Cinco diputados y una senadora afirmaron que el pedido del presidente “no tiene cabida en la realidad” y sería “un recorte draconiano que pondría en peligro la vida de millones de personas”.
Los legisladores nacionales que responden al oficialismo cordobés salieron a rechazar el pedido del presidente Javier Milei a las provincias, luego que en su discurso durante la presentación del Presupuesto 2025 solicitara a los gobernadores un ajuste de 60 mil millones de dólares.
A través de un comunicado, los diputados Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota, Alejandra Torres y Juan Brügge; y la senadora Alejandra Vigo sostuvieron que “es absolutamente insostenible y fuera de toda lógica la idea de que las provincias deben ajustar en 60.000 millones de dólares (aproximadamente 10 puntos del PIB)”.
“Para poner las cosas en perspectiva, si consideramos que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina es de alrededor de 600.000 millones de dólares, y que el gasto consolidado de las provincias es aproximadamente el 14,7% del PIB (datos de IARAF), esto significa que las provincias tienen un gasto total de alrededor de 88.000 millones de dólares. Reducir 60.000 millones de esa cifra implicaría una reducción de más de 68% del gasto provincial”, explicaron.
El ajuste disparatado que el Presidente pretende que hagan las provincias.
Es absolutamente insostenible y fuera de toda lógica la idea de que las provincias deben ajustar en 60.000 millones de dólares (aproximadamente 10 puntos del PIB).
Para poner las cosas en perspectiva, si…
— Alejandra Vigo (@alevigo) September 17, 2024
Los legisladores indicaron que “esto significaría, en términos prácticos, que las provincias deberían reducir a una tercera parte el gasto en servicios fundamentales como educación, salud, seguridad, y obras públicas”. “Es inimaginable que el conjunto de provincias invierta en esos servicios fundamentales un tercio de lo que invierten hoy”, resaltaron.
En esa línea, insistieron con que “es un disparate total, porque sería imposible para las provincias seguir brindando servicios esenciales con ese nivel de ajuste. No estamos hablando de una optimización del gasto ni de un ajuste, sino de un recorte draconiano que pondría en peligro la vida de millones de personas que dependen de los servicios públicos que las provincias proveen”.
“Cualquier debate sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público es válido, pero proponer una reducción de esta magnitud simplemente no tiene cabida en la realidad. Las consecuencias sociales y económicas de un ajuste de esta magnitud serían devastadoras y empeorarían la situación de las personas más vulnerables en todo el país”, concluyeron.
