerón y de su hija. En su fallo, el organismo multilateral le requirió al Estado argentino que adopte la legislación penal necesaria para que la adopción ilegal o la venta de niños y niñas “constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.